El nombre y los apellidos

La inversión del orden de apellidos es el primero de los casos del art. 53, que bastan con la declaración de voluntad del interesado. Los otros tres necesitan el expediente del art. 54: unir o modificar apellidos que se usan de hecho (54.2), tomar los de quien acogió al interesado (54.3) y cambiar un apellido contrario a la dignidad o que ocasione graves inconvenientes (54.4).

Al nacido de filiación desconocida le impone nombre y apellidos el propio Encargado del Registro Civil, y han de ser de uso corriente: como la filiación es la que determina los apellidos (art. 49.2), sin filiación no hay de dónde tomarlos. Ni la entidad de protección, ni el Ministerio Fiscal, ni un juez son quienes los fijan.

El art. 51.3.º prohíbe imponer al nacido el nombre de un hermano o hermana con idénticos apellidos, pero hace una excepción expresa: que ese hermano haya fallecido. La razón de la prohibición es evitar que dos personas vivas tengan la misma identidad, y con el hermano fallecido desaparece. No hace falta añadir otro nombre ni pasar por un expediente.

El orden que se fija en la primera inscripción de nacimiento vale para los hermanos posteriores con idéntica filiación (art. 49.2): los progenitores eligen una sola vez y todos sus hijos comunes llevan los apellidos en el mismo orden. No se vuelve a acordar con cada nacimiento, y el Encargado solo decide el orden cuando no hay acuerdo en esa primera inscripción.

Para las víctimas de violencia de género, y para sus descendientes que estén o hayan estado en el núcleo familiar de convivencia, el cambio de apellidos se autoriza sin cumplir ninguno de los requisitos del 54.2: ni el uso habitual, ni la pertenencia legítima, ni la distinta línea. Por urgencia o seguridad puede llegar al cambio total de identidad. La Orden ministerial del art. 55 es para las razones que el 54.5 no contempla.

La primera de las limitaciones del art. 51 es numérica: no más de dos nombres simples o uno compuesto. Un compuesto ya agota el cupo, así que no caben dos compuestos ni un simple más un compuesto, y tres simples superan el límite. Estas limitaciones se interpretan restrictivamente, porque la regla es la libre elección del nombre.

La ley lo dice expresamente: la inscripción del cambio de nombre y apellidos tiene carácter constitutivo, es decir, el cambio nace con la inscripción y no antes. Por eso no puede ser declarativa ni voluntaria. Las declaraciones con valor de simple presunción son otra figura de la ley, propia de los expedientes registrales, no de este asiento.

El cambio de nombre lo autoriza el Encargado mediante procedimiento registral, previa declaración del interesado, y la prueba que exige la ley es el uso habitual del nuevo nombre. Que el nombre actual sea contrario a la dignidad no es requisito del cambio de nombre (la dignidad aparece en el 54.4, para el apellido); el «uso corriente» es lo que exige el art. 50.3 a los nombres que impone el propio Encargado.

Pasado el año, el art. 49.5 hace obligatoria la mención del sexo y pone la carga en los progenitores: son ellos quienes tienen que solicitar su inscripción. La ley no prevé que el Encargado la inscriba de oficio con el dato del parte, ni una prórroga del blanco, ni que espere a que el inscrito tenga dieciséis años, la edad a la que la Ley 4/2023 le deja pedir por sí mismo la rectificación de la mención del sexo.

El art. 50.4 trata aparte la traducción del nombre propio: basta que la pida el interesado o su representante legal, y el encargado sustituye el nombre por su equivalente en cualquiera de las lenguas españolas, sin condición de residencia. Probar el uso habitual es lo que exige el cambio de nombre del art. 52, que es otra cosa: elegir un nombre distinto, no el mismo en otra lengua. La Orden ministerial es la vía excepcional del art. 55 para apellidos o identidad.

El art. 57.3 permite al propio interesado solicitar el cambio de nombre y de apellidos desde que es mayor de dieciséis años, sin exigir mayoría de edad, emancipación ni asistencia de sus representantes. La asistencia de los representantes es lo que la Ley 4/2023 pide para la rectificación de la mención del sexo entre los catorce y los dieciséis años, no para esto.