La constitución del Tribunal del Jurado y el juicio oral

Desde cinco días de suspensión la disolución es obligada; por debajo, el Magistrado-Presidente decide. Los quince días son los del nuevo señalamiento cuando no comparecen veinte candidatos (art. 39.1), y los tres recuerdan el plazo de la sentencia absolutoria tras la disolución anticipada (art. 49).

La recusación con causa del día del juicio se limita a la incapacidad, la incompatibilidad y la prohibición. La excusa es del propio candidato: el Magistrado-Presidente pregunta por ella al interrogarlos (art. 38.2), pero las partes no recusan por ella. La recusación sin motivo existe, pero llega después, en el sorteo de los nueve (art. 40.3).

Cuando han terminado los informes de la acusación, la defensa puede pedirla o el Magistrado-Presidente acordarla de oficio, si del juicio no resulta prueba de cargo que pueda fundar una condena; después se dicta sentencia absolutoria motivada. No la piden las acusaciones, y el Jurado no la decide.

Cuatro por cada lado. El cupo es de las acusaciones en conjunto y de las defensas en conjunto, no de cada parte: si hay varios acusadores o acusados, actúan de mutuo acuerdo y, si no lo hay, se sortea el orden en que recusan hasta agotar el cupo.

La regla es que el juicio requiere la asistencia del acusado y de su abogado, y por eso no se juzga en ausencia a quien falta. Con varios acusados, la ley permite seguir para los demás, oídas las partes; es una facultad, así que suspender para todos no es lo único posible. Disolver el Jurado no tiene aquí ningún apoyo.

La decisión se toma en el acto y no se recurre, pero la parte puede protestar, y esa protesta le guarda la cuestión para el recurso contra la sentencia. La apelación ante el Tribunal Superior de Justicia es justamente ese recurso posterior, no uno contra la recusación; y decir que no cabe ni protesta borra la mitad de la regla.

Decide el Magistrado-Presidente, pero antes oye a las partes y consulta al Jurado. El Jurado no decide: se le consulta. Y las partes no tienen que pedirlo de común acuerdo; basta con oírlas.

Aunque la calificación final apunte a un delito ajeno a su catálogo, el Tribunal del Jurado sigue conociendo de la causa. Ni se disuelve, ni se salta el veredicto, ni la causa vuelve atrás.

Nadie ejerce de jurado sin jurar o prometer, así que no puede actuar igualmente. La multa se impone en el acto a quien se niega (la ley la sigue expresando en pesetas); si persiste, se deduce tanto de culpa y entra el suplente, que para eso asiste al juicio: no hay que suspender ni sortear a nadie.

Para abrir la sesión hacen falta al menos veinte candidatos (art. 38.1), y diecisiete no llegan. Se señala de nuevo dentro de quince días, citando a los comparecidos, a los ausentes y a no más de ocho sorteados en el acto de la lista bienal. Once son los nueve jurados más los dos suplentes que se seleccionan después, no el mínimo para abrir; y no se rehace el sorteo de treinta y seis.