El lugar de las actuaciones, las notificaciones y la cooperación jurisdiccional

Dentro de su propio territorio, el tribunal sale de su sede con un criterio abierto: basta con que sea necesario o conveniente para la buena administración de justicia (art. 268.2), sin acuerdo de las partes ni del Consejo. La autorización de la ley es la trampa: la exige el art. 269.1, pero para otra cosa, para celebrar juicios o vistas fuera de la población de la sede.

Lo disponen las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, después de determinar el número de causas que justifica el traslado y siempre que lo justifique una mejor administración de justicia (art. 269.3); el juez se desplaza asistido del letrado de la Administración de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial es quien decide, a petición de esas Salas, que un órgano se constituya en otra población para un ámbito territorial (269.2), que es otro supuesto. El juez de lo penal de la ley es hoy el de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

Que el acto no corresponda a las atribuciones de la autoridad requerida es un motivo de denegación (art. 278.1.3.º), pero la ley no deja ahí la solicitud: la autoridad requerida la remite a la autoridad judicial competente e informa de ello a la requirente. No la devuelve sin más, no la reenvía al Consejo General del Poder Judicial y tampoco la cumple ella, porque no le corresponde.

La regla es pedir cooperación cuando la diligencia se practica fuera de la circunscripción (art. 274.1), pero el art. 275 abre una excepción para la instrucción penal: el juez puede practicar cualquier diligencia en un lugar fuera de su territorio si está próximo y resulta conveniente, y lo que debe es dar inmediata noticia al juez competente, no pedirle permiso antes. La economía procesal es la trampa: es la condición que el mismo artículo pone a los jueces de los demás órdenes para practicar fuera de su territorio diligencias de instrucción o prueba, junto con que no se perjudique la competencia del juez del lugar.

El art. 274.1 da dos supuestos para recabar la cooperación judicial, y el segundo no depende del lugar: que la diligencia sea de la específica competencia de otro juzgado o tribunal. Aunque se practique en la misma población, si le corresponde a otro órgano, se le pide a él. Salir del edificio de la sede no exige cooperación: dentro de su territorio, el órgano puede constituirse donde haga falta (art. 268.2). Ni la clase de diligencia ni el domicilio de quien la pidió cambian la regla.

El art. 277 remite a tres fuentes: los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, las normas de la Unión Europea y las leyes españolas sobre la materia. La ley del Estado que pide la cooperación no rige su prestación, y la decisión no la toma el Gobierno ni el Consejo por instrucciones: la presta el propio juzgado o tribunal. El orden público aparece en otro sitio, como motivo para denegarla cuando la solicitud es manifiestamente contraria a él (art. 278).

El art. 270 no distingue entre partes: las resoluciones de jueces y tribunales, y también las que dicte el letrado de la Administración de Justicia en sus funciones, se notifican «a todos los que sean parte en el pleito, causa o expediente». Que una parte pidiera el auto o que a otra le perjudique no cambia a quién se notifica. La ley añade a quienes no son parte pero a los que la resolución se refiere o puede parar perjuicio, solo si la resolución lo dispone expresamente.

Los jueces y tribunales cooperan y se auxilian entre sí (art. 273), y el art. 274.1 dice cuándo se pide esa cooperación: cuando la diligencia se tiene que practicar fuera de la circunscripción del órgano que la ordenó, o cuando es de la competencia específica de otro. Dentro de su propio territorio, aunque sea fuera de la sede, el órgano no la necesita: puede constituirse allí mismo (art. 268.2). Ni el acuerdo de las partes ni la falta de tiempo están entre los supuestos.

El art. 268.1 fija la regla: las actuaciones judiciales se practican en la sede del órgano jurisdiccional. Ni el domicilio de una parte, ni el lugar de los hechos, ni lo que acuerden las partes deciden dónde se actúa. Salir de la sede es la excepción, y el 268.2 dice cuándo cabe: si es necesario o conveniente para la buena administración de justicia, y dentro del territorio de su jurisdicción.

El art. 274.2 exige que la petición de cooperación se haga «siempre directamente», cualquiera que sea el juzgado o tribunal al que se dirija, sin traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios. Ni el Consejo General del Poder Judicial ni las Salas de Gobierno o los Tribunales Superiores hacen de correo entre los dos órganos, aunque estén en comunidades distintas.

El art. 269.1 es restrictivo: un juicio o una vista fuera de la población de la sede solo cabe «cuando así lo autorice la ley». No basta la voluntad del presidente ni la de las partes. La conveniencia para la buena administración de justicia es el criterio del art. 268.2, que vale para practicar actuaciones en otro lugar del territorio, no para trasladar un juicio a otra población.

El art. 272 permite un local de notificaciones común a los juzgados y tribunales de una misma población, aunque sean de distinto orden jurisdiccional, y encarga al Colegio de Procuradores organizar un servicio para recibir las notificaciones que no se hayan podido hacer en ese local por incomparecencia del procurador. Tiene sentido: la notificación iba dirigida a un procurador, y es su colegio de la población, no el Consejo General de los Procuradores ni un órgano judicial, quien la recoge por él.