El ingreso en los cuerpos de Justicia: oferta y órganos de selección

El art. 12.3 atribuye al Tribunal Calificador Único elaborar las pruebas, fijar su calendario y los criterios de valoración y resolver las consultas de los Tribunales Delegados, que actúan bajo su dependencia y dirección. Así se garantiza la igualdad de todos los aspirantes: los criterios no pueden cambiar de un territorio a otro.

El art. 10.3 separa proponer de aprobar: la Comisión propone el baremo y su puntuación, y lo aprueba el Ministerio de Justicia previa negociación con las organizaciones sindicales; después se publica en el «Boletín Oficial del Estado». La Comisión sí aprueba los temarios (art. 10.1), y de ahí viene la confusión.

El art. 1.2 admite esas disposiciones complementarias, dictadas en el ejercicio de las competencias que reconoce la LOPJ, con una condición: «en todo caso» han de respetar lo que establece el reglamento. No piden informe del CGPJ, que no gobierna a estos funcionarios, ni ratificación de la Comisión de Selección, que solo interviene en el ingreso.

Según el art. 8.2, la Comisión de Selección de Personal recaba de las comunidades autónomas su normativa sobre esas pruebas y certificaciones, y fija la puntuación de cada convocatoria. La comunidad aporta la normativa, pero no puntúa; y los tribunales califican las pruebas, no deciden cuánto valen.

El art. 13.3 abre dos momentos: el plazo que fije la convocatoria, para las causas que ya existían, y cualquier momento de la tramitación, para las causas sobrevenidas. Esperar al recurso final sería tarde: la recusación sirve para apartar al vocal mientras el proceso sigue.

Según el art. 13.3, quien debe abstenerse deja de intervenir en el proceso y lo comunica al presidente, que a su vez lo pone en conocimiento del Ministerio de Justicia. La abstención es un deber del vocal y no espera a que el aspirante recuse; la recusación es el remedio del aspirante cuando el vocal no se abstiene.

El art. 15.1 dice que las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, que solo puede apartarse de ellas revisándolas por los cauces de revisión de la ley de procedimiento (la cita remite a la Ley 30/1992, hoy sustituida por la Ley 39/2015). La vinculación no depende de que nadie recurra ni de una ratificación de la Comisión de Selección.

De los cuatro vocales del Ministerio, el art. 9.1 reserva uno a un magistrado-juez, un fiscal o un secretario judicial (hoy letrado de la Administración de Justicia), que preside, y los otros tres a funcionarios del Ministerio, uno de los cuales es el secretario. Los representantes de las comunidades aportan la vicepresidencia, no la secretaría.

El art. 13.4 excluye a quien ostente la condición de alto cargo y a quien haya preparado aspirantes en los cinco años anteriores a la convocatoria. Los funcionarios del cuerpo que se selecciona sí pueden estar, aunque no en mayoría (art. 13.1); los de la comunidad forman parte de los Tribunales Delegados, y un médico forense puede incluso presidir.

En los Cuerpos Generales, el art. 12.2 prevé un Tribunal Calificador Único por proceso y, en cada comunidad con traspasos donde se convoquen plazas, un Tribunal Delegado. Lo nombra el Ministerio de Justicia, a propuesta de los órganos de la comunidad: la comunidad propone, pero no nombra. La Comisión de Selección no califica pruebas.

El art. 9.1 encarga el nombramiento al Ministro de Justicia, mediante orden; hoy, al titular del departamento que tiene la Justicia. El Director General, que es la opción tentadora, propone a los vocales del Ministerio, pero no nombra la Comisión. El CGPJ no interviene: estos cuerpos dependen del Ministerio y de las comunidades con traspasos.

El art. 9.2 forma esa Comisión con tres facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, uno de los cuales la preside, dos médicos forenses, uno de los cuales es el vicepresidente, y tres funcionarios del Ministerio, uno de ellos secretario. El médico forense es el distractor tentador: está en la Comisión, pero en la vicepresidencia.

El art. 14.e) incluye en el deber de sigilo la prohibición expresa de divulgar resultados, puntuaciones o cualquier dato de las pruebas antes de su publicación oficial. La neutralidad tienta porque el gesto beneficia al aspirante, pero ese deber se refiere a cómo se valora (solo con criterios objetivos), no a lo que se divulga.