Los derechos y deberes digitales ante la Administración de Justicia

La letra i) del art. 5.2 nombra el documento nacional de identidad y añade los demás dispositivos que se pongan a disposición de los ciudadanos para autenticarse o firmar conforme al art. 20 del real decreto-ley. Ni el pasaporte, ni la tarjeta de identidad de extranjero, ni el carné de colegiado aparecen en la letra.

El art. 6.3 impone a los profesionales el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las administraciones competentes en materia de Justicia, respetando las garantías del procedimiento. No depende de lo que acuerde el órgano en cada asunto ni de una homologación del colegio. Elegir aplicaciones con estándares abiertos es un derecho de los ciudadanos (art. 5.2.k), no de los profesionales, que usan los sistemas establecidos.

El art. 6.4 dice que el acceso se asegura mediante puntos de acceso electrónico que consisten en sedes judiciales electrónicas creadas y gestionadas por esas administraciones y disponibles para los profesionales a través de redes de comunicación. No nombra plataformas de los Consejos profesionales ni un portal único del CGPJ, y la Carpeta Justicia, que el real decreto-ley regula en otro capítulo, no es lo que nombra este artículo.

El art. 6.2 sitúa la desconexión, la conciliación y el descanso en los períodos inhábiles procesalmente, y además en aquellos en que los profesionales de la Abogacía, la Procura y los Graduados Sociales estén usando las posibilidades que les dan las normas procesales. El calendario lo marca lo procesal, no lo que decida cada colegio, las vacaciones del personal de la oficina o la agenda de vistas del órgano.

La letra g) del art. 5.2 da el derecho a acceder al expediente judicial electrónico y obtener copia a quien tenga la condición de parte o acredite interés legítimo y directo, en los términos de la LOPJ y las leyes procesales. Quien no es parte entra por la segunda vía. El artículo no menciona la vecindad, el derecho no espera al final del pleito e identificarse con un certificado es la forma de acceder, no lo que da el derecho.

El art. 5.3 reconoce a las personas jurídicas el derecho del apartado 1 y casi todas las letras del apartado 2, pero se salta dos: la e), elegir entre los canales disponibles el que usar para relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, y la k), elegir las aplicaciones o sistemas. Conocer el estado de tramitación es la letra f), la copia del expediente la g) y las aplicaciones en todas las lenguas oficiales la l): las tres están en la lista, así que la sociedad las conserva.

La letra h) del art. 5.2 remite la conservación a la normativa vigente en materia de archivos judiciales. La protección de datos es otro derecho de la misma lista, la letra j), y protege la seguridad y la confidencialidad de lo tratado, no dice cómo se conserva; la transparencia y el patrimonio documental no son las normas a las que remite el artículo.

La letra l) del art. 5.2 pide que las aplicaciones o sistemas estén disponibles en todas las lenguas oficiales del Estado, en los términos del art. 231 de la LOPJ. No se limita al castellano más la cooficial de quien las usa ni a la lengua del lugar donde está el órgano, y las lenguas de la Unión Europea no entran: el eje es el de las lenguas oficiales en España.

La letra k) del art. 5.2 deja elegir aplicaciones o sistemas que usen estándares abiertos o, en su caso, otros de uso generalizado por los ciudadanos, y pone una condición para todos los casos: que sean compatibles con los de los órganos judiciales y respeten las garantías y requisitos del procedimiento. No pide una homologación previa del CGPJ ni limita la elección a lo que ofrezca la sede o haya hecho una Administración: el derecho consiste justamente en poder elegir fuera de eso. Ojo: las personas jurídicas no tienen este derecho (art. 5.3).

El art. 6.2.d), al hablar de los sistemas de identificación y firma de los profesionales, obliga a los Consejos Generales o Superiores profesionales correspondientes a poner a disposición de los órganos judiciales, las oficinas judiciales y las fiscales los protocolos y sistemas de interconexión con el registro de colegiados ejercientes del art. 10 de la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales. La obligación es de la organización colegial: el artículo no se la pone al CGPJ ni a las administraciones con competencias en Justicia.