El funcionamiento electrónico del sector público

El artículo 38.2 ata la sede a una responsabilidad de su titular: la integridad, la veracidad y la actualización de la información y de los servicios a los que se accede a través de ella. Responde de lo que la sede ofrece, no de lo que aportan los interesados ni de identificarlos, que son cuestiones de la Ley 39/2015. La conservación a largo plazo es lo que el artículo 46.3 pide a los soportes en que se almacenan los documentos, no a la sede.

El artículo 41.2 obliga a fijar de antemano los órganos competentes para definir, programar, mantener, supervisar y controlar la calidad del sistema y, en su caso, auditarlo con su código fuente, y además a indicar el órgano responsable a efectos de impugnación: si ningún empleado interviene directamente, tiene que constar contra quién se recurre. La ley no pide designar un órgano que responda de los daños del sistema ni uno que custodie el certificado de su sello, y tampoco exige avisar al interesado de que su acto es automatizado.

El artículo 46.1 hace del almacenamiento electrónico la regla para todos los documentos de las actuaciones administrativas, y su única excepción es que no sea posible. No depende de lo que elija el interesado ni del soporte de origen. Tampoco se libran los documentos que no contienen actos: el artículo 46.2 añade una exigencia para los que contienen actos que afectan a derechos o intereses de los particulares, pero no recorta la regla del 46.1.

El artículo 44 distingue dos casos. Si quienes se comunican pertenecen a una misma Administración, ella sola fija las condiciones y garantías (44.2); si pertenecen a Administraciones distintas, se establecen mediante convenio entre ellas (44.3). Que las decida una sola de las partes es la regla del caso interno, trasladada al que no le toca; y la ley no remite a una Conferencia Sectorial ni a la Administración General del Estado.

El artículo 40.1 exige que la relación de sellos de cada Administración, con las características de sus certificados y los prestadores que los expiden, sea pública y accesible por medios electrónicos, y añade que cada Administración facilite su verificación. Si estuviera reservada o hubiera que pedirla motivadamente, nadie podría comprobar un sello; y la ley no la liga a una publicación en boletín.

El artículo 38.3 somete la creación de las sedes a una lista de principios y fija dos garantías que se dan en todo caso: que se sepa qué órgano es el titular de la sede y que haya medios para formular sugerencias y quejas. La ley no exige que el Consejo de Ministros apruebe la creación de cada sede, ni atención telefónica, ni que los trámites sean gratuitos.

La lista del artículo 46 bis es cerrada: el censo electoral, los padrones municipales y otros registros de población, los datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y los de los usuarios del sistema nacional de salud. Los de afiliación a la Seguridad Social tientan por su parecido con los sanitarios, pero no figuran en ella.

La regla general del artículo 43.1 es personal: la actuación electrónica de una Administración se realiza con la firma electrónica del titular del órgano o del empleado público. El sello electrónico y el código seguro de verificación son los sistemas que el artículo 42 prevé para la actuación automatizada, que es justo la que el artículo 43 deja a salvo; y firma quien es titular del órgano o el empleado que actúa, no su superior jerárquico.

El artículo 42 recoge el código seguro de verificación entre los sistemas de firma de la actuación administrativa automatizada, vinculado a la Administración, órgano u organismo, y le asigna una garantía que se da en todo caso: comprobar la integridad del documento accediendo a la sede electrónica correspondiente. No identifica a un empleado firmante, porque en esa actuación no interviene ninguno de forma directa; y la comprobación se hace en la sede, no en el portal de internet, que es el punto de acceso a la información publicada (art. 39).

El artículo 38.6 lo resuelve con una pieza concreta: certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web, o un medio equivalente. El sello electrónico es otra cosa: es lo que el artículo 40.1 ofrece a las Administraciones para identificarse ellas, no lo que identifica a una sede ni asegura la comunicación con ella. Y ni un sello de tiempo ni un número de registro cumplen esa función según la ley.

El artículo 41.1 la define por dos rasgos: se realiza íntegramente por medios electrónicos y en ella no interviene de forma directa un empleado público. Usar medios electrónicos con un empleado detrás es justo lo que la definición deja fuera. Y la ley no la limita a los trámites ni a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: habla de «cualquier acto o actuación» en el marco de un procedimiento administrativo, también el que lo resuelve.

Lo normal, según el artículo 43.2, es que el sistema de firma del personal pueda identificar a la vez a quien ocupa el puesto o cargo y a la Administración u órgano en que sirve. Por razones de seguridad pública la ley permite reducirlo al número de identificación profesional del empleado: queda identificado sin exponer su nombre. El número de identificación fiscal es el dato que llevan los certificados de los sellos de la Administración (art. 40.1), y la ley no prevé una firma sin ningún dato del empleado.

El artículo 46 bis exige que esos sistemas, y los tratamientos de datos personales que hacen, se ubiquen y presten dentro del territorio de la Unión Europea. No lo restringe al territorio español ni lo extiende al Espacio Económico Europeo, y cifrar los datos no suple esa exigencia. La decisión de adecuación de la Comisión Europea aparece en el segundo párrafo del mismo artículo, pero para otra cosa: es una de las dos excepciones a la prohibición de transferir esos datos a un tercer país.