La naturaleza, el contenido y los principios del Registro Civil

La obligación es de los Encargados del Registro Civil. Notarios y registradores pueden aportar títulos que dan acceso al Registro, pero el art. 16 no les encarga la concordancia. Las personas tienen sus propios deberes (art. 12: comunicar los hechos, dar datos veraces), pero la ley no les encomienda velar por la concordancia. Y el Ministerio Fiscal no aparece en el art. 16.

Es el principio de oficialidad: con los títulos en su poder, el Encargado «deberá» practicar la inscripción, sin esperar a nadie ni requerir a nadie. El deber de los obligados de promover la inscripción y de facilitar los datos (segundo párrafo del art. 14 y art. 12) existe para que el Encargado llegue a tener esos títulos, no como condición para inscribir. Y la ley no limita la oficialidad a las inscripciones constitutivas.

Para lo que ocurre en el extranjero, el art. 10.1 pone primero la Oficina Consular de la circunscripción, pero añade que la inscripción «también» se puede solicitar y practicar en cualquiera de las Oficinas Generales. Es una alternativa libre: no hace falta que el consulado no pueda, y por eso falla el último distractor. Tampoco se ata a la Oficina del último domicilio en España, porque ninguna Oficina General tiene competencia territorial exclusiva.

Es el principio de inoponibilidad: en los casos que la ley prevé, lo que no está inscrito no perjudica a terceros, y lo inscrito les es oponible desde que entra en el Registro. Por eso el distractor de «desde que ocurren» dice lo contrario. La oponibilidad nace de la propia publicidad del Registro (art. 15), sin necesidad de publicarlo en el BOE ni de notificarlo a nadie.

Todo lo que afecta a una persona va a su registro individual, uno detrás de otro y por orden de fecha. Las secciones por clase de hecho (nacimientos, matrimonios, defunciones…) y las notas al margen de la inscripción de nacimiento son el modelo de la ley de 1957, que esta abandonó al organizar el Registro por personas y no por hechos. Y la ley no ordena los asientos por importancia, sino en el tiempo.

El art. 2.2 le da un objeto propio: el estado civil de las personas, más lo que la ley añada (el art. 4 lo concreta en la lista de inscribibles). El domicilio y la residencia son materia del padrón municipal, no del Registro Civil; el dominio y los derechos reales sobre inmuebles, del Registro de la Propiedad; y dar fe de los contratos es función del notario. Tres registros o fedatarios públicos vecinos, ninguno el que regula esta ley.

Es el principio de legalidad del art. 13: antes de inscribir, el Encargado comprueba la realidad y la legalidad de lo que se pretende inscribir y, en todo caso, la legalidad y exactitud de los documentos. El distractor tentador es la oficialidad, por el «de oficio»: el art. 14 dice otra cosa, que el Encargado practica la inscripción cuando tiene los títulos, sin esperar a que se la pidan. La presunción de exactitud (art. 16) opera después, sobre lo ya inscrito.

La inscripción es prueba plena (17.1), y solo si falta o no se puede certificar del asiento se admiten otras pruebas (17.2). Cuando falta, la ley pone una condición: acreditar que previa o simultáneamente se ha instado la inscripción omitida, «y no su mera solicitud». Una certificación de que el nacimiento no consta prueba la falta de inscripción, pero no sustituye a instarla. Tampoco se admite cualquier prueba sin más, ni la ley pide que el Ministerio Fiscal sea parte.

El art. 4 enumera dieciséis hechos y actos inscribibles, y el 14.º son las declaraciones de concurso de las personas físicas, con la intervención o suspensión de sus facultades: afectan a su capacidad de obrar sobre su patrimonio, y por eso son una circunstancia de la persona. El domicilio no está en la lista (consta en el padrón), las condenas penales van al Registro Central de Penados y la afiliación a la Seguridad Social la lleva la propia Tesorería: ninguno es estado civil.

Lo que ocurre en España se inscribe aquí sea cual sea la nacionalidad de quien lo protagoniza: el art. 9 no distingue entre extranjeros residentes o no, ni entre ciudadanos de la Unión y de fuera. Que el consulado del país de origen lo anote además en su propio registro no quita la inscripción española. Lo que ocurre fuera de España se inscribe solo cuando lo exige el Derecho español (segundo párrafo del mismo artículo).

Los arts. 11 y 12 son dos listas paralelas, y la trampa es el verbo «promover», que sale en las dos. Promover la rectificación de los asientos (11.j) y promover la inscripción de los hechos que protegen a menores, mayores y otras personas (11.i) son derechos, como obtener certificaciones (11.d). El deber del art. 12.a es otro: promover la práctica de los asientos en los casos que la ley prevé. Dar datos veraces y exactos es el deber de la letra e).

Por regla general la inscripción declara y prueba un hecho que ya existe: el nacimiento o la defunción ocurren aunque nadie los inscriba. Solo es constitutiva, es decir, necesaria para que el acto nazca, cuando la ley lo dice; por eso el art. 12.b habla del deber de instar la inscripción «cuando ésta tenga carácter constitutivo en los casos legalmente previstos». No es siempre constitutiva, y la excepción no depende de la nacionalidad de las personas ni del lugar del hecho.

La referencia es la Oficina, no la persona: se puede usar cualquier lengua oficial del lugar donde está la Oficina. Un gallego que acude a una Oficina de Bilbao puede usar el castellano o el euskera, pero no el gallego, que no es oficial allí; por eso fallan tanto el distractor del domicilio como el de «cualquier lengua cooficial en cualquier Oficina». Y la ley no distingue entre lo oral y lo escrito.