Las Oficinas del Registro Civil y su dependencia

La DA 6.ª pide uniformidad: todas las Oficinas usan los mismos sistemas y aplicaciones, y las provee el Ministerio de Justicia, en su desarrollo y en su explotación, también en las comunidades con competencias. Lo que hacen esas comunidades, junto con el Ministerio, es coordinarse para dar el acceso a los sistemas, el soporte microinformático, la formación y la atención a usuarios. El Consejo General del Poder Judicial no interviene: el Registro Civil depende del Ministerio (art. 20.1).

La fe de vida es la letra e) de la DA 5.ª. Lo que distingue a las oficinas colaboradoras es que no resuelven: reciben y registran solicitudes, informan, expiden ciertas certificaciones y practican actuaciones auxiliares «no resolutivas». Tramitar y resolver expedientes y practicar inscripciones son funciones de las Oficinas Generales (art. 22.3), y el expediente previo de matrimonio en el extranjero lo instruyen las Consulares (art. 24).

El art. 20.3 no ata la presentación al domicilio ni al lugar del hecho: la solicitud y la documentación se presentan ante cualquier Oficina del Registro Civil o se remiten electrónicamente, así que puede hacerlo en Oviedo sin acreditar nada. Limitarla a la Oficina de su domicilio es el error tentador, y no lo dice la ley. El mismo apartado añade que también pueden presentarse en las Oficinas Colaboradoras.

La regla es el concurso, que convoca y resuelve el Ministerio de Justicia. La excepción, la libre designación, alcanza a la Oficina Central y a las Oficinas Generales de las localidades donde antes había Registros Civiles Exclusivos; el nombramiento y el cese los propone la comunidad autónoma con competencias cuando la Oficina General está en su territorio. Las Consulares no entran porque no las llevan Encargados de esta clase, sino los Cónsules (art. 23), y tener varios Encargados solo da lugar a un Encargado coordinador (art. 22.2).

Con más de un Encargado, la relación de puestos de trabajo considera uno de los puestos como Encargado coordinador, a efectos de organización interna y de reparto de tareas. Lo decisivo es «sin relevación de funciones»: el coordinador sigue haciendo el trabajo de Encargado, así que no queda relevado como dice el distractor de la antigüedad, que además no es el criterio. Las instrucciones para el reparto las aprueba la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, pero no asigna los asuntos uno a uno.

Son tres clases y ninguna más: la Oficina Central, las Oficinas Generales y las Oficinas Consulares, todas bajo el Ministerio de Justicia. No existen Oficinas «provinciales»: la Oficina General no se asienta en la provincia sino en la capital del partido judicial (art. 22.1). Y los «Registros Civiles Municipales» eran la planta de la ley de 1957, que la Ley 20/2011 sustituyó; lo que hoy hay en los municipios sin Oficina General son oficinas colaboradoras (DA 5.ª), que no son una clase de Oficina del Registro Civil.

Instruir el expediente previo de matrimonio y expedir los certificados de capacidad para casarse en el extranjero es la función 4.ª de los Registros Consulares. Las otras tres son de vecinos: la cooperación internacional y la inscripción del fallecimiento de extranjeros al servicio de las Fuerzas Armadas son de la Oficina Central (art. 21), y las instrucciones vinculantes, de la Dirección General (art. 26). Sobre la legislación extranjera, el Consulado no dicta nada: la comunica a la Dirección General (función 5.ª).

Las plazas de Encargado se proveen entre letrados de la Administración de Justicia, y el ejercicio de esa función cuenta como servicio activo en su Cuerpo (DA 2.ª.2). El distractor de la Carrera Judicial viene de la ley de 1957, en la que el Registro Civil lo llevaban jueces, y sigue en manuales viejos. Los funcionarios de Gestión pueden servir en las Oficinas, porque sus puestos los cubre personal de la Administración de Justicia (DA 1.ª.2), pero no como Encargados.

La unidad territorial es el partido judicial: hay una Oficina General en todas las poblaciones que son capital de uno. La provincia es la trampa habitual, por eso el distractor inventa una planta provincial que la ley no tiene. En los municipios con juez de paz pero sin Oficina General, lo que hay es una oficina colaboradora (DA 5.ª), sin Encargado propio. El número de Oficinas Generales puede modificarlo el Ministerio de Justicia (DA 1.ª).

Las oficinas colaboradoras no tienen Encargado: para sus funciones se relacionan con la Oficina General y el Encargado de su ámbito territorial, que puede delegar en el funcionario de los Cuerpos Generales de superior categoría destinado en ellas o en el funcionario local que designe el Ayuntamiento. Por eso no lo es el juez de paz, aunque la oficina sea la secretaría de su juzgado. Y no dependen de la Oficina Central: la DA 5.ª las enlaza con la Oficina General de su ámbito, y entre las funciones de la Central (art. 21) no está esa.

Es el «punto de acceso en Ayuntamientos» del título de la DA 5.ª: además de las oficinas colaboradoras, el Ayuntamiento puede pedir al Ministerio de Justicia que le habilite las conexiones para que los ciudadanos presenten allí solicitudes y documentación. No crea ninguna Oficina ni nombra a ningún Encargado: las colaboradoras no lo tienen, y las Oficinas Generales solo las aumenta o reduce el Ministerio (DA 1.ª), no la comunidad autónoma.