La rehabilitación de los funcionarios de Justicia

El art. 80.5 da al interesado un máximo de quince días para alegar, debidamente justificado, a la vista del expediente instruido, que ya incluye la propuesta de resolución. Los diez días son de otro trámite del mismo procedimiento: el plazo máximo para aportar los documentos que falten cuando los requisitos no están suficientemente acreditados (art. 79.1).

El art. 78.3 le pide solicitar el reconocimiento médico al Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social o al órgano médico equivalente de la comunidad autónoma, en la provincia de su domicilio, y le deja acompañar la documentación de su historial médico que quiera. El médico forense tienta por ser personal de Justicia, pero el reglamento no le da ese papel, como tampoco al Consejo General del Poder Judicial ni a la mutualidad.

Según el art. 80.4, cuando el último destino radica en una comunidad con traspasos recibidos se pide informe a su órgano competente, y con carácter previo al del Consejo General del Poder Judicial. La comunidad no instruye ni resuelve: instruye la Secretaría de Estado de Justicia a través de una dirección general del Ministerio (art. 77), que es también la que da vista al interesado (art. 80.5), y resuelve el Ministro de Justicia (art. 81.1). Que la comunidad gestione el personal de su territorio no le da la rehabilitación.

El art. 81.2 fija seis meses para resolver y notificar. Si pasan sin que se notifique resolución expresa, el interesado está legitimado para entender estimada su solicitud, y el Ministro de Justicia sigue obligado a resolver. Tres meses es el plazo que la ley del procedimiento administrativo común aplica cuando la norma no fija otro (art. 21.3 de la Ley 39/2015); aquí lo fija el reglamento.