La presentación de escritos y el expediente judicial electrónico

El art. 46.2 define su contenido: la relación de los actos de trámite realizados, con indicación de su contenido, y la fecha en que se dictaron las resoluciones. Es un estado de tramitación, no una copia del expediente: el texto de los escritos y las resoluciones se obtiene consultando el expediente, con las restricciones que imponga la normativa (art. 46.1). Tampoco anuncia fechas futuras ni identifica a los funcionarios.

El art. 48.1 le da un objeto concreto: posibilitar la itineración de expedientes y la transmisión de documentos electrónicos de una oficina u órgano judicial o fiscal a otro cuando lo exijan las leyes procesales, aunque usen sistemas de gestión procesal distintos. La consulta del estado de tramitación es cosa de los servicios del art. 46; la presentación y el traslado de copias, de los arts. 41 a 44; y la conservación hasta el expurgo, de la normativa de archivos judiciales.

El art. 43.5 atribuye esa constancia al letrado o letrada de la Administración de Justicia, y le da su forma propia: la diligencia. No pide una providencia del juez, que es una resolución y no un acto de constancia. Tampoco es una nota del funcionario que recibe el documento ni un asiento automático del sistema.

Ante dudas sobre la integridad de un documento o derivadas de la calidad de la copia, el art. 42.3 permite a la oficina judicial requerir al presentante para que exhiba el documento o la información original, examinarlo y decidir si procede incorporarlo. Tenerlo «por no presentado» es la consecuencia de otro supuesto: no aportar en plazo el original que no se pudo adjuntar al envío (art. 43.4). Si se impugna, se sigue lo que digan las leyes procesales.

El art. 42.1 enumera cuatro datos que deben constar necesariamente: la identidad de quien presenta, el órgano judicial u oficina judicial o fiscal al que se dirige, el tipo y número de procedimiento al que se incorpora y la fecha de presentación. El destino se identifica por el órgano o la oficina, no por el nombre de su letrado; y ni la cuantía ni el número de folios están en la lista.

El art. 41.1 impone a las partes e intervinientes el deber de presentar todo tipo de documentos y actuaciones en formato electrónico, y la única excepción son los casos previstos en las leyes. La digitalización por la oficina judicial existe (art. 43.1), pero es para el papel que aporta quien no está obligado a relacionarse electrónicamente, no la regla general para un profesional. El formato no lo elige el letrado de la Administración de Justicia ni se presenta dos veces.

El art. 41.2 remite la presentación a las leyes procesales, pero garantiza «en todo caso» la obtención de un recibo donde quede constancia del contenido, la fecha y la hora de lo presentado. Ese recibo prueba la presentación, no su admisión, que decide el órgano judicial; y no es una copia sellada en papel, aunque lleve fecha y hora: la presentación se hace electrónicamente y lo que se obtiene es un recibo. El plazo de subsanación no lo fija este artículo.

El art. 45.1 obliga a quien interviene por vía telemática y quiere presentar documentación en el mismo acto a hacerlo por esa misma vía, incluso si por regla general no está obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia. Por eso no le vale la libertad de elegir que tendría en otro momento. Si no puede remitirla así, el art. 45.3 le pide justificarlo y comunicarlo al órgano judicial antes de la vista.

El art. 44.1 manda que el traslado de copias entre profesionales se haga de forma simultánea a la presentación telemática de los escritos y documentos originales ante el tribunal u oficina. No hay un plazo posterior ni hace falta una orden del letrado. El «día hábil siguiente» es el plazo del art. 43.4 para aportar el original que no pudo adjuntarse al envío, no el de las copias.

El art. 47.4 dice que la remisión de expedientes se sustituye a todos los efectos legales por la puesta a disposición del expediente judicial electrónico, del que puede obtener copia electrónica quien tenga derecho según las normas procesales. Ya no viaja nada en papel ni en un soporte físico, y no se manda un extracto: el órgano de destino accede al expediente entero.

El art. 43.4 fija un plazo corto y cerrado: el original se presenta ante el órgano judicial en el día hábil siguiente a aquel en que se efectuó el envío electrónico del escrito, haciendo referencia a los datos identificativos de ese envío. No hay plazos de tres o cinco días, ni se espera a la siguiente resolución: el plazo se cuenta desde el envío.