Las infracciones y sanciones en materia de discapacidad

El art. 95.3.i tipifica como grave cometer la misma infracción leve tres veces en el plazo de tres meses. El año es el plazo de la regla paralela de las muy graves, que exige tres infracciones graves, y también el de la reincidencia que agrava la sanción (art. 84); pero repetir una leve dentro de un año, sin más, no la convierte en grave.

El art. 81.4.a califica de muy grave toda conducta de acoso relacionada con la discapacidad en los términos del art. 66. La calificación de grave es la de los actos discriminatorios u omisiones que suponen un trato menos favorable a la persona con discapacidad (81.3.a): la frontera entre los dos grados pasa por el acoso, y su calificación no depende de que la conducta se repita.

El art. 92 hace públicas las resoluciones firmes en vía administrativa por faltas graves y muy graves, y solo cuando lo acuerda la autoridad que las adoptó, una vez notificadas y con los datos personales disociados salvo el nombre de los infractores. Las de faltas leves no se publican, la firmeza que cuenta es la administrativa y la publicación no es automática.

Entre los criterios del art. 84.1 están la cifra de negocios o ingresos de la empresa o entidad, junto a la intencionalidad, la negligencia, el fraude o la connivencia, el incumplimiento de advertencias previas, el número de personas afectadas o el beneficio económico obtenido. El riesgo para la salud, por plausible que parezca, no figura en esa lista, y tampoco el reconocimiento de la responsabilidad ni la capacidad económica de la persona perjudicada.

Las multas del título III van de 301 euros a 1.000.000 de euros, y el art. 83 pone dos techos: la de una leve no excede en ningún caso de 30.000 euros, y la de una grave, de 90.000. Las otras cifras son límites de tramos internos de la escala que el art. 96 aplica en la Administración General del Estado, no los topes de cada grado.

El art. 81.2 califica de leves, en todo caso, los incumplimientos que afectan a obligaciones meramente formales de la ley y de sus normas de desarrollo. El texto refundido no rebaja a leve una conducta por haberse cometido por simple negligencia o sin perjuicio directo: ese no es su criterio. Y el beneficio económico o las advertencias previas sirven para graduar la sanción (art. 84), no para decidir que la infracción es leve.

La solidaridad depende de que no se pueda individualizar la responsabilidad: el art. 79.2 la declara solidaria cuando hay varios responsables y no es posible determinar el grado de participación de cada uno en la comisión de la infracción. Ni la gravedad de la infracción, ni que entre los responsables haya una persona jurídica, ni una decisión del instructor la hacen solidaria.

Las infracciones leves prescriben al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cuatro (art. 82). El texto refundido fija su propia escala, así que no hay que acudir a la supletoria general; las demás combinaciones mezclan cifras que este artículo no usa, como los seis meses para las leves, los dos años para las graves o los cinco años para las muy graves.

El art. 105 reparte el procedimiento por escalones: lo inicia el órgano con rango de Dirección General competente en discapacidad; lo instruye el órgano con rango de Subdirección General al que corresponde el impulso de las políticas sectoriales sobre discapacidad, que eleva la propuesta de resolución; y la sanción la impone el órgano que toque según la gravedad. La Secretaría de Estado no instruye, y una comunidad autónoma no instruye un procedimiento de competencia estatal.

El art. 78 declara básico el régimen del título III: las comunidades autónomas desarrollan y tipifican, en el ejercicio de sus competencias, las infracciones y sanciones en esta materia, y pueden establecer otras conforme a sus Estatutos de Autonomía. Por eso no es exclusivo del Estado ni deja a las comunidades solo la ejecución o la graduación de las multas.

La legitimación que el art. 89 da a estas organizaciones y asociaciones sirve para defender intereses sociales —ser interesadas en el procedimiento y recurrir el archivo o la desestimación de una denuncia—, pero en ningún caso supone trato preferente cuando son ellas las denunciadas o las presuntas infractoras. Se las trata como a cualquier otro responsable: sin rebaja de grado, sin archivo por subsanar y sin cambio de Administración.

Para la accesibilidad, el art. 95 tiene dos escalones. Es grave el incumplimiento de las normas de accesibilidad de entornos, transportes, medios de comunicación, productos y servicios que obstaculiza o limita su acceso o utilización regulares, y también el de las previsiones sobre los planes especiales de actuación de la disposición adicional tercera. Es muy grave cuando impide el libre acceso desde la planificación, el diseño y la urbanización, o cuando impide o dificulta gravemente el ejercicio de derechos fundamentales y el disfrute de libertades públicas.

El deber de colaboración del art. 93 incluye facilitar, previo aviso, el acceso a las dependencias; pero si coinciden con el domicilio de la persona, hace falta su consentimiento expreso o el mandato judicial correspondiente. Ni una orden administrativa, ni un aviso con más antelación, ni la presencia de un agente sustituyen esa garantía.

Obstaculizar la acción de los servicios de inspección es infracción leve (art. 95.2.c). Las otras tres son graves: la obstrucción o negativa a facilitar la información legalmente exigible que piden las autoridades o sus agentes, la negativa a adoptar un ajuste razonable y la imposición abusiva de una renuncia a derechos basada en una posición de ventaja. La frontera es fina: estorbar la inspección es leve; negar la información exigible, grave.

Cuando la infracción deriva de una actividad continuada, el art. 97.1 fija el inicio del cómputo en la finalización de la actividad o en el último acto en que la infracción se consume, no en el primero ni en el momento en que la Administración la conoce.

El criterio del art. 94 es territorial: el Estado sanciona cuando las conductas infractoras se proyectan en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma. Que una comunidad no tenga aún régimen propio no le quita la competencia, porque lo que se aplica entonces es el común del Estado con carácter supletorio; y ni la gravedad ni el lugar concreto de la conducta deciden quién sanciona.

Desatender un requerimiento administrativo específico es infracción grave (art. 81.3.c); lo que la eleva a muy grave es que el incumplimiento sea reiterado (81.4.b). Ni la materia del requerimiento ni la Administración que lo formula cambian el grado, y el art. 81 no hace depender la calificación de esta conducta de un perjuicio económico.