La identificación y la firma electrónicas en la Justicia

El art. 22.1 ata la firma electrónica a lo que piden las leyes procesales: la Administración de Justicia la admitirá y requerirá en todos los casos en que, de conformidad con ellas, los órganos judiciales requieran la firma (con la salvedad del funcionario habilitado del art. 29.1). No depende de una resolución de quien dirige el procedimiento ni distingue entre profesionales y ciudadanos o entre clases de escrito. En los demás casos basta acreditar antes la identidad con cualquiera de los medios de identificación del real decreto-ley (art. 22.2).

El art. 21 permite a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica usar sistemas de firma electrónica con atributo de representante para todos los procedimientos y actuaciones ante la Administración de Justicia, siempre que sea conforme con las leyes procesales. El Código Seguro de Verificación lo gestionan las administraciones con competencias en medios de la Justicia (arts. 25.2 y 26); la firma no criptográfica es la de las videoconferencias, cuando la acuerda quien dirige el acto (art. 23), y el funcionario habilitado identifica al ciudadano o ciudadana que no dispone de medios (art. 29).

El art. 26.1 dice que el Código Seguro de Verificación, en el documento electrónico o en su versión impresa, permite cotejar su autenticidad e integridad, y que ese cotejo se hace en la sede judicial electrónica correspondiente al órgano que emitió el documento; por eso el documento lleva la dirección electrónica en la que hacerlo (art. 26.2). No es la Carpeta Justicia de quien lo recibe, ni la oficina ante la que se presenta la copia, ni el punto de acceso de otra Administración.

El art. 23.1 prevé, para las actuaciones por videoconferencia y en los casos que determine quien las dirige (el juez o tribunal, el fiscal o el letrado de la Administración de Justicia, o el personal que en su ausencia atienda la actuación), un sistema de información para la identificación y firma no criptográfica. No exige un certificado cualificado expedido para el acto; el Código Seguro de Verificación sirve para cotejar documentos (art. 26), y la firma manuscrita capturada en un dispositivo es la constancia del consentimiento cuando identifica un funcionario habilitado (art. 29.3).

El art. 27.3 obliga a las administraciones públicas a dotar de sistemas de firma electrónica a quienes tengan atribuida la defensa y representación del Estado y del sector público, a los que se refiere el art. 551 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (los Abogados del Estado y los letrados de los servicios jurídicos de las administraciones). El real decreto-ley no impone ese deber respecto de procuradores, abogados del turno de oficio ni peritos.

El art. 28 dice que la Administración de Justicia admitirá todos los sistemas de firma e identificación electrónica incluidos en la lista que la Comisión Europea publica en el «Diario Oficial de la Unión Europea» (art. 9.2 del Reglamento (UE) 910/2014). No añade la aprobación del Comité técnico estatal, ni un nivel de seguridad mínimo, ni reciprocidad. Otra cosa son los sistemas de otros países con los que la Administración de Justicia llegue a un acuerdo, que reconocen los arts. 19 y 20.

El art. 19 remite la identificación al art. 9 de la Ley 39/2015, al Reglamento (UE) 910/2014 y a la Ley 6/2020, y cierra con que «por vía reglamentaria» podrán habilitarse otros sistemas de identificación digital. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica es el distractor tentador porque aparece en todo el capítulo, pero lo que el RDL le encarga aquí es otra cosa: el nivel de firma de cada actuación (art. 20.1), la codificación del Código Seguro de Verificación (art. 26.3) o los sistemas de firma del personal (art. 27.2). El convenio es para los entornos cerrados entre administraciones distintas (art. 30.3), y el Consejo General del Poder Judicial provee la firma de jueces y magistrados (art. 27.2).

El art. 30 distingue por quién participa: si todos pertenecen a la Administración de Justicia, las condiciones y garantías las determina el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica (apartado 2), y comprenden al menos la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos; si pertenecen a distintas administraciones o a entidades de derecho público, se fijan por convenio (apartado 3). El convenio es el distractor tentador, pero no es el caso de dos órganos de la propia Administración de Justicia.

El art. 26.5 cuenta las versiones personalizadas entre las medidas de seguridad de los documentos, con las marcas de agua y los sistemas anticopia, y les da una finalidad: detectar a la persona concreta que hubiera difundido un documento de forma no autorizada. La versión anonimizada es otro mecanismo que el mismo apartado permite habilitar, y el cotejo de la autenticidad e integridad es lo que hace el Código Seguro de Verificación (art. 26.1).