La igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad

Las medidas contra la discriminación miran el trato comparado: que nadie, por su discapacidad, reciba un trato peor que otra persona en una situación análoga o comparable, y si ya lo recibe, corregirlo. Compensar las desventajas de los grupos más expuestos es lo que hacen las de acción positiva (arts. 2.g y 67); la investigación aplicada es una medida de fomento (art. 71), y las ayudas económicas y técnicas son medidas de igualdad de oportunidades (art. 68).

El art. 66.2 manda tener en cuenta cuatro cosas: los costes de la medida, los efectos discriminatorios que tendría no adoptarla, la estructura y características de quien ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda. Ni el grado reconocido de quien lo pide, ni cuántas personas lo usarán, ni la antigüedad del entorno están en esa lista; por eso mismo las Administraciones pueden dar ayudas para sufragar esos costes.

El art. 77.2 deja fuera dos clases de procesos: los penales y los contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones sancionadoras. La exclusión no se queda en el proceso penal, no alcanza a los procesos sociales, donde la regla sí se aplica, y en lo contencioso solo afecta a los recursos contra sanciones.

El art. 72.2 pone una sola condición indispensable: que las actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias de la planificación sectorial que establezcan las Administraciones públicas. Que la entidad la promuevan las propias personas con discapacidad, sus familias o sus representantes legales no es un requisito: le da derecho a una «especial atención» (art. 72.1). Ni el ámbito estatal ni un informe del Consejo Nacional aparecen en el artículo.

El art. 73.1 encarga al Observatorio dos tareas: la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de conocimiento e información sobre la discapacidad, y el apoyo técnico al seguimiento de las estrategias y planes vinculados con la discapacidad y la accesibilidad universal. Apoya el seguimiento de esos planes, pero no los aprueba; no tiene potestad de inspección ni de sanción, y el baremo del grado no es cosa suya.

El informe es anual, amplio e integral, se elabora con datos estadísticos y con especial atención al género, y se eleva al Consejo Nacional de la Discapacidad para que lo conozca y lo debata. La ley no lo manda a las Cortes ni al Consejo de Ministros, y nadie lo aprueba: se eleva para conocimiento y debate. La Oficina de Atención a la Discapacidad es otro órgano y no lo recibe.

La protección contra las represalias del art. 75.3 alcanza a las personas físicas y también a las jurídicas: no se limita a la persona con discapacidad que reclama, ni se limita a quien reclama o testifica dejando fuera a las personas jurídicas, ni se ciñe al ámbito laboral. Cubre cualquier trato adverso o consecuencia negativa que sea reacción ante una reclamación o un procedimiento por la igualdad de oportunidades: también, por ejemplo, la que sufra una asociación que haya reclamado.

El art. 68.1 dice en qué pueden consistir las medidas de acción positiva: apoyos complementarios y normas, criterios y prácticas más favorables, es decir, un trato mejor para compensar una desventaja. La prohibición de conductas discriminatorias y de acoso, la eliminación de obstáculos y los ajustes razonables son, según el art. 66.1, el contenido de las medidas contra la discriminación, que no dan un trato mejor, sino que impiden uno peor.

El art. 63 dice cuándo se vulnera el derecho: discriminaciones directas o indirectas, discriminación por asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, y el incumplimiento de las medidas de acción positiva que la ley establece. La lista no recoge los plazos de un procedimiento de reconocimiento del grado ni la información al Observatorio, y las guías de buenas prácticas son una medida de fomento de la calidad (art. 70), no una exigencia cuyo incumplimiento recoja el art. 63.