El derecho a la igualdad, las prestaciones, la salud, la atención integral y la educación

Si la persona lo solicita, la universidad habrá de concederle, conforme a sus normas de permanencia, la ampliación del número de convocatorias en la medida que compense su dificultad, sin mengua del nivel exigido; las pruebas se adaptan, en su caso, a las características de la discapacidad. Lo que se compensa es el número de oportunidades, no el nivel: rebajarlo es justo lo que la ley excluye.

El art. 10 dirige la coordinación de la atención social y sanitaria a las personas que, por problemas de salud asociados a su discapacidad, necesitan de forma simultánea o sucesiva los dos sistemas de atención. El criterio es esa necesidad doble, no un grado de dependencia reconocido, el lugar donde se vive ni la renta.

La valoración y calificación definitivas esperan a que la persona haya alcanzado su máxima rehabilitación o a que la deficiencia sea presumiblemente definitiva, y eso no impide valoraciones previas para obtener determinados beneficios. La ley no la ata a una edad ni a un plazo desde la primera valoración, ni a una petición de la persona.

El art. 7 reconoce el derecho a usar los productos de apoyo y prohíbe obligar a prescindir de ellos o a desactivarlos, en especial en las relaciones con las Administraciones públicas. Pero deja a salvo una cosa: que, para participar en los procesos selectivos de acceso al empleo público o a la formación especializada, se acredite su necesidad. Por eso tampoco es cierto que no se le pueda pedir nada.

El art. 13 bis prohíbe expresamente el internamiento involuntario por razón de discapacidad, con una sola salvedad: la urgencia vital, que el propio precepto describe como los episodios de crisis que comprometan la vida del paciente o de terceros. No la abren la petición de la familia ni la prescripción médica, y contar con medidas de apoyo para tomar decisiones tampoco es una salvedad.

El art. 11 la configura a la vez como un derecho y un deber de la ciudadanía y de la sociedad en su conjunto, y como parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de los servicios sociales. No la encierra en el sistema sanitario, porque alcanza también a los servicios sociales; no la hace recaer sobre las familias, y no la deja a la voluntad de cada Administración, porque es una obligación prioritaria.

El art. 21 atribuye a los servicios de orientación educativa, además de apoyar a los centros docentes en el proceso hacia la inclusión, la responsabilidad de garantizar que las familias sean escuchadas y tengan un papel activo en la valoración de las necesidades educativas. Los equipos multiprofesionales de calificación valoran la situación de discapacidad, no las necesidades educativas, y la ley no encarga esta garantía a la inspección ni al consejo escolar.

El art. 9 declara a los beneficiarios de este sistema especial exentos de aportación por el consumo de especialidades farmacéuticas: no pagan nada, ni en función de su renta ni con la aportación de los pensionistas, y la ley no deja la cuestión a cada comunidad autónoma.

El art. 15 los incluye en los apoyos a la autonomía personal tanto de la persona con discapacidad como de sus familiares, y ya en el proceso habilitador o rehabilitador los orienta también al apoyo de su entorno familiar más inmediato. No los limita a los mayores de edad, a quien ejerce la tutela ni a los familiares que conviven con la persona.

La escolarización en centros de educación especial o en unidades sustitutorias es la excepción: solo procede cuando las necesidades del alumno no pueden atenderse con las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. La opinión de las madres, padres o representantes legales se tiene siempre en cuenta, y se escucha al alumno, pero no basta por sí sola; y la ley no la hace depender de un grado de discapacidad ni de una propuesta del equipo de valoración.

El art. 12.4 exige que respondan a criterios técnicos unificados, basados en la evidencia disponible: la misma vara para todos, no un baremo propio de cada comunidad ni el criterio de cada profesional. La autonomía de la persona se respeta en la orientación para la habilitación y la rehabilitación, pero no fija su calificación.

El art. 7 ter le da dos caracteres a la vez: es un derecho subjetivo y es un mecanismo de prevención de las deficiencias en la infancia, garante de un desarrollo infantil saludable. La ley no la presenta como una prestación sujeta a la disponibilidad presupuestaria, ni como una recomendación a las comunidades autónomas, ni como un complemento de la educación infantil.