Las resoluciones judiciales: vista, votación y fallo

El art. 263.2 cierra la cadena: si ni la Sala de discordia reúne mayoría, se vota de nuevo, pero sometiendo solo los dos pareceres que obtuvieron más votos en la votación anterior. La nueva vista con más magistrados es el paso previo, la propia Sala de discordia (art. 262.2); la LOPJ no da voto de calidad ni desestima por falta de mayoría.

El art. 247 no rebaja la exigencia por ser oral: la resolución que se dicta de viva voz en juicios verbales, vistas y demás actos solemnes, y se documenta en acta, «incluirá la fundamentación que proceda», sin esperar a que nadie la pida ni dejarla para un escrito posterior. «Solo lo mandado» es la fórmula de la providencia escrita (art. 248.2), no la de estas resoluciones.

El art. 254.3 solo admite una causa para interrumpir la votación ya empezada: la fuerza mayor. Quien preside decide si se vota por separado cada pronunciamiento (art. 254.1), pero no puede cortar la votación; y el estudio de los autos se pide antes, al concluir la vista (art. 252).

El art. 248.3 exige que los autos sean «siempre» motivados, con los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en párrafos separados y numerados, seguidos de la parte dispositiva. El encabezamiento y los hechos probados son la estructura de la sentencia (art. 248.4), y «sin más fundamento que lo mandado» es la fórmula de la providencia (art. 248.2).

El art. 244 reserva el nombre de «acuerdos» a lo gubernativo: las resoluciones de las Salas de Gobierno, las de los tribunales cuando no actúan como Sala de Justicia y las de jueces y presidentes con carácter gubernativo. Providencia y auto son resoluciones jurisdiccionales del juez (art. 245), y el decreto es una resolución procesal del letrado de la Administración de Justicia (art. 456), no de una Sala de Gobierno.

El art. 262.2 fija el orden de quienes completan la Sala de discordia: primero el Presidente de la Sala, si no asistió ya; después, los magistrados de la misma Sala que no vieron el pleito; luego, el Presidente de la Audiencia; y por último, los magistrados de las demás Salas, con preferencia de los del mismo orden jurisdiccional. Los distractores son los escalones siguientes.

El art. 245.1.b enumera lo que se decide por auto: los recursos contra providencias, las cuestiones incidentales, los presupuestos procesales y la nulidad del procedimiento, además de lo que las leyes de enjuiciamiento manden. Dar traslado de un escrito es un trámite de impulso que corresponde al letrado de la Administración de Justicia; decidir definitivamente el pleito, en cualquier instancia o recurso, es propio de la sentencia; y dar a los autos su curso legal es lo que hace la diligencia de ordenación del letrado de la Administración de Justicia.

El art. 264.1 encarga la convocatoria al Presidente de la Sala o Tribunal respectivo, que puede hacerlo por iniciativa propia o a petición mayoritaria de sus miembros. No interviene la Sala de Gobierno, y no hace falta unanimidad: basta la mayoría.

El art. 256 mantiene al juez o magistrado trasladado o jubilado en los pleitos a cuya vista asistió y que aún no se han fallado: delibera, vota, redacta y firma, salvo incompatibilidad u otra causa de anulación. Así se evita repetir la vista. Remitir un voto escrito es lo que hace el magistrado imposibilitado para asistir a la votación (art. 257).

El art. 262.2 resuelve la discordia con una nueva vista a la que concurren los que asistieron a la primera, aumentados en dos si los discordantes fueron en número impar y en tres si fueron en número par. Dos es la cifra del caso impar; uno y cuatro no aparecen en el precepto.

El art. 249 manda señalar las vistas por el orden en que los asuntos quedan conclusos, salvo que una ley disponga otra cosa. No cuenta el orden de entrada ni la antigüedad de la demanda, que miden el principio del pleito y no el momento en que está listo para la vista; y el ponente no decide el orden.

El art. 260.2 manda incorporar el voto particular, firmado por su autor, al libro de sentencias y además notificarlo a las partes junto con la sentencia de la mayoría; si la sentencia se publica, el voto se publica con ella. Ir al libro no lo deja oculto, y no hay que pedirlo ni esperar a la firmeza.

El art. 248.5 pide que toda resolución la firme quien la dicta, pero para las providencias de una Sala de Justicia hace una excepción: basta la firma del ponente. No hace falta la de todos los magistrados, que es la regla de las sentencias (art. 259), ni la del presidente; y la firma del letrado de la Administración de Justicia, que en lo civil autoriza o publica las resoluciones (art. 204.3 de la LEC), no sustituye a la de quien la dicta.

El art. 245.3 define la sentencia firme como aquella contra la que no cabe recurso alguno, «salvo el de revisión u otros extraordinarios que establezca la ley». Que la revisión siga abierta no le quita la firmeza, sin esperar a que venza ningún plazo ni a que la parte renuncie. La opción «mientras quepa algún recurso» olvida precisamente esa salvedad.

El art. 260.1 obliga a firmar lo acordado a todo el que tomó parte en la votación, aunque haya disentido; el desacuerdo no se expresa negándose a firmar ni con salvedades en la firma, sino con un voto particular en forma de sentencia, que se anuncia en el momento de la votación o en el de la firma. Firmar y discrepar no son incompatibles.

El art. 248.2 fija la regla (la providencia no lleva fundamento) y abre dos puertas a una motivación sucinta: que la ley lo disponga o que quien la dicta lo estime conveniente. La petición de una parte no aparece en el precepto, ni sola ni sumada a la ley: las dos puertas son la ley y el criterio de quien la dicta.

El art. 248.4 ordena la sentencia así: encabezamiento, antecedentes de hecho, hechos probados «en su caso», fundamentos de derecho y, por último, el fallo. De todos ellos, solo los hechos probados llevan esa salvedad; los demás apartados están en toda sentencia.

El art. 245.4 da el nombre: ejecutoria, que además se encabeza en nombre del Rey. La certificación es una forma de dar fe de lo actuado, y el exhorto y el mandamiento son actos de comunicación entre órganos o con registradores y notarios; ninguno es el documento solemne de la sentencia firme.

Cuando no hay votos bastantes para la mayoría del art. 255, el art. 258 manda ver de nuevo el asunto y sustituir al impedido en la forma que establece la ley. Dictar sentencia con los presentes solo vale si forman mayoría (art. 257.4). La Sala de discordia es para otro problema: hay votos suficientes, pero no se ponen de acuerdo (art. 262).

El art. 248.6 exige que la resolución diga si es firme o si cabe recurso y, en este caso, cuál procede, ante qué órgano se interpone y en qué plazo (y, cuando proceda, si hay que constituir depósito). Los motivos del recurso no están en esa lista: los fija cada ley procesal y los alega quien recurre.