Las resoluciones del Defensor del Pueblo, su informe a las Cortes y sus medios

La gravedad o urgencia de los hechos, cuando lo aconsejen (art. 32.2), que aprecia él. No hace falta que lo pida un grupo parlamentario ni que lo acuerde la Comisión parlamentaria de relaciones con él. La disolución de las Cortes no es el supuesto: si las Cámaras no están reunidas, lo que cambia es el destinatario del informe extraordinario, que son sus Diputaciones Permanentes.

Ante los Plenos de ambas Cámaras, donde los grupos parlamentarios pueden intervenir para fijar su postura (art. 33.4). No basta el Pleno del Congreso, no es una sesión conjunta de las Cortes, y la Comisión parlamentaria de relaciones con él (art. 2.2) no es la sede que la ley da a este resumen.

Puede sugerir que se modifiquen los criterios utilizados para producir el acto, pero no es competente para modificarlo ni para anularlo (art. 28.1). Modificar «sin llegar a anular» sigue siendo modificar, y la audiencia previa no le da una potestad de anulación que la ley le niega. Tampoco le atribuye la de suspender la ejecución de un acto: puede sugerir, no decidir.

Al órgano legislativo competente o a la Administración: a ellos puede sugerir la modificación de la norma (art. 28.2). El Ministerio Fiscal no aparece en ese precepto, la Comisión parlamentaria de relaciones con él no es quien aprueba ni modifica normas, y el art. 28.2 tampoco le remite al Tribunal Constitucional.

Se le reserva la plaza y destino que ocupaba antes de su adscripción, y se le computa, a todos los efectos, el tiempo que pase en la oficina del Defensor (art. 35.2). Las dos garantías van juntas: no pierde el puesto y el cómputo no se limita a la antigüedad.

Si tampoco obtiene una justificación adecuada, incluye el asunto en su informe anual o especial, con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado esa actitud (art. 30.2). La reserva de datos personales del art. 33.2 protege a los interesados en el procedimiento investigador, no a quien desatiende la recomendación. Y el último paso es el informe, no el Presidente del Gobierno.

Lo presenta ante las Cortes cuando se hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones (art. 32.1). La ley no fija un trimestre ni una fecha, no lo lleva a las sesiones extraordinarias y lo liga a cada año, no a la legislatura.

Para el recurso de inconstitucionalidad y el recurso de amparo (art. 29), los mismos que le reconoce la Constitución (art. 162.1, letras a y b). La cuestión de inconstitucionalidad la plantean los jueces y tribunales (Constitución, art. 163), y los conflictos de competencia enfrentan al Estado y a las Comunidades Autónomas o a estas entre sí (art. 161.1.c): en ninguno de los dos está legitimado el Defensor.

En término no superior a un mes, y por escrito (art. 30.1), sea cual sea la resolución: advertencia, recomendación, recordatorio o sugerencia. Quince días es el plazo máximo del informe que pide el Defensor al admitir una queja (art. 18.1), y diez días, el mínimo que se da al afectado para responder en la investigación (art. 20.2): son las cifras vecinas de la misma ley.

Informa al interesado del resultado de sus investigaciones y de la respuesta de la Administración o del funcionario implicados, salvo que, por su naturaleza, esta se considere de carácter reservado o esté declarada secreta (art. 31.1). Es la única salvedad: no depende de que la autoridad lo pida, de que la recomendación se haya aceptado ni de que el interesado lo solicite.

Con una partida dentro de los Presupuestos de las Cortes Generales (art. 37). No tiene una sección propia en los Presupuestos Generales del Estado, no depende del presupuesto de la Administración que supervisa, y la partida es de las Cortes Generales, no solo del Congreso.