Los títulos que acceden al Registro Civil y los asientos

La resolución judicial firme es título suficiente para inscribir el hecho o acto que constituye o declara, y si contradice lo inscrito «debe practicarse la rectificación correspondiente»: el Registro se ajusta a la sentencia, no la frena. Dar cuenta al Ministerio Fiscal es lo que hace el Encargado cuando sus propias comprobaciones revelan una contradicción esencial entre el Registro y la realidad (art. 30.3), no lo que pide una sentencia firme.

La inexistencia del hecho es una de las causas de cancelación del art. 41, que priva de eficacia, total o parcial, a un asiento de cualquier clase. Y la cancelación puede practicarse de oficio o a solicitud del interesado, pero siempre «en virtud de título adecuado»: que nadie la pida no la impide, y la iniciativa del Encargado no le exime del título. Tampoco hace falta en todo caso una sentencia firme.

La regla general del art. 33.1 es de cinco días desde que se presenta el título o se formula la declaración, y el asiento se practica de oficio. Diez días es el plazo de las comprobaciones cuando el Encargado tiene fundadas dudas (art. 30.3). La regla tiene dos salvedades en el mismo apartado: la defunción se inscribe el mismo día y, en las Oficinas Consulares, la nacionalidad y el matrimonio, en el plazo más breve posible.

La anotación «en ningún caso» tiene el valor probatorio de la inscripción, que es la que hace prueba plena de los hechos inscritos (art. 17): quien la aporta como prueba plena le atribuye un valor que no tiene. Su valor es meramente informativo, y solo cuando la ley se lo atribuye tiene valor de presunción; por eso las declaraciones con valor de presunción figuran entre lo anotable (art. 40.3.3.º). No es que no valga nada: informa.

El art. 27.1 hace título suficiente al documento auténtico «sea original o testimonio», y sea judicial, administrativo, notarial o registral: el testimonio vale tanto como el original. Que los notarios remitan sus documentos por medios electrónicos es un deber que les impone el art. 35, no una condición para que el documento sea título; y la declaración es otra vía de acceso al Registro (art. 29), no un complemento que el documento necesite.

Ante una resolución judicial el control del Encargado es limitado: recae sobre la competencia y la clase del procedimiento seguido, las formalidades extrínsecas de los documentos presentados y los asientos del propio Registro. La validez de los actos y la realidad de los hechos es lo que controla en los demás documentos, según el primer párrafo del mismo apartado; ni el fondo de lo resuelto ni la prueba del proceso entran en su calificación.

El art. 33.1 saca la defunción del plazo general de cinco días: se inscribe «en el mismo día de la presentación de la documentación», y una vez inscrita se expide la licencia para el entierro o la incineración (art. 62.3). «En el plazo más breve posible» es la fórmula que el mismo apartado reserva a las inscripciones de nacionalidad y matrimonio en las Oficinas Consulares.

Son tres: inscripciones, anotaciones y cancelaciones, que regulan los arts. 39 a 41. Las notas marginales y la distinción entre inscripciones principales y marginales vienen de la Ley de 1957, que todavía arrastran los manuales viejos; y la certificación no es un asiento, sino uno de los medios de dar publicidad a lo que el Registro contiene.

Además de la comunicación que deben hacer los obligados, el art. 43 añade que «también procederá la inscripción a instancia de cualquier persona que presente título suficiente»: lo que abre la puerta es el título, no la condición de obligado ni un interés que haya que acreditar. Qué es título suficiente lo dice el art. 27: el documento auténtico, original o testimonio, y la resolución judicial firme.

Todas las Oficinas acceden a la constancia de solicitudes y declaraciones que regula el art. 32.1, y el apartado 2 les ordena denegar la inscripción solicitada, o la recepción de la declaración, sobre la que otra oficina ya se hubiera pronunciado o hubiese sido requerida para hacerlo. Por eso no se tramita de nuevo ni se reenvía: lo que ya se pidió en una oficina no se vuelve a pedir en otra.