Las Oficinas de Justicia en los municipios

El art. 439 quater.2 condiciona esos servicios a un hecho y no a la decisión de nadie: se prestan cuando el desarrollo de las herramientas informáticas y los medios materiales e instrumentales lo permitan. No hace falta que los pida el Ayuntamiento ni el juez o la jueza de paz, ni que los autorice una Sala de Gobierno.

La regla es que esas Oficinas las sirven funcionarios de los Cuerpos de Justicia, pero el art. 439 quinquies.1 permite que las relaciones de puestos de trabajo incluyan determinados puestos a cubrir con personal de otras Administraciones públicas, siempre que reúna los requisitos y condiciones que ellas establezcan. La ley no lo plantea como una solución provisional hasta que llegue un funcionario de Justicia, ni lo limita al personal laboral del Ayuntamiento.

El art. 439 quinquies.2 pone las tareas de la Oficina judicial bajo la dependencia funcional del director o directora del servicio para el que el funcionario desarrolla la actividad compatible. Ni el juez o la jueza de paz ni quien lleva la Secretaría de la Oficina de Justicia dirigen ese trabajo, y el precepto no remite a la Presidencia del Tribunal de Instancia.

El art. 439 quater.1 enumera tres servicios que se prestan siempre: la asistencia al juez o la jueza de paz, ciertos actos de comunicación procesal con quienes residan en el municipio y los que correspondan a la Oficina como colaboradora del Registro Civil. La recepción de solicitudes de asistencia jurídica gratuita, la videoconferencia y la colaboración con los medios adecuados de solución de controversias están en el apartado 2, que los añade solo cuando se cumple la condición que él mismo fija.

El art. 439 quinquies.3 lo atribuye al Ministerio de Justicia o a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, cada uno en su ámbito. La agrupación no nace de un acuerdo entre Ayuntamientos ni de una petición suya a la Diputación, y tampoco la decide el gobierno de los jueces: es una decisión de quien tiene la competencia sobre los medios de la Administración de Justicia.

El art. 439 quater.2.b manda remitir esas solicitudes a los Colegios de la Abogacía encargados de su tramitación, y permite además que la Oficina apoye su gestión y comunique a los interesados lo que haga falta. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita es la que más suena, pero no es el destino que fija el precepto; a la Gerencia Territorial la Oficina le hace llegar otras peticiones de la ciudadanía, y el Tribunal de Instancia no tramita estas solicitudes.

La disposición final primera de la LOPJ declara que tienen rango de ley ordinaria el capítulo IV y el capítulo V del título I del libro V —las Oficinas de Justicia en los municipios y la Oficina fiscal— y el título V del libro VIII. Alcanza al capítulo entero, sin distinguir artículos, así que una ley ordinaria puede modificar esta regulación sin la mayoría absoluta del Congreso que el art. 81 de la Constitución exige a las orgánicas.

El art. 439 ter.3 reparte entre dos manos. Las instalaciones y los medios instrumentales están a cargo del Ayuntamiento respectivo, salvo que convenga que los gestione, en todo o en parte, el Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma con competencias en materia de Justicia. Los sistemas y equipos informáticos, en cambio, no los pone el Ayuntamiento: los facilita el Ministerio o la comunidad autónoma que tenga asumidas esas competencias. Quien piensa en una sola mano para todo acierta media respuesta.

La exigencia del art. 439 quinquies.3 recae en la Oficina del municipio cabecera, que se determina al establecer la agrupación, y su personal presta servicio en todas las Oficinas de los municipios integrados, con el régimen de atención que se fije en cada caso. La ley no elige la cabecera por población ni por cercanía al Tribunal, y no la deja a la elección de los Ayuntamientos.

El art. 439 quater.2.a abre el servicio a dos grupos: quienes residen en el municipio y quienes desarrollan allí su profesión o trabajo, aunque vivan en otro. Exigir el empadronamiento deja fuera al segundo grupo; el partido judicial no es el ámbito de una Oficina de Justicia en el municipio, y la ley no pide carecer de medios propios. El servicio alcanza también la intervención en actos de conciliación y en los derivados de expedientes de jurisdicción voluntaria.