Las cooperaciones reforzadas, la acción exterior y la política común de seguridad y defensa

El art. 46.5: salir es decisión del propio Estado. La notifica al Consejo, que «tomará nota» de que ha finalizado su participación, sin autorizar nada. Tienta el Alto Representante porque la intención de entrar sí se le notifica a él además de al Consejo (art. 46.1 y 46.3); la de salir, no.

El art. 46.2: en los tres meses siguientes a la notificación, el Consejo adopta la decisión que establece la cooperación estructurada permanente y fija la lista de participantes, y se pronuncia por mayoría cualificada tras consultar al Alto Representante. La unanimidad, que es la regla general de las decisiones de la política común de seguridad y defensa (art. 42.4), no rige para crearla.

El art. 21.3 encarga esa coherencia al Consejo y a la Comisión, «asistidos por el Alto Representante», y les pide cooperar a tal efecto. El Consejo Europeo, que suena a la cúspide, no tiene ese papel en el artículo, y el Comité Político y de Seguridad no aparece en él.

El art. 20.1 la sitúa «en el marco de las competencias no exclusivas de la Unión»: en las exclusivas no cabe. Y no es un club cerrado de quienes la pusieron en marcha: las cooperaciones reforzadas «estarán abiertas permanentemente a todos los Estados miembros», en las condiciones que remite al Tratado de Funcionamiento.

El art. 42.4: esas decisiones, incluidas las de iniciar una misión, se adoptan «a propuesta del Alto Representante … o a iniciativa de un Estado miembro». La Comisión no tiene aquí la iniciativa: como mucho, el Alto Representante puede proponer recurrir a medios nacionales y a instrumentos de la Unión «en su caso conjuntamente con la Comisión». El Parlamento Europeo no aparece.

El art. 20.4 dice las dos cosas: esos actos vinculan únicamente a los Estados miembros participantes, y no se consideran acervo que deban aceptar los candidatos a la adhesión. Lo tentador es pensar que todo lo adoptado con las instituciones de la Unión pasa al acervo; el artículo lo excluye expresamente.

El art. 46.6: esas decisiones y recomendaciones se adoptan por unanimidad, y esa unanimidad «estará constituida únicamente por los votos de los representantes de los Estados miembros participantes». Los votos de los demás miembros del Consejo no cuentan para formarla.

Es la cláusula de asistencia mutua del art. 42.7: ante una agresión armada en su territorio, la obligación es de los demás Estados miembros, «con todos los medios a su alcance» y de conformidad con el art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas. No obliga a la Unión como tal ni espera a que el Consejo fije los medios. Se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados, y respeta los compromisos de quienes forman parte de la OTAN.

El art. 22.1: el Consejo Europeo se pronuncia «basándose en una recomendación del Consejo», que este adopta según las modalidades previstas para cada ámbito. La propuesta de la Comisión tienta por costumbre, pero el artículo no le da ese papel aquí; y lo que hace el Consejo es recomendar, no proponer.

El art. 45.2 lo deja a la mayoría cualificada, aunque las decisiones de la política común de seguridad y defensa se adopten por regla general por unanimidad (art. 42.4): es la excepción que tienta a contestar mal. Esa misma decisión fija la sede de la Agencia y tiene en cuenta el grado de participación efectiva de cada Estado en sus actividades.