La protección de datos en la Administración de Justicia

El art. 236 bis.2 sitúa el tratamiento en el órgano competente y, dentro de él, en quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente. No lo concentra en una figura —el letrado de la Administración de Justicia trata los datos cuando la competencia es suya, no siempre—, ni lo saca del órgano para llevarlo al Consejo General del Poder Judicial o a los servicios comunes de la oficina judicial.

El art. 236 quinquies.6 manda a los letrados de la Administración de Justicia facilitarlos a la Abogacía del Estado, para la representación y defensa del Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros órganos internacionales de derechos humanos, como el Comité de Naciones Unidas. La Fiscalía General del Estado aparece en el mismo apartado, pero solo para establecer con ella mecanismos de comunicación: no es la destinataria del deber. Al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Justicia el apartado no los nombra.

Según el art. 236 decies.2, esas operaciones las autoriza el Consejo General del Poder Judicial por acuerdo, a propuesta de la Secretaría General, y es la Secretaría General la que ostenta la condición de responsable del tratamiento. No lo es la Comisión Permanente, ni la Presidencia, ni el Servicio de Inspección.

El art. 236 quinquies.2 permite la supresión, a cada uno conforme a sus competencias, siempre que los datos no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, y sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Ese es el límite: la ley no condiciona la supresión a que la pida el afectado, no la cierra cuando la resolución gana firmeza y no distingue entre los datos de las partes y los de terceros.

El art. 236 decies.1 lo zanja sin salvedades: los tratamientos que hacen el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de sus competencias quedan sometidos a la legislación vigente de protección de datos y no se consideran en ningún caso realizados con fines jurisdiccionales. Ni el origen de los datos, ni que se traten en la labor inspectora, ni un acuerdo del Pleno cambian esa calificación.

El art. 236 quinquies.3 extiende la obligación de las partes a los profesionales que las representan y asisten, y a cualquier otro que intervenga en el procedimiento. No se queda en las partes, no depende de que el juez la imponga y la ley no le pone término: no dice que se acabe con el proceso.

El art. 236 octies.1.e) admite las reclamaciones de un interesado y las de asociaciones, organizaciones y entidades que tengan capacidad procesal o legitimación para defender intereses colectivos, en los términos de las leyes aplicables al proceso en que se recabaron los datos. No abre una acción a cualquiera y no nombra ni al Ministerio Fiscal ni al Defensor del Pueblo. Al reclamante se le informa del curso y del resultado en un plazo razonable.

El art. 236 octies.4 obliga a dar inmediatamente traslado a la otra autoridad, a fin de que sea ella la que prosiga con la tramitación del procedimiento. No se apura antes la investigación propia, no se archiva y no se deja el procedimiento en suspenso a la espera de que la otra decida: el expediente cambia de manos en cuanto aparecen los indicios.

El art. 236 septies.2 deniega en todo caso el acceso cuando las diligencias en que se recabó la información sean o hayan sido declaradas secretas o reservadas. Basta con que lo hayan sido: alzar el secreto no reabre el acceso, la ley no hace excepción para las partes personadas y no deja la denegación a una ponderación del juez.

El art. 236 sexies.1 pone los medios tecnológicos a cargo de la Administración competente, y el apartado 2 le hace cumplir las responsabilidades que en materia de datos se le atribuyan como administración prestacional. La ley no se los encarga al Consejo General del Poder Judicial, ni al propio órgano judicial, ni a la Agencia Española de Protección de Datos.