Los principios del Poder Judicial

La declara el Gobierno: el 18.2 solo permite esa expropiación por causa de utilidad pública o interés social «declarada por el Gobierno». No basta que la invoque la Administración condenada, el órgano que ejecuta no la declara y no hace falta una ley de las Cortes.

Sí, pero «a los solos efectos prejudiciales», dice el 10.1: se pronuncia sobre esa cuestión para poder resolver lo suyo, y nada más. Eso no prorroga la jurisdicción, que sigue siendo improrrogable, y no depende de que las partes se sometan ni de una autorización.

El Consejo de Hombres Buenos de Murcia: el 19.4 le reconoce ese carácter. La lista del art. 19 es cerrada, y en ella no figuran ni un jurado de riegos de Lorca, ni un sindicato de regantes del Segura, ni una junta de aguas de Granada.

Solo de los que fallecen en campaña o navegación «en situación de conflicto armado», y limitada a lo imprescindible: disponer el sepelio, inventariar y asegurar provisionalmente los bienes, dando siempre cuenta a la autoridad judicial civil. Morir en acto de servicio o en un destino en el extranjero no basta.

El 12.1 mira hacia dentro del propio Poder Judicial: al juzgar, los Jueces y Magistrados son independientes respecto a todos sus órganos judiciales y de gobierno, también de los que están por encima de ellos. Ningún órgano judicial ni de gobierno queda fuera de esa regla.

El orden jurisdiccional que se estime competente, y la resolución ha de ser fundada. El 9.6 no obliga a señalar el órgano concreto ni un plazo para volver a demandar: basta con decir en qué orden debe plantearse el asunto. Antes de resolver se oye a las partes y al Ministerio Fiscal.

Sí, con un límite: el 14.1 le deja practicar por sí mismo las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico. No tiene que quedarse quieto, pero el procedimiento lo sigue el Juez o Tribunal competente, no él, y no necesita autorización para esas diligencias.

El social: el 9.5 le da las pretensiones de la rama social del derecho, en conflictos individuales y colectivos, y nombra aparte las reclamaciones en materia de Seguridad Social. Que la entidad que responde sea pública no las lleva al contencioso-administrativo.

Al Consejo General del Poder Judicial, y además da cuenta de los hechos al Juez o Tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado. El 14.1 no lo encauza por el Ministerio de Justicia, por la Presidencia de su Tribunal ni por la Sala de Gobierno.

La sentencia europea no basta: el 5 bis exige que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que con la revisión. No pide un amparo previo ni la liga a un derecho concreto del título I.

A todas las personas, a todas las materias y a todo el territorio español, en la forma que establezcan la Constitución y las leyes. El art. 4 no la ciñe a los españoles ni a los residentes, y un aforado no queda fuera de la jurisdicción: lo que cambia es el órgano que lo juzga.

La salvedad del 3.1 la marca la Constitución: quedan a salvo las potestades jurisdiccionales que ella reconoce a órganos distintos de los previstos en la LOPJ. Ni un Estatuto de Autonomía, ni una ley que se las dé a la Administración, ni un tratado aparecen en ese apartado.

La del Tribunal Constitucional, y de sus resoluciones «en todo tipo de procesos»: el 5.1 de la LOPJ no la reduce al amparo ni a las sentencias que declaran inconstitucional una ley. La jurisprudencia del Tribunal Supremo no es la que este apartado pone como pauta para interpretar la Constitución.

Solo por la vía de los recursos: el 12.2 impide corregir la aplicación o interpretación hecha por los inferiores salvo cuando se administra justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan. Una consulta, un acuerdo de la Sala de Gobierno o la discrepancia con el Supremo no abren otro camino.

No aplicarlo: el art. 6 manda a los Jueces y Tribunales no aplicar los reglamentos ni ninguna otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. No tienen que esperar a que se derogue, y la cuestión ante el Tribunal Constitucional es para las normas con rango de ley (art. 5.2).

Solo los que correspondan a la jurisdicción militar: es la única excepción que hace el 9.3. Un aforado, un delito leve o un menor (art. 82.1.4.º) no sacan la causa del orden penal; lo que cambia, en su caso, es el órgano que conoce de ella dentro de ese orden.

El civil: el 9.2 le da, además de las materias que le son propias, todas las que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. Los demás órdenes conocen de lo que la ley les asigna, sin esa función de cierre.

No: el 12.3 lo prohíbe a los órganos de gobierno, al Consejo General del Poder Judicial y a los propios Jueces y Tribunales respecto de sus inferiores, y la prohibición alcanza a las instrucciones de carácter general y a las de carácter particular. Ni un informe previo ni la petición del juez la levantan.

Siempre el Tribunal Supremo: el 5.4 lo dice «cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional». Que otro órgano conozca de la casación por razón de la materia no cuenta cuando el motivo es la Constitución, y el Tribunal Constitucional no decide recursos de casación.

El 18.2 no da la ejecución por perdida: el Juez o Tribunal adopta las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria y fija en todo caso la indemnización procedente por la parte que no pueda cumplirse. Ni archiva sin más, ni deja la sentencia sin efecto, ni traslada la decisión al Gobierno.