La sede judicial electrónica y la Carpeta Justicia

El art. 15.1.d incluye entre los contenidos mínimos de la Carpeta Justicia la posibilidad de que el ciudadano verifique sus accesos previos, que es la otra cara del art. 16.1: cada acceso deja constancia de qué se consultó y cuándo. La carpeta da acceso a los expedientes en que el ciudadano es parte o interesado (letra e), no a las sentencias de cualquier procedimiento; y ni el pago de multas y costas ni la presentación de demandas sin abogado ni procurador figuran en la lista.

El art. 18.1 permite pedir por la Carpeta Justicia cita previa ante los órganos y las oficinas judiciales y las oficinas fiscales, y ver las citas ya señaladas. Los servicios de orientación jurídica son el distractor tentador, pero lo que la norma prevé para la asistencia jurídica gratuita es un enlace en cada sede judicial electrónica a sus instrucciones o a su cita (art. 10.2.l), no la cita previa de la carpeta. Las oficinas de asistencia en materia de registros son de las Administraciones públicas, y los Institutos de Medicina Legal no figuran en el artículo.

El art. 16.1 obliga a los sistemas informáticos a dejar constancia, en cada acceso a la Carpeta Justicia, de la información a la que se ha accedido y de la fecha y la hora. Con eso el ciudadano puede verificar después sus accesos previos (art. 15.1.d). El artículo no pide registrar el dispositivo ni la dirección de red, ni el sistema de identificación usado, ni exige declarar un motivo para entrar.

El art. 8.1 define la sede judicial electrónica como una dirección electrónica cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las administraciones competentes en materia de Justicia: hay tantas sedes como administraciones con esa competencia. El Consejo General del Poder Judicial no es su titular. El Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica adopta acuerdos sobre el Punto de Acceso General y la Carpeta Justicia, pero no es titular de ninguna sede, y el órgano que origina la información responde de su veracidad (art. 11), no de la sede.

El art. 12.1 configura el Punto de Acceso General como un portal orientado a los ciudadanos con su propia sede electrónica, que como mínimo contiene la Carpeta Justicia y el directorio de las sedes judiciales electrónicas. El enlace al Tablón Edictal Judicial Único y el acceso a la agenda de señalamientos y a la videoconferencia son servicios mínimos de cada sede judicial electrónica (art. 10.2), y la cita previa se pide por la Carpeta Justicia (art. 18); los registros electrónicos tienen su propio título.

El art. 11 es una regla especial de responsabilidad: de la veracidad e integridad del contenido responde el órgano que origina la información que se incluye en la sede, aquí la oficina fiscal. El titular de la sede es el distractor tentador, porque el art. 8.3 le hace garantizar la integridad y la actualización de la información y el acceso a los servicios, pero la veracidad de lo que otro órgano aporta no es suya. El órgano que gestiona la sede y el Comité técnico estatal tampoco responden de ella.

El art. 8.2 exige una disposición publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o en el boletín o diario oficial de la comunidad autónoma que corresponda, y el art. 8.9 añade que ese instrumento de creación tiene que ser accesible desde la propia sede. El Punto de Acceso General contiene el directorio de las sedes (art. 12.1), pero figurar en él no las crea; y ni el Comité técnico estatal ni el Consejo General del Poder Judicial crean sedes por acuerdo.

El art. 10.2 enumera los servicios que toda sede judicial electrónica tiene que ofrecer al menos, y su letra k) es la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Junto a ella están la carta de servicios y la de servicios electrónicos (letra b) y el enlace para pedir cita para la asistencia jurídica gratuita (letra l). Ni el Plan de Transparencia Judicial, ni el código de conducta de los usuarios de los sistemas informáticos, ni ningún reglamento del Consejo General del Poder Judicial figuran en esa lista.

El art. 8.6 remite al art. 38 de la Ley 40/2015, que es el que regula la sede electrónica de las Administraciones públicas. La Ley 18/2011 es el distractor tentador: era la que regulaba antes las sedes judiciales electrónicas, pero la disposición derogatoria única del propio real decreto-ley la deroga. La Ley 39/2015 y la Ley 6/2020 aparecen en el art. 19 para la identificación electrónica, no para la sede.

Entre los contenidos mínimos de toda sede judicial electrónica, el art. 10.1.e incluye la información sobre protección de datos personales con un enlace a la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos y a las de las agencias autonómicas. El Consejo General del Poder Judicial es el distractor tentador, porque controla los tratamientos con fines jurisdiccionales, pero el enlace que exige este artículo es el de la Agencia. El Consejo de Transparencia y el Defensor del Pueblo no aparecen en él.

El art. 13.2 los remite a un reglamento, con informe previo del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, porque son requisitos para todo el territorio del Estado. No los fija cada comunidad autónoma por su cuenta ni el Consejo General del Poder Judicial. Los convenios aparecen en el art. 12.1, para que el Punto de Acceso General dé acceso a servicios de otras administraciones o corporaciones profesionales.