El derecho a la accesibilidad universal

El art. 32.2 extiende la misma obligación a los proyectos de viviendas de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o subvencionen por las Administraciones públicas y demás entidades dependientes o vinculadas al sector público. Lo que decide es la intervención pública, no el destino al alquiler: una promoción privada sin construcción, promoción ni subvención públicas no queda obligada por este artículo.

El art. 29.1 obliga a todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público. No se limita a las Administraciones ni a quien contrata con ellas, y alcanza también a las personas físicas: lo que queda fuera es lo que se ofrece en el ámbito de la vida privada y familiar.

El art. 30 se lo encarga a los ayuntamientos: son ellos quienes adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a personas con problemas graves de movilidad por razón de su discapacidad. El texto refundido no atribuye esta medida a las comunidades autónomas, a la Dirección General de Tráfico ni al Gobierno.

El art. 34.2 dice que las Administraciones fomentarán la adaptación de los inmuebles privados mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones. Consignar en los presupuestos la financiación de las adaptaciones es lo que el art. 34.1 les manda hacer con los inmuebles que dependen de ellas, no con los privados; y el artículo no prevé sanciones ni expropiaciones para estos.

El art. 32.1 permite adjudicarlas también a entidades sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad, siempre que las destinen a promover la inclusión social de las personas con discapacidad y la vida autónoma: viviendas asistidas, compartidas, de apoyo o proyectos de vida independiente. No cabe cualquier fundación ni un destino libre, y la ley no las abre a empresas ni a ayuntamientos.

El art. 22.2 dice que, en el empleo, esas condiciones básicas se aplican con carácter supletorio respecto a lo previsto en la legislación laboral: rigen en lo que esta no regule, no por encima de ella. No dependen de que las recoja un convenio colectivo, y el artículo no distingue entre empresas según reciban o no ayudas.

El art. 32.1 manda programar un mínimo de un cuatro por ciento de viviendas con las características constructivas y de diseño que garanticen la accesibilidad universal, con el objetivo de facilitar la desinstitucionalización y la vida independiente, y permite a las Administraciones públicas competentes incrementar ese porcentaje en función de las necesidades territoriales. Ni el 2 % ni el 7 % aparecen en este artículo, y el porcentaje no es fijo: la ley prevé expresamente que se pueda subir.

El art. 33 considera rehabilitación las reformas que las personas con discapacidad, o las unidades familiares o de convivencia con algún miembro con discapacidad, tengan que hacer en su vivienda habitual y permanente para que resulte accesible. No vale cualquier vivienda de su propiedad —tiene que ser la habitual y permanente— ni la compra de otra, y la ley no lo reduce a una obra concreta como el ascensor.

El art. 27.3 aplica la obligación a las obras de nueva construcción, reforma o rehabilitación de especial entidad: no impone adaptar de inmediato todas las instalaciones existentes ni fija un umbral de viajeros. Tampoco distingue por la titularidad: habla de las infraestructuras de transporte de uso público, y los baños deben contar con los recursos y el espacio necesarios para que esas personas hagan sus cuidados con privacidad y comodidad.

La letra c) del art. 23.2 regula los apoyos complementarios —ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo, servicios especializados y otras formas de apoyo personal o animal— y, en particular, las ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, entre ellos el braille, la lectura fácil y los pictogramas. Las exigencias de los edificios y entornos tratan la supresión de barreras, la adaptación de equipos y la señalización; las condiciones más favorables, el acceso a los recursos y la no discriminación en normas y prácticas; y las normas internas, lo que adoptan empresas y centros para eliminar desventajas.

El art. 25.1 remite a los plazos y términos que establezca el reglamento, pero añade un límite: para todos los espacios públicos urbanizados y edificaciones son exigibles de acuerdo con las condiciones y plazos máximos de la disposición adicional tercera. No rigen desde el primer día sin plazo, no dependen de lo que acuerde cada ayuntamiento y no se limitan a lo construido después.

El art. 29.2 dice que esa obligación no afecta a la libertad de contratación, incluida la de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando esa elección no venga determinada por su discapacidad. Se puede elegir con quién contratar, pero no descartar a alguien por ser persona con discapacidad, y eso vale igual en el sector público que en el privado.

Para los bienes y servicios nuevos de titularidad pública —y para los privados nuevos que conciertan o suministran las Administraciones— la disposición adicional tercera no da una fecha: son exigibles desde la entrada en vigor del real decreto que regule esas condiciones básicas. El 4 de diciembre de 2015 y el de 2017 son plazos de otros supuestos de la misma lista, como los bienes y servicios privados que la Administración no concierta ni suministra.

El art. 23.1 dice que esa regulación será gradual en el tiempo y en el alcance y contenido de las obligaciones impuestas: no se exige todo, ni a todos, desde el primer día. La dicta el Gobierno sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades locales, así que no las desplaza, y la ley no le fija una revisión periódica.