Los jurados: requisitos, excusas y designación

El art. 12.2 da la excusa a quien haya desempeñado efectivamente la función de jurado dentro de los cuatro años precedentes al día de la nueva designación. El dos es la vigencia de la lista bienal (art. 16.2), que no tiene que ver con esta excusa. Y cuenta haberla desempeñado, no solo haber figurado en una lista.

El art. 15 manda resolver cada reclamación o advertencia por resolución motivada antes del día 30 de noviembre, y añade que contra ella no cabe recurso. El 15 de octubre es la fecha de otra reclamación, la del acto de sorteo, que resuelve la Audiencia Provincial también sin recurso (art. 13.3).

Para los militares profesionales en activo, el art. 12.6 prevé una excusa condicionada: solo cuando concurran razones de servicio. No son incompatibles con carácter general, y la excusa no depende de estar en una misión fuera de España: la incompatibilidad alcanza a los miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 10.10) y a los del Cuerpo Jurídico Militar (art. 10.7), no a un oficial de Infantería.

El art. 6 la define por las dos caras: es un derecho para los ciudadanos en los que no concurra motivo que lo impida, y su desempeño es un deber para quienes no estén incursos en incompatibilidad o prohibición ni puedan excusarse. Por eso no es voluntaria (solo se declina con una excusa del art. 12) ni pesa sobre todos sin excepción. Haber sido jurado antes no exime: es una excusa, y solo si fue dentro de los cuatro años precedentes (art. 12.2).

Desde la Ley Orgánica 1/2017, el art. 8.5 prohíbe excluir a nadie de la función de jurado por su discapacidad y obliga a la Administración de Justicia a darle los apoyos precisos y los ajustes razonables. La discapacidad no es incapacidad (las del art. 9 son penales) ni causa de recusación. Lo que sí puede hacer esa persona es excusarse si quiere (art. 12.1).

La prohibición del art. 11 se mide en cada causa: impide ser jurado en el Tribunal que conozca de la causa en la que se es parte, se ha sido testigo o perito o se tiene interés, entre otros supuestos, pero no en las demás. Por eso no sirve para reclamar contra la lista, que el art. 14 limita a los requisitos, la incapacidad, la incompatibilidad y la excusa, y en cambio entra en el cuestionario de cada causa (art. 19.2) y en la recusación (art. 21).

El art. 14.1 distingue dos reclamantes. El candidato puede alegar la falta de requisitos, la incapacidad, la incompatibilidad o la excusa; cualquier otro ciudadano, solo lo de los arts. 8, 9 y 10: requisitos, capacidad e incompatibilidad. Tener más de sesenta y cinco años es una excusa (art. 12.1), y una excusa solo la alega quien la tiene. El Ministerio Fiscal no tiene aquí ningún papel exclusivo.

El art. 22 manda practicar en el acto las diligencias propuestas y resolver dentro de los tres días siguientes. Lo que se resuelve en el propio acto es otra recusación, la que se formula el día del juicio, al constituirse el Tribunal (art. 38.3). Los cinco días son los de las partes para recusar (art. 21).

El art. 13.1 fija el sorteo en los quince últimos días de septiembre de los años pares, uno por provincia. Las otras fechas son pasos posteriores del mismo calendario: en los quince últimos días de octubre la lista se expone en los Ayuntamientos y se publica en el boletín de la provincia (art. 13.4), y en los quince primeros días de noviembre se reclama contra la inclusión (art. 14.1).

El art. 18 exige citar a las partes y celebrar el sorteo en audiencia pública, pero añade que no se suspende por la inasistencia de cualquiera de ellas. La ley no prevé repetirlo a petición de quien no fue, ni distingue al Ministerio Fiscal. El sorteo lo realiza quien la ley llama todavía Secretario: hoy, el letrado de la Administración de Justicia.

El art. 16.2 dice que los incluidos en la lista pueden ser convocados durante dos años a contar del uno de enero siguiente: con el sorteo en septiembre de 2026, los años 2027 y 2028. No empieza al publicarse la lista ni al resolverse las reclamaciones de noviembre, y no dura solo un año: por eso la lista es bienal.

El art. 21 da a las partes cinco días desde que se les entrega el cuestionario cumplimentado por los candidatos, y en ese mismo escrito proponen la prueba. Se recusa por falta de requisitos o por incapacidad, incompatibilidad o prohibición, nunca por excusa, que es del candidato. Los siete días son los de la reclamación contra el sorteo de la lista bienal (art. 13.3), y los tres, los que tiene el Magistrado-Presidente para resolver (art. 22).

El art. 13.3 abre la reclamación contra el acto de sorteo a cualquier ciudadano, dentro de los siete días siguientes a su celebración y ante la Audiencia Provincial, que la resuelve antes del quince de octubre sin recurso. La Oficina del Censo Electoral hace el sorteo y en la reclamación solo informa. Los cinco días son de otro trámite: la devolución del cuestionario y la recusación de cada causa (arts. 20 y 21).

El art. 10.9 hace incompatibles a los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal. El Derecho Mercantil es una disciplina jurídica; la Economía y la Sociología no lo son. De la medicina, la ley solo nombra la medicina legal: un profesor de Cirugía no es incompatible.

El art. 18 manda sortear 36 candidatos por cada causa, de entre los de la lista de la provincia, al menos treinta días antes de la primera vista. El 20 es el mínimo por debajo del cual hay que completar la lista de la causa (art. 23); el 50, el multiplicador con que se calcula la lista bienal (art. 13.1); y el 11, los nueve jurados del Tribunal y sus dos suplentes (art. 40.1).

El art. 13.1 encarga a los Presidentes de las Audiencias Provinciales calcularlo multiplicando por 50 las causas que se prevea que conocerá el Tribunal del Jurado, estimadas a partir de los años anteriores más su posible incremento. El 36 son los candidatos que se sortean después para cada causa (art. 18), y el 20, el mínimo por debajo del cual hay que completar esa lista (art. 23).

El art. 7.2 lo dice para el ordenamiento laboral y para el funcionarial: ser jurado es cumplir un deber inexcusable de carácter público y personal. Por eso la empresa no puede denegarlo ni imputarlo a los días de asuntos propios, y no es una excedencia. Aparte, el art. 7.1 manda retribuir e indemnizar la función en la forma y cuantía que fije el reglamento.