El objeto de la ley de dependencia, sus definiciones y quién es titular de los derechos

El art. 4 bis distingue dos círculos: las personas cuidadoras no profesionales en general tienen los derechos de su apartado 2, y los de empleo, conciliación y Seguridad Social del apartado 3 son solo de la persona cuidadora principal designada como tal en la resolución que reconoce la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. No basta con ser la cuidadora principal si la prestación reconocida es otra, y quienes cuidan como profesionales no entran en este artículo.

La definición considera sujeción química ese uso de psicofármacos con independencia del grupo o familia y de sus dosis, y solo lo excluye cuando se debe a un trastorno psiquiátrico o médico diagnosticado. Ni una dosis baja ni el tipo de fármaco lo libran de ser sujeción, y la definición no hace depender nada de una autorización del centro.

La letra c) remite a la disposición adicional decimonovena el caso de las personas titulares de derechos que residen en el extranjero a consecuencia del destino oficial de miembros de su unidad familiar en una misión o servicio público amparado por la normativa estatal sobre acción exterior. Para los emigrantes, el mismo artículo prevé otra cosa: que el Gobierno fije las condiciones de acceso de los que retornan. Quien vive fuera por su propio trabajo o sus estudios no tiene esa regla.

El principio de la letra j) pone una sola condición a la permanencia en el entorno en que la persona desarrolla su vida: que sea su voluntad, facilitando su incorporación activa en la comunidad y evitando el aislamiento y la percepción de soledad. No la subordina al grado, a la valoración ni a que la familia pueda cuidar: la decide la persona.

El art. 4.4 obliga a suministrar la información y los datos que pidan las administraciones competentes para valorar el grado no solo a la persona en situación de dependencia y, en su caso, a sus familiares o a quienes la representen, sino también a los centros de asistencia. La ley no distingue entre centros públicos, concertados o privados, ni condiciona la entrega a una orden judicial.

Dentro del derecho de la persona cuidadora principal a medidas de conciliación, el art. 4 bis.3.b) obliga a las Administraciones competentes a garantizar la continuidad de la atención y los cuidados de la persona en situación de dependencia cuando la cuidadora está gravemente enferma u hospitalizada y no puede cuidar temporalmente. Lo garantizado es la atención a la persona cuidada, no una prestación a quien cuida, y el precepto no elige por ella una modalidad concreta, como el ingreso en una residencia.

La regla general acopla dos cifras: cinco años de residencia en total y, de ellos, dos inmediatamente anteriores a la fecha en que se presenta la solicitud. Haber vivido cinco años en España no basta si los dos últimos no se han pasado aquí, y dos años recientes tampoco bastan sin completar los cinco.

La ley define estas necesidades por quien las tiene: las personas con discapacidad intelectual o mental, para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad. No las vincula a la edad, a la discapacidad física ni a un grado de dependencia concreto.

La definición es abierta («tales como») y, tras enumerar tareas como reconocer personas y objetos, orientarse, el cuidado personal, la movilidad dentro y fuera del hogar o la gestión de la economía doméstica, añade las tareas necesarias para el ejercicio de todos sus derechos. No se limita al domicilio, porque la movilidad cuenta también fuera del hogar, y no deja su contenido a un baremo autonómico ni al criterio de un médico.

El art. 5.1 dispensa a la vez de la nacionalidad española y de los cinco años de residencia a los solicitantes de asilo en España, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, sin esperar a que se resuelva: también a los ya beneficiarios de asilo o de protección subsidiaria y a los de protección temporal. Lo que no se dispensa es estar en situación de dependencia en alguno de los grados de la ley.

La ley define la asistencia personal como un servicio que presta un asistente personal, que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de la persona en situación de dependencia de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal. Su fin se mira desde la persona atendida, no desde la familia ni desde quien la cuida, y no es atención sanitaria.

Las condiciones de acceso de los emigrantes españoles retornados las establece el Gobierno, previo acuerdo del Consejo Territorial: no basta con su informe, hace falta que lo acuerde. El Comité Consultivo es otro órgano del Sistema y este precepto no le da ningún papel, y tampoco exige la conformidad de cada comunidad autónoma por separado.

La libertad de elección del art. 4.2.ñ) se mueve dentro de un marco: las prestaciones previstas para su grado de dependencia, de entre las que elige las que más se ajusten a su voluntad, deseos y preferencias, con los apoyos necesarios si los precisa. No abarca todo el catálogo con independencia del grado; el grado no se elige, porque resulta de la valoración, y tampoco elige qué Administración la valora.

La definición asocia la dependencia a la edad, la discapacidad o la enfermedad, y añade que factores sociales o contextuales, como la falta de inclusión social, de entornos accesibles o de condiciones adecuadas de vida, pueden originarla o agravarla. No exige una discapacidad reconocida ni un diagnóstico previo, y el entorno no queda fuera: lo que la define es que la persona precisa, de forma permanente, cuidados y apoyos de otras personas o ayudas importantes para las actividades de la vida diaria.

Entre los principios de la ley figura que las personas en situación de gran dependencia serán atendidas de manera preferente. Esa preferencia es de prioridad, no de forma de atención: no les asigna un servicio concreto, como el residencial o el del entorno familiar, ni dice quién lo financia.

El criterio de la ley es el tiempo: de entre quienes proveen cuidados no profesionales, es principal quien dedica más tiempo a los cuidados y apoyos, y además tiene que figurar como tal en el Plan Individual de Atención. La definición no atiende al parentesco ni a la convivencia, y no la deja a lo que diga la solicitud de valoración.

Los cuidados profesionales los presta una institución pública o una entidad, con y sin ánimo de lucro, o un profesional autónomo, siempre que entre sus finalidades esté prestar servicios a personas en situación de dependencia, en su hogar o en un centro. Caben, por tanto, las entidades con ánimo de lucro y los autónomos, y la ley no exige una titulación sanitaria. Lo que los separa de los no profesionales es esa vinculación a un servicio, no el lugar donde se prestan.

El art. 4.2.h) reconoce el derecho a ser advertida de si los servicios que se le prestan pueden utilizarse en un proyecto docente o de investigación, y exige además su autorización previa, expresa y por escrito, o la de quien la represente. Informarla por escrito no basta, porque tiene que autorizarlo; un consentimiento verbal no cumple la forma escrita, y la ley no pone la decisión en manos de un comité del centro.