El procedimiento disciplinario del personal de Justicia

El art. 29.1 da un mes desde la notificación de la apertura; si no procede pliego, el instructor propone el archivo. Quince días es la ampliación que puede pedir, una sola vez y por causas justificadas, a la autoridad que ordenó la incoación; sube a otro mes si espera el resultado de diligencias de prueba. Diez días es lo que tiene luego el interesado para contestar el pliego.

Según el art. 27.4, contra los acuerdos sobre abstención y recusación no cabe recurso: la cuestión se lleva al recurso contra la resolución final. Por eso son falsos la alzada y la reposición contra el rechazo; pero tampoco queda firme sin más: la recusación puede alegarse en el recurso contra el acuerdo que cierra el expediente.

El art. 26.2 le pide tres cosas: ser funcionario público, no estar destinado en la misma unidad que el expedientado y no haber intervenido en la información previa. El grupo igual o superior es el distractor que más se elige porque es real, pero el art. 26.1 se lo exige al instructor, no al secretario. Ningún cuerpo concreto se exige.

El art. 31.1 exige 48 horas de antelación cuando se admiten pruebas distintas de la documental, para que el interesado pueda intervenir en su práctica. Las 72 horas y los siete días son plazos de la falta leve (art. 23): el aviso de que los testigos se niegan a comparecer y la citación a la audiencia. Para practicar las pruebas, el instructor dispone de un mes.

El art. 22.1 fija dos techos: seis meses si la falta es muy grave y tres si es grave. Seis meses es la trampa: es el techo de la falta muy grave. Además, en las faltas graves la medida es excepcional y solo cabe si no adoptarla pudiera perjudicar a la Administración de Justicia, a los intereses generales o a los ciudadanos afectados.

El art. 33.2 le da quince días frente a la propuesta, el mismo número que tiene el instructor para formularla (art. 33.1). Diez días es el plazo de las otras alegaciones del procedimiento: frente al pliego de cargos, en la puesta de manifiesto del expediente y cuando se le devuelve al instructor para nuevas diligencias.

Según el art. 30.1, contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor resuelve sobre las pruebas propuestas, previa declaración de pertinencia, y sobre las que él mismo considere oportunas. No contestar no salta fases: la prueba sigue, y después vienen la puesta de manifiesto del expediente (art. 32) y la propuesta (art. 33). La remisión a la autoridad es el último paso de la instrucción.

El art. 38 fija doce meses y añade que no hay caducidad si el expediente se paralizó por causa imputable al interesado. Seis meses es la cifra que se cruza: es la paralización que, según el art. 540.3 de la LOPJ, hace volver a correr la prescripción de la falta, y también el techo de la suspensión provisional por falta muy grave.

El art. 29.3 le da diez días para contestar con alegaciones, aportar documentos y proponer las pruebas que necesite. Quince días es el plazo para alegar frente a la propuesta de resolución (art. 33.2), y un mes, el del instructor para formular el pliego. Frente al pliego son diez días; frente a la propuesta, quince.

El art. 21.3 lo dice sin matices: la información previa no interrumpe la prescripción, tenga o no carácter reservado. Lo que la interrumpe, según el art. 540.3 de la LOPJ, es la iniciación del procedimiento disciplinario. Por eso la información previa no puede alargarse para ganar tiempo: mientras dura, la falta sigue prescribiendo.

El art. 22.1 reparte los papeles: acuerda la autoridad que ordenó la incoación y propone el instructor, mediante resolución motivada y previa audiencia del interesado. El secretario da fe de las actuaciones y ordena el expediente, y la unidad de gestión de personal solo interviene en las faltas leves; ninguno de los dos propone la medida.

El art. 25.4 cierra la puerta entera: a la denuncia anónima no se le da trámite, ni siquiera para la información previa del art. 21. La información reservada es la salida tentadora, porque existe y sirve justo para cuando la denuncia no basta para decidir; pero solo cabe con una denuncia que no sea anónima. La gravedad de los hechos no cambia la regla.

El art. 26.1 pide un funcionario de un cuerpo o escala de grupo igual o superior al del expedientado, así que el mismo grupo basta, y excluye a quien esté destinado en su misma unidad y a quien haya intervenido en la información previa. Las dos opciones de grupo superior cumplen el grupo, pero caen por una de esas dos exclusiones; la de grupo inferior no cumple el requisito de partida.