Los registros y los archivos electrónicos de la Administración de Justicia

El art. 73.1 configura el Registro Electrónico Común de manera complementaria e interoperable con los registros de las administraciones con competencia de Justicia, y el 73.3 repite su carácter complementario respecto de los sistemas de las comunidades autónomas que se adhieran. No los sustituye ni los dirige. Tampoco recoge lo que otros no pueden tramitar: al contrario, el 73.5 le encarga informar y redirigir a los registros competentes cuando un documento tiene su propio registro o aplicación.

El art. 70.3 da dos salidas ante una interrupción no planificada: disponer, siempre que sea posible, medidas para que el usuario sepa de ella y de sus efectos, con indicación, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento; o, alternativamente, un redireccionamiento que permita usar otro registro electrónico en sustitución del interrumpido. No suspende los plazos procesales en general: la prórroga que menciona es la de los que están a punto de vencer, y se comunica como un efecto. Ni el papel ni el correo electrónico aparecen como alternativa.

El art. 72.3 traslada la presentación hecha en día inhábil procesal a la primera hora hábil del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. El registro sí está abierto: el art. 72.2 permite presentar todos los días del año durante las veinticuatro horas, y por eso el escrito se admite; lo que cambia es el momento en que se tiene por presentado. No se retrotrae al día hábil anterior, y la fecha no depende de cuándo lo abra la oficina.

El art. 74.5 prevé que quien no tenga firma electrónica confiera el poder por comparecencia personal ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial, no necesariamente la del asunto, y que ese letrado asegure en todo caso su inscripción en el Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales. Las oficinas de asistencia en materia de registros son de las Administraciones públicas (Ley 39/2015), no de la Justicia. Y la inscripción directa por el representante procesal (art. 76) cabe en los procedimientos que determine el Comité técnico estatal: no es la vía que el art. 74.5 da a quien carece de firma.

El art. 70.2 limita lo que admite cada registro judicial electrónico a los escritos y documentos dirigidos a los órganos judiciales, oficinas judiciales y oficinas fiscales adscritos a él. No hay una regla por orden jurisdiccional, por provincia o por comunidad autónoma, ni importa quién presenta. La vía común para los escritos dirigidos a la Administración de Justicia es otra: el Registro Electrónico Común (art. 73), complementario de los demás registros.

El art. 77 da un orden: la representación se acredita mediante consulta automatizada orientada al dato que confirme la inscripción, cuando el sistema lo permita, y en otro caso mediante la certificación de la inscripción. La certificación es la vía subsidiaria, no la primera. En todos los casos, quien asume la representación indica el número asignado a la inscripción en el Registro.

El art. 71.2 dice que los registros electrónicos generan recibos acreditativos de la entrega de los documentos que acompañan al escrito, y que esos recibos garantizan la integridad y el no repudio de lo aportado, además de la fecha y hora de presentación y el número de registro de entrada. Acreditar la entrega no es admitir el documento como prueba, que lo decide el órgano conforme a las leyes procesales, ni compararlo con un original en papel. Tampoco dice el artículo que el recibo lo incorpore de inmediato al expediente.

El art. 76 permite a los representantes procesales inscribir directamente el apoderamiento a su favor en los procedimientos que determine el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, según su cuantía o trascendencia. El contrapeso es la responsabilidad: si no puede acreditarse el otorgamiento en forma, quien se atribuyó la representación incurre en la responsabilidad civil, penal y disciplinaria que derive de su actuación. El artículo no prevé una multa del letrado ni un trámite de subsanación, ni habla de la nulidad de lo actuado.

El art. 72.1 fija el inicio del cómputo de los plazos de los órganos judiciales, las oficinas judiciales y las oficinas fiscales en la fecha y la hora de presentación en el propio registro, no en un trámite posterior de la oficina, como la dación de cuenta o la incorporación al expediente. La referencia es la fecha y hora oficial de la sede judicial electrónica de acceso. El traslado al día hábil siguiente es otra regla, la del art. 72.3, y se refiere a lo que presentan los interesados en día inhábil.