La publicidad del Registro Civil, los recursos y los expedientes

La regla general es la rectificación judicial (art. 90), y por eso la primera opción es la tentadora. Pero el art. 91.1 abre, «no obstante», un procedimiento registral para tres casos: las menciones erróneas, los errores que vienen de un documento público o eclesiástico rectificado después y las divergencias entre la inscripción y los documentos con los que se practicó, que es este. No hace falta recurso ni basta con anotarlo.

Son una presunción iuris tantum: valen mientras no se pruebe lo contrario. Una presunción iuris et de iure no admitiría prueba en contra, y eso es justo lo que el nombre «simple presunción» descarta. Tampoco tienen el valor de una inscripción. Se anotan, y la anotación es obligatoria (art. 93.2), pero no se quedan en lo meramente informativo: la regla del art. 40.1 salva los casos en que la ley da a la anotación valor de presunción, y este es uno.

La presunción alcanza a ascendientes y descendientes hasta el segundo grado: padres e hijos, abuelos y nietos. Más allá, quien pida el acceso tiene que justificar su interés legítimo ante el juez, como cualquier otro solicitante.

Para la rectificación, el art. 88.1 da una regla propia: la tramita el Encargado de la Oficina que practicó el asiento, sea cual sea el domicilio del interesado. Los demás procedimientos registrales los tramita el Encargado de la Oficina donde se pretende hacer el asiento. Que el procedimiento sea registral deja fuera al juez, que interviene en la rectificación judicial del art. 90.

El domicilio de los apátridas es la letra c) del art. 92.1. La nacionalidad también está en la lista, pero solo «si no consta en el Registro Civil»: si ya está inscrita, no hay nada que presumir. La muerte de un desaparecido se declara en su propio expediente de declaración de fallecimiento, que tiene su propia inscripción, y la residencia legal de un extranjero no es un estado civil ni figura en la lista.

El plazo es de un mes, y el recurso es el único que cabe («sólo podrán»). Va ante la Dirección General que el texto aún llama «de los Registros y del Notariado» y que hoy es la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. No hay que confundirlo con los seis meses que tiene esa Dirección General para resolver (art. 86.2), ni con los dos meses del recurso contencioso-administrativo.

La literal reproduce el asiento entero, o los asientos a que se refiera. La primera opción es la definición de la certificación en extracto (art. 82.3), que contiene los datos que fije el reglamento: es la pareja que se confunde siempre. El solicitante no elige qué datos entran, y la literal no se limita al último asiento.

El art. 80.2 dice «sólo» y da dos supuestos: que los datos no obren ya en poder de la Administración o que sea imposible obtenerlos directamente por medios electrónicos. Lo normal es que la Administración acceda ella misma a los datos (art. 80.1, 1.ª), no que se los pida al ciudadano. Por eso no basta con que el procedimiento afecte al estado civil, ni con que su norma incluya el certificado entre los documentos que se aportan: el «sólo» deja fuera cualquier otro motivo.

Aunque la resuelva una Dirección General, la impugnación no va a lo contencioso-administrativo, sino a la jurisdicción civil: al Juzgado de Primera Instancia de la capital de provincia del domicilio del recurrente, por el cauce del art. 781 bis de la LEC. La excepción son las de nacionalidad por residencia, que sí van a lo contencioso (art. 87.2). El texto aún llama al órgano «Dirección General de los Registros y del Notariado»; hoy es la de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública tiene seis meses, contados desde que recibe el escrito de interposición, no desde la decisión recurrida. El mes es el plazo para recurrir (art. 85.1), no para resolver. Si pasan los seis meses sin resolución expresa notificada, el recurso se entiende desestimado y queda abierta la vía judicial.