Los grados de dependencia y el reconocimiento del derecho

Con el cambio de residencia, el art. 28.4 encarga a la comunidad de destino determinar los servicios y prestaciones que correspondan a la persona, en función de su propia red. Por eso la persona no tiene garantizados exactamente los mismos que recibía, y la comunidad de origen deja de decidirlos. El artículo no da ese papel al Consejo Territorial ni a la Administración General del Estado.

La revisión del grado puede pedirla la persona interesada o sus representantes, y también pueden abrirla de oficio las Administraciones públicas competentes. La familia no la promueve por serlo, ni la persona cuidadora ni la entidad que presta los servicios; y la ley no la reserva a la Administración ni la ata a revisiones periódicas.

La regla del programa es la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona. Apartarse de ellos es excepcional y tiene una carga doble: justificarlo motivadamente y acreditar que antes se agotaron todas las opciones que permitían respetarlos. La ley no da al criterio técnico una prioridad automática, ni traslada la decisión a quien cuida o a un juez.

La revisión del grado tiene dos causas tasadas: que la situación de dependencia mejore o empeore, y que hubiera un error de diagnóstico o en la aplicación del baremo. El grado describe cuánta ayuda necesita la persona, así que lo revisa lo que cambia esa necesidad o lo que se valoró mal; no el traslado a otra comunidad, la renta, el paso del tiempo por sí solo, un baremo nuevo ni quién la cuida.

El art. 27.2 dice que el baremo tendrá entre sus referentes la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), adoptada por la Organización Mundial de la Salud. Es la única clasificación que la ley nombra: ni la Clasificación Internacional de Enfermedades, ni la escala de la incapacidad permanente, ni el baremo del grado de discapacidad aparecen en el artículo.

En el grado II la persona no requiere el apoyo permanente de una persona cuidadora; en el III, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona. La ley no mira si vive sola, dónde se presta la ayuda ni el diagnóstico: mira cuánta ayuda y qué apoyo necesita.

El art. 27.2 cierra la puerta: no es posible determinar el grado de dependencia mediante procedimientos distintos a los establecidos por el baremo. Grados y niveles de protección son cosas distintas, así que financiar un nivel adicional no permite a una comunidad medir el grado a su manera. Ni el consentimiento de la persona ni un informe favorable del Consejo Territorial abren otra vía.

La regla es tramitar los expedientes por su orden de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, pero el art. 28.7 permite apartarse de ella de oficio y de forma motivada cuando la intersección de factores —económicos, de accesibilidad, habitacionales, de salud, de aislamiento social, penitenciarios o de violencia de género o sexual— sitúa a la persona en especial vulnerabilidad, y entonces el expediente se tramita de urgencia. No hace falta que ella lo pida; lo que cambia es la tramitación, no el acceso posterior a los servicios ni cómo se determina el grado.

Las prestaciones pueden modificarse o extinguirse, previa audiencia, si varían los requisitos de su reconocimiento o se incumplen las obligaciones de la ley. Para el fallecimiento de quien percibe la de cuidados en el entorno familiar, el art. 29.4 fija una regla propia: se abona hasta el último día del mes en que se produce el deceso. No se prorratea por días ni se alarga al mes siguiente, y la ley no la traslada a la persona cuidadora.

El reconocimiento se efectúa mediante resolución de la Administración autonómica que corresponde a la residencia de quien lo solicita, y esa resolución vale en todo el territorio del Estado. Quien valora no es quien resuelve: el órgano de valoración interviene antes, al aplicar el baremo. Ni el Estado ni los ayuntamientos dictan esa resolución.

La escala de la ley empieza en la ayuda diaria: el grado I es ayuda al menos una vez al día; el II, dos o tres veces al día, y el III, varias veces al día. Ningún grado se mide por semanas, y la frecuencia intermedia, «dos o tres veces», es la del grado II, no la del III. La frecuencia, además, no es la única vía: cada grado admite también el criterio de las necesidades de apoyo para la autonomía personal.

Los órganos de valoración emiten un dictamen: dicen el grado de dependencia y especifican los apoyos y cuidados que la persona puede requerir. No resuelven: el reconocimiento llega después, por resolución, y el Programa Individual de Atención es otro instrumento, posterior. Tampoco valoran su capacidad económica, que no forma parte del grado.

El art. 29.3 enumera tres supuestos de revisión del programa: a instancia de la persona interesada o de quienes la representen; de oficio, en la forma y con la periodicidad que prevea la normativa autonómica, y con motivo del cambio de residencia a otra comunidad autónoma o a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. La edad, un baremo nuevo o la situación de quien cuida no figuran entre ellos.

El art. 31.1 evita que se pague dos veces por lo mismo: la percepción de una prestación económica de dependencia deduce de su cuantía cualquier otra de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social. La otra no se suspende ni se recorta: es la de dependencia la que se reduce en esa cantidad.

La ley pone nombre a cada grado: el I es dependencia moderada; el II, dependencia severa, y el III, gran dependencia. «Dependencia grave» no es una denominación de la ley.

La valoración combina tres fuentes: los informes sobre la salud y los cuidados de salud del profesional de medicina o enfermería de referencia, la valoración directa de sus capacidades físicas, cognitivas y funcionales y las condiciones y características del entorno en que vive; se consideran también los productos sanitarios, órtesis, prótesis y ayudas técnicas que se le prescriban. La capacidad económica, el tiempo de espera y las plazas disponibles importan en otros momentos, al acceder a las prestaciones, pero no al valorar.