Las presidencias de los Tribunales de Instancia y las Juntas de Jueces

Sin candidatura no hay nada que votar, y la ley no deja la elección a nadie: se propone a quien ocupe el mejor puesto en el escalafón (art. 166.1, último inciso). La antigüedad en el destino no es lo mismo que el puesto en el escalafón, que se mide en la carrera y no en la plaza, y ni la edad ni una designación de la Sala de Gobierno cuentan aquí.

La liberación es excepcional, solo cuando las circunstancias lo justifiquen, y la acuerda el Consejo General del Poder Judicial después de oír a la Junta de Jueces y Juezas y a la Sala de Gobierno (art. 166.2). La Sala de Gobierno es oída, igual que la Junta, pero no decide, y el Presidente del Tribunal Superior no propone. La regla, por tanto, es que quien preside el Tribunal de Instancia sigue con el trabajo jurisdiccional de su orden.

Los elabora la Junta de Jueces y Juezas del Tribunal de Instancia (art. 169.6). La Presidencia es la opción tentadora, porque le toca velar por la correcta ejecución de las sustituciones y de esos planes (art. 168.2.g): vigila que se cumplan, pero no los hace.

El art. 167.1 manda distribuir los asuntos por razón de las plazas en que se integra cada juez y conforme a normas de reparto predeterminadas y públicas: fijadas antes de que lleguen los asuntos, para que nadie elija a su juez, y al alcance de cualquiera, para que se pueda comprobar. La ley no les fija una vigencia anual, y unas normas reservadas impedirían esa comprobación.

El art. 169.4 pide que asistan la mitad más uno de los miembros para que la Junta pueda tomar acuerdos, y estos se adoptan por mayoría simple. Las dos cifras van juntas y no hay que cruzarlas: el quórum de asistencia es la mitad más uno, y la mayoría para decidir, la simple. Ni dos tercios de asistencia ni mayoría absoluta.

El art. 170.2 obliga a la Presidencia de Sección a convocar la Junta de Sección cuando lo estime necesario o cuando se lo pida la parte de sus miembros que fija la ley y, en todo caso, una vez al año. Es un mínimo: nada impide reunirla más a menudo, pero no puede pasar un año sin convocarla.

El art. 166.4 deja la designación en manos de los magistrados y magistradas del Tribunal Central de Instancia: son ellos quienes eligen, de entre sí, a quien deba ejercer la Presidencia. El apartado no prevé un nombramiento del Consejo General del Poder Judicial ni una designación de la Sala de Gobierno o de la Presidencia de la Audiencia Nacional.

Sustituir a la Presidencia del Tribunal de Instancia en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa justificada es una de las funciones que el art. 168.3.b da a las Presidencias de Sección. No hace falta una designación de la Sala de Gobierno ni una elección de la Junta, y la antigüedad en el Tribunal no es el criterio.

En la primera votación hacen falta tres quintos; si no se alcanzan, en la segunda basta la mayoría simple (art. 166.1). La segunda votación rebaja la exigencia: no se mantienen los tres quintos ni hay un escalón intermedio de mayoría absoluta. Los tres quintos aparecen en otros lugares de la ley, y por eso conviene anclarlos a su órgano: aquí son los de la elección dentro del propio Tribunal de Instancia.

La liberación, total o parcial, parte de la solicitud del propio interesado: con ella, la Junta de Jueces y Juezas de su Sección puede proponerla cuando la buena administración de justicia lo haga necesario, y siempre por tiempo limitado (art. 167.2). Es la salvedad a la regla de que los asuntos se reparten entre todos los jueces de la Sección; por esta vía nace de la solicitud del interesado y nunca es indefinida; otra cosa es la liberación excepcional que puede ordenar la Sala de Gobierno (art. 152.2.1.º).

El nombramiento lo hace la Presidencia del Tribunal de Instancia (art. 166.3). Del apartado 1 se toman solo las reglas que deciden en quién recae —la elección entre quienes integran la Sección—, no el órgano que nombra. Ni el Consejo General del Poder Judicial ni la Sala de Gobierno intervienen en este nombramiento, y la Junta de la Sección no designa por sí misma.

Los nombra el Consejo General del Poder Judicial por un período de cuatro años, y el cargo se renueva al cumplirse ese plazo o cuando quien lo ocupa cesa por cualquier causa (art. 166.1). La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia interviene antes, con su propuesta motivada, pero no nombra. Los cinco años no son la duración de este cargo.

La Presidencia convoca la Junta siempre que lo estime necesario, y además ha de hacerlo cuando lo pide la cuarta parte de los jueces, juezas, magistrados y magistradas del Tribunal (art. 169.1). No hace falta reunir un tercio ni más: con una cuarta parte, la convocatoria deja de depender solo de la Presidencia.