Los actos y servicios no presenciales

El art. 67.3 cierra el uso de las grabaciones a las que alguien tuvo acceso con motivo de un procedimiento: fuera de los fines jurisdiccionales, solo con autorización judicial. Un documental es un fin distinto, así que la necesita. No la sustituyen la firmeza de la sentencia ni la conformidad de las otras partes, y tampoco anonimizar voces y rostros: lo que se prohíbe sin autorización es el uso mismo de la grabación para otro fin.

La regla del art. 60.5 es la prohibición: en una videoconferencia no se altera ni se distorsiona la imagen o el sonido. La única excepción es salvaguardar la identidad en los casos del apartado 3, que son los testigos o peritos protegidos, los agentes de policía, los encubiertos y cualquier persona cuya identidad haya de preservarse de acuerdo con la ley. No la abre el acuerdo de las partes ni el deseo del interviniente de cuidar su imagen, y comprimir la señal por una mala conexión no es lo que la norma permite.

El art. 64.2 deja que las Juntas de jueces y las Salas de Gobierno actúen telemáticamente en los términos del real decreto-ley y de lo que disponga por reglamento el Consejo General del Poder Judicial, que es quien gobierna a jueces y magistrados. No remite al Ministerio, que dota de medios técnicos a las oficinas (art. 63), ni al Comité técnico estatal, que fija las especificaciones técnicas. El mismo apartado permite celebrar de forma telemática las Juntas de fiscales y las de letrados de la Administración de Justicia.

El art. 59.3 exige que el ciudadano, la ciudadana o el profesional participe desde un punto de acceso seguro: un dispositivo o sistema que transmita las comunicaciones de forma segura, permita identificar a los intervinientes y cumpla los requisitos de integridad y confidencialidad (art. 62.2). No hace falta desplazarse a una oficina judicial o fiscal ni usar un equipo de la Administración, y 59.3 no impone un certificado cualificado. Ojo con el vecino: el punto de acceso seguro es el de la atención; el lugar seguro (art. 62.3) es el de la intervención en actos procesales.

El art. 59.1 hace depender la atención telemática de dos cosas: que el ciudadano o la ciudadana la interese y que sea posible por la naturaleza del acto o de la información que pide, siempre cumpliendo la normativa de protección de datos. No la decide la oficina por su carga de trabajo, ni depende de dónde viva quien la pide. Tampoco va ligada a la obligación de relacionarse electrónicamente: es una opción que se ofrece a cualquiera que la pida, esté obligado o no.

El art. 68.3 encarga los requisitos mínimos de los entornos remotos de trabajo a dos esquemas: el Nacional de Seguridad y el Judicial de Interoperabilidad y Seguridad. El distractor tentador es el Comité técnico estatal, porque su normativa fija los requisitos de los puntos de acceso seguros y de los lugares seguros (art. 62.2 y 62.3), pero no los de estos entornos. Ni un reglamento del CGPJ ni un convenio entre administraciones aparecen en el artículo.

Entre los requisitos mínimos del lugar seguro, el art. 62.3.c pide asegurar todas las garantías del derecho de defensa, incluida la facultad de entrevistarse reservadamente con el abogado o la abogada. Los otros son tener puntos de acceso seguros, garantizar la identidad de los intervinientes y la autonomía de su intervención, y poder digitalizar documentos para verlos por videoconferencia. La norma no exige que esté presente un funcionario judicial, ni que el lugar esté en el partido judicial del órgano, ni una sala virtual propia, que es otra figura (art. 65).

La sala de vistas virtual se genera en el medio digital y tiene los mismos medios de grabación, seguridad e integración con el expediente judicial electrónico que una sala presencial, pero no necesita espacio físico especial y se usa con independencia de las salas presenciales (art. 65.1). Por eso no es una sala física con cámaras, no es una reserva para cuando la otra está ocupada y no renuncia a la grabación.

Todos los que intervienen en una videoconferencia se identifican al inicio. Si dirige el acto un juez, un magistrado, un fiscal o un letrado de la Administración de Justicia, es él quien adopta las disposiciones para ello; si no lo dirige ninguno, el art. 60.1 se lo encarga al funcionario público que provee el servicio. No le toca a la dirección de la oficina judicial, y el Comité técnico estatal fija normas técnicas, no comprueba identidades en cada acto.

Si la comprobación sale bien, el art. 61.3 presume auténtica la identificación y carga lo que ha costado comprobarla exclusivamente a quien la impugnó. No la paga la Administración que la hace, ni se reparte entre las partes, ni recae en el perito, cuya identificación ha resultado correcta. Es lo que disuade de impugnar sin fundamento.