Economía y Hacienda

La totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal: nada de él se queda fuera. El apartado habla del sector público estatal, no del de todas las Administraciones, ni deja fuera a la Seguridad Social.

Un Consejo, con su composición y sus funciones remitidas a la ley. No es una comisión de las Cámaras, y no basta un real decreto del Gobierno para darle forma.

Promoverlas eficazmente: es un mandato a los poderes públicos, no un derecho que la Constitución reconozca, y no exige ley orgánica ni las limita a las empresas públicas.

La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural, junto al reparto de los límites entre Administraciones y la responsabilidad de cada Administración si incumple. La responsabilidad que se regula es la de cada Administración Pública, no la penal de sus cargos.

No, y sin salvedad: el artículo 134.7 lo dice así, «no puede crear tributos». Ni una mayoría reforzada ni el carácter temporal del tributo cambian la respuesta.

Mediante ley y cuando lo exija el interés general. El monopolio es el caso que el mismo apartado destaca para reservar recursos o servicios al sector público, no la condición para intervenir una empresa; y el 128.2 no la ata a que la empresa reciba subvenciones o fondos públicos ni a que la pidan sus trabajadores.

Ante el Congreso de los Diputados: el proyecto entra por el Congreso, no por el Senado, y no se presenta ante las dos Cámaras a la vez ni en sesión conjunta.

Todas las del Estado y del sector público estatal, que se le rinden porque lo manda la Constitución («se rendirán»): no depende de que lo encargue el Gobierno ni de que una Administración se adhiera, y el sector público estatal no se queda fuera.

Al interés general, y toda ella: «en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad», también la privada. La «función social» es otra fórmula, la que delimita el contenido de la propiedad privada y de la herencia en el artículo 33.2.

De los comunales: la misma ley y con los mismos principios. Los bienes vacantes y los eclesiásticos no aparecen en el artículo, y el patrimonio histórico y cultural es un principio rector, el del artículo 46.

Sí, las dos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Lo exclusivo del Estado es la potestad originaria (art. 133.1), no la de establecer tributos, y el artículo no distingue entre tasas e impuestos.

Los elabora el Gobierno, de acuerdo con las previsiones que le suministran las Comunidades Autónomas. Las Corporaciones locales no aparecen en el 131.2, y las Cortes no elaboran los proyectos.

Una ley orgánica, que lo fija en relación con su producto interior bruto. No es la Ley de Presupuestos de cada año, y la referencia es el PIB, no los ingresos.

Sí, los dos, pero habrán de estar autorizados por ley. La autorización la da una ley, no la Unión Europea ni el Tribunal de Cuentas, y alcanza también a las Comunidades.

Sí: el artículo 136.2 manda remitir el informe anual «sin perjuicio de su propia jurisdicción», así que la nombra como propia del Tribunal, junto a la fiscalización. Por eso es falso que se limite a fiscalizar, y la Constitución no la hace depender de ninguna delegación.

Las adoptan ellas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites del propio artículo 135. No necesitan delegación ni convenio con el Estado.

Al de estabilidad presupuestaria, que obliga a todas. El equilibrio presupuestario no es el principio del 135.1, y la eficiencia y la economía son criterios del gasto público en el artículo 31.2.

La agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía, dentro de «todos los sectores económicos». La industria, el turismo y la minería no se nombran en el artículo.

El valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Constitución no escribe ninguna cifra: remite al Tratado.

Una ley orgánica: no basta una ley ordinaria, y menos un real decreto o una norma que se dé el propio Tribunal.