Los procesos selectivos, el nombramiento y los interinos

El art. 21 permite, una vez comenzado el proceso, no publicar en el BOE los anuncios de las pruebas restantes; el tribunal los hace públicos con doce horas de antelación como mínimo si se trata del mismo ejercicio, y con veinticuatro si es uno nuevo. Las setenta y dos horas son otra cosa: lo que debe separar el final de un ejercicio del comienzo del siguiente (art. 17.13).

El art. 29.1 da veinte días naturales para la toma de posesión del primer destino, contados desde el día siguiente al de la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», previo juramento o promesa. No corre desde una notificación personal, ni desde la nota del curso, ni desde una citación: el nombramiento como funcionario de carrera llega después del curso y se publica en el BOE y en los diarios oficiales de las comunidades autónomas con competencias (art. 27.2).

El art. 26 somete a los funcionarios en prácticas a la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de carrera de los Cuerpos de Justicia y remite el procedimiento al Reglamento General de Régimen Disciplinario del Personal al Servicio de la Administración de Justicia, que es el Real Decreto 796/2005. La normativa disciplinaria de los funcionarios de la Administración del Estado (Real Decreto 33/1986) no es la que rige el procedimiento: solo se aplica con carácter supletorio, en lo no previsto, por la disposición final única de ese reglamento. Y ni el centro de formación ni las bases fijan un procedimiento propio.

El art. 25.3 reconoce a los funcionarios en prácticas el derecho a permisos por causas debidamente justificadas, pero su otorgamiento no les exime en ningún caso del nivel de asistencia mínimo para superar el curso o el periodo de prácticas. El permiso justifica la ausencia; no la convierte en asistencia ni rebaja el mínimo. Volver a ser nombrado en el curso siguiente es lo que el art. 24.6 prevé para la fuerza mayor.

El art. 17.13 exige que entre la total conclusión de un ejercicio o prueba y el comienzo del siguiente pasen como mínimo 72 horas y como máximo 45 días naturales. Setenta y dos horas desde el lunes a las 18:00 llevan al jueves a la misma hora. El martes y el miércoles se quedan en 24 y 48 horas; el viernes también cabría, pero no es lo antes posible.

El art. 16.1 manda ofertar las plazas de una comunidad con traspasos por su propio ámbito territorial, salvo que la comunidad renuncie expresamente: entonces sus plazas se agrupan. No hay una convocatoria propia de la comunidad —las pruebas las convoca el Ministerio de Justicia, con bases únicas para cada cuerpo—, y las plazas no se aplazan ni cambian de turno: lo que cambia es el ámbito por el que se ofertan.

El art. 18.2 añade que los requisitos exigidos en la convocatoria habrán de mantenerse hasta la toma de posesión como funcionarios de carrera. Ni la lista definitiva de admitidos, ni la relación de aprobados, ni el nombramiento en prácticas cierran la exigencia: quien pierde un requisito en cualquiera de esas fases deja de cumplirla, aunque lo tuviera al solicitar.

El art. 23.2 es tajante: quien no presenta la documentación dentro de plazo, salvo fuerza mayor, o de cuya documentación se deduce que le falta algún requisito, no puede ser nombrado y quedan anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de su responsabilidad por falsedad en la solicitud. El reglamento no abre un plazo de subsanación ni un nombramiento condicionado, y no le cambia de puesto en la relación: le saca del proceso.

El art. 25.2 prohíbe a quien ya prestaba servicios remunerados en la Administración de Justicia cobrar nada por su puesto de origen durante el curso o las prácticas, pero le deja optar entre una remuneración del mismo importe que la que percibía allí o la que le corresponde como funcionario en prácticas. La abona el Centro de Estudios Jurídicos o el órgano de la comunidad autónoma con traspasos donde se hace el curso, no el puesto de origen; y no se suman las dos ni se completa una con la otra.

El art. 30.3 les aplica el régimen de los funcionarios de carrera en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición: no, por ejemplo, la fijeza en el puesto, que les niega también el art. 489.2 de la LOPJ. Son funcionarios, no personal laboral, y los funcionarios en prácticas son otra figura: los aspirantes durante el curso selectivo (art. 24.2). Sus retribuciones y su cese los regula hoy el art. 489 de la LOPJ, que les reconoce los trienios que el art. 30.2 de este reglamento todavía excluye.

El art. 18.3 obliga a la autoridad convocante, por sí o a propuesta del presidente del tribunal, a dar cuenta de las inexactitudes, las falsedades o cualquier otra presunta infracción penal en cualquier momento del procedimiento en que llegue a conocerlas. No espera a una fase concreta: ni a la lista definitiva ni al final del proceso. Aparte, quien no acredita los requisitos al aportar la documentación no puede ser nombrado (art. 23.2).

El art. 18.1 deja la duración del plazo a la convocatoria, pero fija su arranque: el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Es la misma regla del art. 16.2 para cuando el BOE y los diarios autonómicos no publican a la vez: los plazos se cuentan, en todo caso, desde el BOE. La web solo facilita el modelo, y la aprobación de las bases es anterior a la convocatoria.

El art. 25.1 les reconoce una retribución equivalente al sueldo y a las pagas extraordinarias del cuerpo al que acceden y, si superan el curso o las prácticas, el cómputo a efectos económicos del tiempo pasado en el centro de formación o de destino. No cobran las complementarias de un puesto: el primer destino llega después, con el nombramiento como funcionarios de carrera. Tampoco es una beca ni una indemnización.

El art. 29.4 trata igual a quien se niega a prestar juramento o promesa y a quien, sin justa causa, deja de tomar posesión: se entiende que renuncia a adquirir la condición de funcionario en el cuerpo, y el órgano respectivo da cuenta al Ministerio de Justicia o a la comunidad autónoma con traspasos. El juramento es previo a la toma de posesión (art. 29.1), así que no se toma posesión sin él; tampoco hay un plazo nuevo ni se prolongan las prácticas.

El art. 17.3 obliga a que la convocatoria declare expresamente que en cada ámbito no podrán superar el proceso más aspirantes que plazas convocadas, y califica de nulas de pleno derecho las propuestas de aprobados que contravengan ese límite. No es un vicio que dependa de que alguien recurra, ni se compensa con las plazas vacías de otro ámbito: cada aspirante participa por uno solo y obtiene destino en él.

El art. 20.1 no fija una cifra: la autoridad convocante dicta la resolución «en el plazo que se establezca en la convocatoria». El mes como máximo es el del reglamento de ingreso de la Administración General del Estado (RD 364/1995, art. 20.1), y los diez días hábiles son los que esa resolución señala para subsanar.

El art. 17.4 manda que la convocatoria fije las condiciones y los requisitos de los aspirantes referidos a la fecha en que termina el plazo de presentación de solicitudes, y el art. 18.2 lo repite para lo que cada aspirante declara en su solicitud. No vale la fecha de la convocatoria ni una fase posterior del proceso; otra cosa es que, una vez reunidos, haya que mantenerlos hasta la toma de posesión.

El art. 29.1 permite que, en casos de fuerza mayor debidamente justificados, el Ministerio de Justicia o el órgano de la comunidad autónoma con traspasos prorrogue el plazo de toma de posesión a instancia del interesado y en la medida que estime necesario, sin una cifra fija. La renuncia del art. 29.4 es para quien deja de tomar posesión sin justa causa, y el reglamento no prevé ni un representante ni un destino nuevo.