El impulso procesal y la nulidad de los actos judiciales

El art. 238.3.º no exige que la indefensión llegue a consumarse: basta con que, por prescindir de la norma esencial, haya podido producirse. La «efectiva indefensión» es la medida del art. 240.1 para los defectos de forma, y confundir las dos es el error que esta pregunta busca. El precepto tampoco limita la nulidad a una fase del proceso ni la condiciona a que la parte la denuncie en un momento dado.

El art. 237 consagra el impulso de oficio: el proceso pasa al trámite siguiente sin que ninguna parte tenga que pedirlo, y para ello se dictan las resoluciones necesarias. Que la parte inste cada paso es el impulso de parte, que solo rige donde una ley lo disponga, que es justo la salvedad con la que empieza el artículo. En el proceso civil, el art. 179 de la LEC concreta que es el letrado de la Administración de Justicia quien da ese curso.

El art. 239.2 extiende la nulidad del acto de la parte intimidada a todos los demás relacionados con él o que pudieron verse condicionados o influidos sustancialmente por él. La medida es la conexión con el acto nulo, no quién los hizo ni el momento: por eso no se queda en el acto intimidado ni en los de esa misma parte, y tampoco arrastra lo actuado desde el principio si no guarda relación con él.

El art. 243.3 liga la subsanación a la buena fe procesal: el tribunal cuida de que se corrijan los defectos de los actos de las partes siempre que en ellos se haya manifestado la voluntad de cumplir los requisitos exigidos por la ley. No depende de que la otra parte consienta ni de una petición antes de la sentencia, y la indefensión es la medida de la nulidad (arts. 238 y 240), no de la subsanación.

El art. 240.1 lleva la nulidad, como regla, a los recursos legalmente establecidos contra la resolución de que se trate, o a los demás medios que establezcan las leyes procesales. El incidente del art. 241 es lo contrario de una vía general: la ley dice que no se admite con carácter general y solo lo abre, excepcionalmente, por la vulneración de un derecho fundamental cuando la resolución ya no tiene recurso. La revisión ataca sentencias firmes por motivos tasados, y la nulidad no se pide en un proceso nuevo, sino dentro del mismo, recurriendo.

El art. 241.1 da veinte días, contados desde la notificación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto, con un tope de cinco años desde la notificación en este último caso. Cinco días es otro plazo del mismo incidente, el común que tienen las demás partes para alegar una vez admitido el escrito (art. 241.2): es la confusión más probable.

El art. 238.1.º declara nulos de pleno derecho los actos producidos por o ante un tribunal sin jurisdicción o sin competencia objetiva o funcional. La competencia territorial no está en esa lista, y es la confusión tentadora: es otra clase de competencia. La falta de acreditación de la representación o de las copias son defectos de los actos de las partes, de los que el art. 243 manda cuidar que puedan subsanarse, no causas de nulidad radical.

La regla del art. 240.2 es que, con ocasión de un recurso, el tribunal no decreta de oficio una nulidad que nadie le ha pedido en ese recurso. Las únicas salvedades son la falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional y la violencia o intimidación que afectara a ese tribunal. Prescindir de normas esenciales del procedimiento es causa de nulidad de pleno derecho (art. 238.3.º), pero no está entre esas salvedades, y tampoco la falta de motivación: si el recurrente no las alega, el tribunal no las declara de oficio. Que alguien la pidiera en la instancia no cuenta: lo que importa es lo que se pide en el recurso.

Según el art. 241.2, admitir el incidente no deja en suspenso la ejecución ni la eficacia de la sentencia o resolución irrecurribles, salvo que se acuerde de forma expresa la suspensión para que el incidente no pierda su finalidad. Por eso fallan las dos opciones extremas —siempre se suspende, nunca se suspende— y la de la caución, que la ley no pide: la suspensión depende de un acuerdo expreso.