Las sanciones y la extinción de la responsabilidad disciplinaria

Los cuatro criterios de graduación (intencionalidad, perjuicio, grado de participación y reiteración o reincidencia) ya los da la LOPJ en su art. 537. El art. 14.1 del reglamento añade el límite: en ningún caso cuentan las sanciones canceladas ni las que podrían haberlo sido aunque no se hiciera la anotación. Las faltas leves anteriores sí pueden contar, y no importa qué administración impuso la sanción.

El art. 14.2 pide, para la sanción más dura, mirar el elemento subjetivo: que la falta se cometiera de manera consciente y querida o por una grave falta de atención, cuidado o diligencia. La LOPJ dice que la separación solo cabe por faltas muy graves (art. 538); el reglamento añade qué pesa al elegirla. Ni la condena penal ni un perjuicio económico concreto ni la reincidencia en el año son la condición que pone.

El art. 18.4 lo dice expresamente: el simple acto recordatorio no es eficaz para interrumpir la prescripción. La interrumpe el inicio del procedimiento, y el plazo vuelve a correr si el expediente queda paralizado más de seis meses por causas no imputables al funcionario; eso ya lo dice la LOPJ (art. 540.3). El reglamento añade que un mero recordatorio no frena ese cómputo.

El art. 540.2 de la LOPJ dice «desde la conclusión» de la causa; el art. 18.2 del reglamento precisa que el plazo empieza con la firmeza de la resolución que la concluye, así que una sentencia recurrida todavía no pone el reloj en marcha. Da igual cómo termine la causa: el reglamento no exige condena, ni que se comunique al instructor, ni pone límite a lo que dure el proceso penal.

El art. 17 deja una sola salida al archivo, y está en manos del expedientado: que inste de forma motivada que el expediente siga, por ejemplo para limpiar su nombre. Ni la gravedad de la falta ni el perjuicio causado reabren un procedimiento que ha perdido su objeto, y el Ministerio Fiscal no interviene en él.

El art. 14.4 nombra dos circunstancias que pesan especialmente al fijar los días o meses de suspensión: si la falta se agotó en un único acto o fue una conducta repetida, y si el funcionario reparó o disminuyó sus consecuencias. La antigüedad, el horario y el nivel del puesto no están en la lista. La duración se fija de forma motivada en la resolución.

El art. 14.4 no deja margen: el órgano «deberá» imponer la suspensión en su duración mínima. No la cambia por un apercibimiento, que es la sanción de las faltas leves, ni deja de ejecutarla. La mitad de la duración máxima es el techo del art. 14.3 para la negligencia sin perjuicio grave, no la regla de la escasa gravedad.

El art. 13.4 fija el punto de partida en la toma de posesión en el destino al que se traslada a la funcionaria. Lo que dura la prohibición (un año por falta grave, tres por muy grave) ya lo dice la LOPJ en su art. 538; lo que añade el reglamento es desde cuándo se cuenta. La firmeza de la resolución es el punto de partida de otra cosa: la prescripción de la sanción ya impuesta.