La Administración Pública en la Constitución

En el de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. El 105.a) no la extiende a las leyes de las Cortes ni a los presupuestos, y la de los actos administrativos es otra audiencia, en otro apartado.

Su imparcialidad: el 103.3 habla de «las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones». No habla de independencia, inamovilidad ni neutralidad de los funcionarios.

Que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. El 106.2 no exige que la actuación fuera ilegal, ni que la causara un acto firme, ni que un Tribunal la reconociera antes.

Una ley orgánica, y no una ordinaria: la composición y la competencia del Consejo de Estado no quedan en manos de un real decreto ni de su propio reglamento.

La del interesado, y «cuando proceda», no en todo caso. La audiencia de cualquier ciudadano no es la de este procedimiento.

Solo las de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad: el 104.2 pide para ellas una ley orgánica. El estatuto de los funcionarios, el procedimiento administrativo y los Colegios Profesionales se remiten a «la ley», sin calificarla.

El 103.3 trata de los funcionarios públicos, no de los Jueces y Magistrados. Su estatuto, el acceso a la función pública y el sistema de incompatibilidades sí los encarga a la ley.

En los términos establecidos por la ley, sin exigir que sea orgánica. Tampoco deja la indemnización a lo que decida cada Administración ni a un dictamen del Consejo de Estado.

La fuerza mayor es la única excepción del 106.2. No excluye la indemnización que el servicio funcionara con normalidad, que no haya un funcionario culpable ni que la lesión sea solo en bienes.

Mérito y capacidad: son los principios que el 103.3 nombra para el acceso a la función pública. Ninguno de los otros tres pares aparece en ese apartado como principio del acceso.

La seguridad jurídica es una de las garantías del ordenamiento del artículo 9.3. El 103.1 enumera cinco principios de actuación: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

A los Tribunales, que controlan también la potestad reglamentaria. El 106.1 no encomienda ese control de legalidad a las Cortes, al Consejo de Estado ni al Tribunal de Cuentas.

El libre ejercicio de los derechos y libertades. La soberanía, la independencia y la integridad territorial de España no son misión de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, y el interés público tutelado por la ley tampoco aparece en el 104.1.

El 104.2 nombra tres cosas: funciones, principios básicos de actuación y estatutos. Sus demarcaciones territoriales no están entre ellas.

El sometimiento de la actuación administrativa a los fines que la justifican. El 106.1 no somete a control judicial la oportunidad política, el gasto ni la eficacia de la gestión.

No: actúa «con sometimiento pleno a la ley y al Derecho», sin salvedades. Ni la potestad reglamentaria, ni la urgencia, ni un estado excepcional la sacan de ese sometimiento.

El honor no está entre ellos: es un límite de las libertades del artículo 20 (20.4). El 105.b) exceptúa lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, a la averiguación de los delitos y a la intimidad de las personas.