El procedimiento ante el Defensor del Pueblo: las quejas y su investigación

La minoría de edad no es motivo de rechazo: no está en la lista del art. 17.3, y el art. 10.1 dice expresamente que no puede ser impedimento para dirigirse al Defensor. La mala fe, la carencia de fundamento, la inexistencia de pretensión y el perjuicio al legítimo derecho de un tercero sí permiten rechazar la queja.

Puede, y sin condiciones: el art. 10.1 dice que el internamiento en un centro penitenciario o de reclusión no puede constituir impedimento, igual que la nacionalidad, la minoría de edad o cualquier relación especial de sujeción con la Administración. No tiene que esperar a salir, el juez de vigilancia no tiene que dar paso a la queja y la ley no la limita a asuntos penitenciarios: el derecho es «sin restricción alguna».

En cualquier centro de la Administración pública, dependiente de ella o afecto a un servicio público (art. 19.2), para comprobar datos, hacer entrevistas o estudiar expedientes; y puede hacerlo él, su Adjunto o la persona en quien delegue. La ley no lo limita a la Administración del Estado —supervisa también la de las Comunidades Autónomas (art. 12.1)—, ni a los centros que nombre la queja, ni lo somete a la autorización del Jefe del centro.

Un año como máximo (art. 15.1). El mes es el plazo de otros trámites de su ley, como el de la Administración para responder a sus recomendaciones (art. 30.1), no el de la queja; y la ley no fija para ella ni tres ni seis meses.

No entra en su examen individual, y si ya lo había empezado lo suspende cuando el interesado acude a los Tribunales (art. 17.2). No lo archiva todo: puede seguir investigando los problemas generales que plantean las quejas, y vela por que la Administración resuelva en tiempo y forma lo que se le haya pedido.

Puede hacerla objeto de un informe especial, además de destacarla en la sección correspondiente de su informe anual (art. 24.1). Sus armas son la publicidad ante las Cortes, no la sanción: no impone multas, no suspende a nadie y la ley no le da la facultad de proponer ceses.

Que no entrañe una interferencia en el mando de la Defensa Nacional (art. 14). Dentro de ese límite vela por los derechos del título I en la Administración Militar como en cualquier otra: puede actuar también de oficio (art. 9.1), la ley no lo excluye en ningún periodo y no le exige avisar antes al Gobierno.

Por sí mismo y «en todo caso», de oficio o a instancia de parte (art. 12.1). Que la Comunidad tenga su propio defensor no le quita esa supervisión ni le obliga a actuar por medio de él: los órganos similares autonómicos coordinan sus funciones con las suyas y él puede pedirles cooperación (art. 12.2), pero no le hacen de intermediarios.

A la autoridad administrativa, en asuntos de su competencia (art. 10.3). Los demás no tienen ese veto: la nacionalidad no es impedimento, ni cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una Administración, como la del funcionario (art. 10.1); y los Diputados y Senadores pueden incluso pedir individualmente su intervención (art. 10.2).

El Consejo de Ministros, por acuerdo, y con la negativa se acompaña una certificación acreditativa del acuerdo denegatorio (art. 22.1). No basta la decisión del ministro ni la del Subsecretario del departamento que lo custodia, ni la del Presidente del Gobierno: fuera de ese acuerdo, al Defensor no puede negársele el acceso a la documentación de lo que investiga (art. 19.3).

Con carácter preferente y urgente (art. 19.1), y es una obligación de todos los poderes públicos. No es un auxilio subsidiario, que espere a que el servicio lo permita. Y «reservado» no es el carácter del auxilio, sino el de las investigaciones del Defensor, que se hacen «dentro de la más absoluta reserva» (art. 22.2).

Al Ministerio Fiscal, que investiga su realidad y adopta las medidas oportunas con arreglo a la ley o da traslado al Consejo General del Poder Judicial, según el tipo de reclamación (art. 13). El Defensor no las lleva a ningún tribunal: el Constitucional aparece en su ley por los recursos que puede interponer (art. 29) y el Supremo por el fuero del propio Defensor (art. 6.3). Tampoco las encauza por las Cortes, aunque pueda referirse al tema en su informe general.

Desde el momento en que el interesado tuvo conocimiento de los hechos objeto de la queja (art. 15.1), no desde que ocurrieron: quien se entera tarde no pierde el plazo por eso. La ley no lo ata a la notificación ni a la firmeza de ningún acto administrativo.

Al Fiscal General del Estado, de inmediato (art. 25.1), que además le informa del trámite de las actuaciones iniciadas a su instancia (art. 25.2). No se dirige al juez de instrucción ni al Presidente del Congreso. El Consejo General del Poder Judicial aparece en el art. 13, como destino del traslado que hace el Fiscal de algunas quejas sobre la Justicia, no para los delitos.

A las Diputaciones Permanentes de las Cámaras (art. 11.2), que es lo que hace también cuando las Cortes no están reunidas o ha expirado su mandato. Su actividad no se interrumpe (art. 11.1); lo que cambia es el interlocutor. Para estas situaciones la ley no le remite a la Comisión con la que se relaciona, ni a las Mesas, ni al Presidente del Congreso.

Individualmente y mediante escrito motivado (art. 10.2). No tienen que pasar por su grupo parlamentario, y la ley no pide el visto bueno de la Mesa de su Cámara: basta el escrito motivado de cada Diputado o Senador.

Ni uno ni otro estado interrumpen su actividad ni el derecho de los ciudadanos a acceder a él (art. 11.3), sin perjuicio de la suspensión de derechos que permite el art. 55 de la Constitución. Su actividad no queda en suspenso, la ley no distingue entre el estado de excepción y el de sitio, y no corta el acceso de los ciudadanos dejando solo la actuación de oficio.

Quince días como máximo, ampliables cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defensor (art. 18.1). Los diez días son el mínimo que se da al funcionario afectado por la queja para responder por escrito (art. 20.2), y el mes, el plazo de la Administración para responder a las recomendaciones (art. 30.1).

No: la correspondencia dirigida al Defensor desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia no puede ser objeto de censura «de ningún tipo» (art. 16.1). La ley no deja ninguna excepción, ni por autorización judicial ni por seguridad ni por el contenido. Tampoco pueden escucharse las conversaciones con el Defensor o sus delegados (art. 16.2).

Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna (art. 10.1). No se exige ser titular de un derecho subjetivo, que es un requisito más estrecho que el interés legítimo, y las personas jurídicas pueden dirigirse a él igual que las naturales.