La incoación, la audiencia preliminar y las cuestiones previas

Las acusaciones pueden modificar los términos de su petición, y eso incluye calificar de otro modo o pedir otra pena. El límite es el objeto del proceso: ni hechos nuevos que alteren el hecho justiciable ni una persona acusada distinta. Para una persona nueva está el camino del art. 28.

Las cuestiones previas se plantean al personarse, tras el emplazamiento del art. 35. De ellas se da traslado a las demás partes, que tienen tres días para pedir por escrito su inadmisión: de ahí sale la cifra del último distractor. El auto de hechos justiciables viene después, una vez resueltas (art. 37).

El auto de apertura determina cuatro cosas: los hechos justiciables, las personas que pueden ser juzgadas, la fundamentación con las disposiciones aplicables y el órgano competente. El día de la vista lo señala después otro auto, el de hechos justiciables, que dicta el Magistrado que va a presidir el Tribunal del Jurado (art. 37.e).

El auto de sobreseimiento es apelable ante la Audiencia Provincial. La queja ante la misma Audiencia es para otro caso: cuando el juez no convoca la audiencia preliminar (art. 30.1). Y el Tribunal Superior de Justicia conoce de la apelación contra la sentencia del Jurado, que no es lo que aquí se recurre.

El auto que abre el juicio oral no es recurrible; lo que queda es lo del art. 36: al personarse ante el tribunal que juzga, las partes pueden plantear cuestiones previas, como pedir que se excluya un hecho o que se amplíe el juicio a otro. Apelable ante la Audiencia Provincial es el auto contrario, el de sobreseimiento.

Tres días, o en el mismo acto. Los cinco son los de la comparecencia del art. 25 y los de pedir nuevas diligencias (art. 27.2), y los quince, los del emplazamiento ante el tribunal que juzga (art. 35.1). Si el juez decide no abrir el juicio, el mismo auto acuerda el sobreseimiento.

El orden lo fija el art. 25.3: primero el Ministerio Fiscal, después los acusadores personados, que concretan la imputación, y por último el letrado del imputado, que alega en su defensa y puede pedir el sobreseimiento. Los ofendidos no personados se citan para ser oídos (art. 25.2), pero no abren la comparecencia.

En la relación entran los hechos de las acusaciones y los de la defensa, cada uno en su párrafo; pero cuando afirmar uno es negar el otro, se incluye una sola proposición, porque el Jurado declarará probado o no probado cada párrafo. Por la misma razón, un párrafo no puede mezclar términos que puedan tenerse unos por probados y otros por no probados.

La incoación pide solo una cosa previa: valorar la verosimilitud de la imputación; además se practican, en todo caso, las actuaciones inaplazables. La comparecencia con el Fiscal y las partes es lo que viene después de incoar (art. 25), y las diligencias se resuelven tras ella (art. 27). La ley dice todavía «Juez de Instrucción»: hoy es el de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (LO 1/2025).

La lista del art. 34.1 es corta y cerrada: los escritos de calificación, la documentación de las diligencias no reproducibles que hayan de ratificarse en el juicio oral y el propio auto de apertura. Las declaraciones de la instrucción, la denuncia o la querella no están en ella; si una parte quiere un testimonio para usarlo en el juicio, lo pide (art. 34.3).

La instrucción del Jurado es deliberadamente corta: de lo que piden las partes, el juez solo practica lo imprescindible para decidir si se abre el juicio oral y que no pueda hacerse en la audiencia preliminar. Ser pertinente no basta, y la ley no distingue entre lo que pide el Fiscal y lo que piden las demás partes.

La causa cambia de manos al abrirse el juicio oral: el juez que instruyó y celebró la audiencia preliminar dicta el auto de apertura (art. 32), y el de hechos justiciables lo dicta el Magistrado designado por turno para presidir el Tribunal del Jurado (art. 35.2). No lo dicta un órgano colegiado.

Cinco días es el plazo de la comparecencia para concretar la imputación, y el mismo que la ley da después para pedir nuevas diligencias (art. 27.2). Los tres días son los del auto tras la audiencia preliminar (art. 32.1), y los quince, los del emplazamiento ante el tribunal que juzga (art. 35.1).