Las comunicaciones electrónicas y las actuaciones automatizadas

El art. 57.1 define la actuación asistida como aquella en la que el sistema genera un borrador, total o parcial, de un documento complejo basado en datos, que puede servir de fundamento o apoyo de una resolución. No es automatizada, porque esta se produce sin intervención humana en cada caso (art. 56.1), ni proactiva, que se inicia sola para generar avisos o efectos en otros expedientes (art. 56.3). El borrador se genera a voluntad del usuario y no es resolución sin la validación de la autoridad competente (art. 57.2).

El art. 54.3 declara gratuitas en todo caso las publicaciones que las leyes procesales mandan hacer en el Tablón Edictal Judicial Único, sin contraprestación de quien las pide, y también las consultas y las suscripciones a su sistema de alertas. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado publica el Tablón (art. 54.2), pero no cobra por ello, y la gratuidad no depende de tener reconocida la asistencia jurídica gratuita.

El art. 51.3 conecta el Punto Común con el sistema de intercambio de registros para canalizar las comunicaciones entre los órganos de la Administración General del Estado y los órganos judiciales, las oficinas judiciales y las fiscales; las administraciones con competencias en Justicia definen qué comunicaciones o avisos pasan por ahí y pueden mantener la sede judicial electrónica como punto preferente de acceso. No sirve para presentar escritos ni para trasladar apoderamientos, y no hay edictos que se queden fuera del Tablón: el art. 54.1 lo hace sustituir a los boletines en todos los órdenes.

El art. 56.2 permite automatizar las actuaciones de trámite o resolutorias simples, que no requieren interpretación jurídica, y pone ejemplos: el numerado o paginado de los expedientes, la remisión al archivo, la generación de copias y certificados, la de libros, la comprobación de representaciones y la declaración de firmeza. Admitir una demanda, resolver un recurso o valorar una prueba exige interpretar el derecho, y eso queda fuera del criterio del artículo.

El art. 56.4 pide tres garantías: que las actuaciones automatizadas y proactivas se puedan identificar como tales, trazar y justificar; que se puedan hacer también de forma no automatizada, y que las ya producidas se puedan deshabilitar, revertir o dejar sin efecto. No exige notificarlas antes a las partes ni que el letrado las convalide una a una. La Comisión Nacional de Estadística Judicial aparece en el art. 58.3, para los indicadores de gestión, no como revisora.

El art. 57.2 obliga a los sistemas a asegurar que el borrador se genere solo a voluntad del usuario y que este pueda modificarlo libre y enteramente. No lo dispara el sistema al tener los datos ni un hito del procedimiento: eso lo acercaría a la actuación proactiva, que se inicia sola (art. 56.3). Y el borrador, por sí, nunca es resolución judicial o procesal sin la validación de la autoridad competente.

El art. 49.1 pone la regla —las comunicaciones en la Administración de Justicia se practican por medios electrónicos— y el 49.2 su excepción: a quien no está obligado y no elige lo electrónico se le comunica por otros medios. Lo que decide es que no lo ha elegido, así que no hace falta que pida el papel, y el correo del art. 49.4 solo sirve para avisos, no para practicar el acto. El edicto no tiene que ver con la elección del canal. Lo que se le practique en papel, además, se le pone a disposición en la Carpeta Justicia (art. 50.3).

El art. 51.1 obliga a las administraciones competentes en materia de justicia a garantizar un Punto Común de Actos de Comunicación en el que los profesionales acceden a todos los actos de que son destinatarios, venga de donde venga cada uno. El Registro de Datos para el contacto electrónico y el Registro Electrónico Común son registros del título V con otros fines, y el Tablón Edictal Judicial Único publica edictos, no reúne los actos de cada profesional.

El art. 58.1 permite que el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica defina las especificaciones, la programación, el mantenimiento, la supervisión y el control de calidad y, en su caso, la auditoría del sistema y de su código fuente. La Comisión Nacional de Estadística Judicial sale en el mismo artículo, pero solo para fijar, con el Comité, los indicadores de gestión (art. 58.3). El artículo no menciona la protección de datos ni el Centro Criptológico Nacional. Sus criterios de decisión, además, han de ser públicos y objetivos (art. 58.2).

El art. 50.3 obliga a poner todo acto en papel dirigido a quien no está obligado a lo electrónico también en la Carpeta Justicia (y, en su caso, en la sede judicial electrónica), para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria y con plenos efectos. El correo que la persona identifica (art. 49.4) sirve para información y avisos de puesta a disposición, no para enviar el acto; la dirección electrónica habilitada única es uno de los cauces de los actos que ya se practican por medios electrónicos (art. 50.1), y el Tablón Edictal es para los edictos.