Las situaciones administrativas de los funcionarios de Justicia

No puede exceder de seis meses, y solo se alarga si el procedimiento se paraliza por causa imputable al propio interesado. El art. 511.3.b) no distingue la gravedad de la falta: los seis meses son su tope para todo expediente. Tres meses es el techo que el Real Decreto 796/2005 (art. 22.1) fija cuando la falta es grave, no cuando es muy grave; dos o cuatro meses no son el tope en ningún caso.

La excedencia por cada hijo es no superior a tres años (art. 509.1), y el puesto desempeñado se reserva al menos dos; después, la reserva es a un puesto en la misma localidad y de igual retribución (art. 509.3). Las opciones de dos años confunden la duración de la excedencia con la de la reserva, y la reserva no se limita al primer año.

La excedencia es un derecho individual de cada funcionario, no de la familia: los dos pueden disfrutarla por el mismo sujeto causante, y lo único que la ley permite a la Administración es limitar que la ejerzan a la vez, y solo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. Ni la reparte ni puede denegarla.

La única condición que pone el art. 509.1 es declarar antes que no se desempeña otra actividad que impida o menoscabe el cuidado del hijo. No exige servicios previos, no la subordina a las necesidades del servicio ni fija un plazo de preaviso para pedirla.

El puesto en la Mutualidad General Judicial adscrito a funcionarios de Justicia es uno de los supuestos de servicio activo del art. 507.2 (letra g). Quien cesa en un puesto por haber obtenido otro solo sigue en servicio activo durante el plazo posesorio (letra h), no después de vencido; la excedencia por cuidado de familiares y la suspensión de funciones son situaciones distintas del servicio activo (art. 506.c y g), y el suspendido queda privado del ejercicio de sus funciones (art. 511.1).

Para los miembros de las corporaciones locales, la LOPJ solo saca del servicio activo a quien desempeña cargo retribuido y de dedicación exclusiva. No percibir retribuciones periódicas es la condición que el art. 507.2.c) pone a los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, no a los concejales; y optar por permanecer en servicio activo es lo que el art. 507.2.e) permite a quien presta servicios en los gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros y de los Secretarios de Estado.

Alcanza al familiar a cargo hasta el segundo grado inclusive, por consanguinidad o por afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. Quedarse en el primer grado dejaría fuera, por ejemplo, a los abuelos y a los hermanos, que son de segundo grado.

Cada sujeto causante da derecho a un período único, y cuando uno nuevo origina otra excedencia, el inicio de la nueva pone fin a la que se venía disfrutando. No se encadenan ni se superponen, ni la primera queda en suspenso para reanudarse después.

Lo acuerdan el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas que han asumido competencias, cada uno respecto de los funcionarios que prestan servicios en su ámbito territorial, y dictan las disposiciones sobre la forma y el procedimiento. El Consejo General del Poder Judicial y la Sala de Gobierno son órganos de gobierno de jueces y tribunales, y el Secretario de Gobierno es un letrado de la Administración de Justicia: ninguno declara las situaciones de los funcionarios.

La ley obliga a acordarla en cuatro casos: auto de prisión, de libertad bajo fianza, de procesamiento o de apertura de juicio oral en el procedimiento abreviado. Fuera de ellos, el instructor puede adoptarla como medida cautelar por cualquier delito doloso, pero no es obligada: ni la citación como investigado, ni la admisión de la querella, ni la incoación de diligencias previas la imponen.

Es uno de los casos de suspensión provisional del art. 511.3: no poder acudir al puesto por haber sido privado por un juez o tribunal, en un proceso penal, del derecho a residir en determinados lugares o de acercarse a determinadas personas. No es un permiso que mantenga el servicio activo (art. 507.3), ni servicios especiales, ni una excedencia que se pida por interés particular.

Lo que hace definitiva la suspensión es su causa, y la causa tiene que ser firme: una condena criminal firme o una sanción disciplinaria firme. Una sentencia condenatoria que aún no es firme no basta, y la que se acuerda por el auto de apertura de juicio oral o la que adopta el instructor como medida cautelar es provisional (art. 511.3.a).

La acuerda la autoridad que ordenó incoar el expediente, no quien lo instruye. El instructor que sí puede adoptarla es el del proceso penal, como medida cautelar (art. 511.3.a). El Consejo General del Poder Judicial y las Salas de Gobierno son órganos de gobierno de jueces y tribunales; las situaciones de los funcionarios las declaran el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas (art. 512).

La única prohibición absoluta del art. 508 es el asesoramiento pericial a los órganos jurisdiccionales (apartado 5). Lo demás el mismo artículo lo permite: participar en concursos, con reincorporación a la localidad y condiciones del destino obtenido (apartado 3); computar el tiempo a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos, con la salvedad de quien ejerce el derecho de transferencia a las instituciones europeas (apartado 2); y percibir los trienios reconocidos (apartado 4).

Recibe la retribución del puesto o cargo efectivo y no la de funcionario: no se suman las dos ni se queda con la de funcionario. Pero conserva el derecho a percibir los trienios que tuviese reconocidos, que es lo que falla en la otra opción que acierta con el puesto o cargo.