El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y sus niveles de protección

Al regular la coordinación sociosanitaria, el art. 11.1.c añade que el Sistema Nacional de Salud garantiza su atención sanitaria en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía, sea cual sea su lugar y tipo de residencia. Vivir en una residencia, pública o privada, no cambia nada, y la ley no crea una sanidad aparte ni da prioridad a una forma de atención.

El art. 6.3 dice que integrarse en el Sistema no supone alteración alguna en el régimen jurídico de la titularidad, la administración, la gestión ni la dependencia orgánica del centro. El Sistema coordina centros y servicios que ya existen, públicos y privados, sin apropiárselos: ni la gestión ni la titularidad cambian de manos, y menos aún a favor de la Administración del Estado.

El art. 6.2 lo define como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios públicos y privados. Lo que lo hace público es su utilización, no la titularidad de cada centro: por eso caben los privados. Tampoco es un organismo con personalidad propia ni un servicio que gestione en exclusiva el Estado: es una red que coordina lo que ya existe.

El art. 10.1 sitúa ese acuerdo en el seno del Consejo Territorial, y el art. 8.2 lo cuenta entre sus funciones. El marco se desarrolla después mediante convenios con cada comunidad, pero no se acuerda en ellos. El Comité Consultivo es otro órgano del Sistema, sin esta función, y la Conferencia de Presidentes no aparece en la ley.

Entre sus funciones, el art. 8.2 le atribuye acordar el baremo del art. 27, con los criterios básicos del procedimiento de valoración y de las características de los órganos de valoración. El Consejo fija reglas comunes para todo el Estado; no valora a nadie, no resuelve ni revisa casos concretos y no nombra a quien valora: eso es gestión, y queda fuera de sus funciones.

El art. 9.1 encarga al Gobierno determinarlo, oído el Consejo Territorial, como condición básica de garantía del derecho. Oír al Consejo es un trámite de consulta, no un acuerdo que pueda bloquear la decisión, y el Comité Consultivo no interviene en él. Los convenios con cada comunidad tampoco: el mínimo es el mismo para todo el Estado.

El art. 9.2 pone la financiación pública del nivel mínimo a cuenta de la Administración General del Estado, que fija anualmente los recursos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es el suelo común que garantiza el Estado, y por eso lo paga él solo y año a año; lo que aportan las comunidades se suma para los otros niveles.

El art. 11.2 permite a las comunidades definir niveles adicionales con cargo a sus presupuestos y, para ellos, adoptar las normas de acceso y disfrute que consideren más adecuadas. Como los paga sola, decide sola: no tiene que copiar las reglas del nivel común, ni pedir el visto bueno del Consejo Territorial, ni pactarlas con el Estado.

El art. 8.1 los incorpora como asesores especialistas, con voz pero sin voto. Pueden intervenir en el debate, pero no cuentan en las decisiones, ni siquiera en las de su especialidad: así su presencia no altera la composición del Consejo.

Facilitar la puesta a disposición de documentos, datos y estadísticas comunes es una de las funciones que el art. 8.2 da al Consejo Territorial, el instrumento de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Las otras tres son funciones de las comunidades autónomas del art. 11.1: crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios, gestionar los servicios y recursos necesarios para la valoración y planificar, ordenar, coordinar y dirigir los servicios en su territorio.

El art. 8.1 lo dice expresamente: en la composición del Consejo Territorial tienen mayoría los representantes de las comunidades autónomas. Es coherente con lo que es: un instrumento de cooperación en una materia que gestionan las comunidades, y no un órgano paritario.

El art. 8.1 lo constituye con la persona titular del ministerio competente en servicios sociales, que lo preside, y con las personas titulares de las consejerías autonómicas competentes en servicios sociales y dependencia, una de las cuales ocupa la vicepresidencia. La Secretaría de Estado no es miembro: es el cauce por el que el Consejo se adscribe al ministerio.

El art. 12.2 lo permite «en la forma y condiciones que el propio Consejo disponga». No son miembros por ley —al Consejo lo forman el ministerio y las consejerías autonómicas—, pero tampoco están excluidas: es el Consejo, y no cada comunidad, quien decide cómo entran.