La protección social, la participación y las obligaciones de los poderes públicos

El art. 58 reparte la financiación según las competencias: con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y a los de las comunidades autónomas y entidades locales, que deben consignar las dotaciones correspondientes. Que la ley sea estatal no hace que la pague solo el Estado, y el precepto no crea ninguna cotización ni hace depender la financiación de lo que aporten las personas usuarias.

El art. 54.2 canaliza esa participación a través de sus organizaciones representativas, y obliga a las Administraciones públicas a promover las condiciones para que sea real y efectiva y a promover su presencia permanente en los órganos participativos y consultivos que traten materias de su interés preferente. La Oficina de Atención a la Discapacidad no es ese cauce: es un órgano con el que esas organizaciones colaboran. Las consultas populares y el Defensor del Pueblo no aparecen en el precepto.

El art. 55 define así al Consejo Nacional de la Discapacidad, cuya tarea es la definición y coordinación de las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad, y al que corresponde en particular promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación. La Oficina de Atención a la Discapacidad no es ese órgano colegiado: es un órgano del propio Consejo, permanente y especializado. El Observatorio Estatal de la Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad son órganos distintos.

El art. 53 reconoce ese derecho en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, conforme a la normativa en vigor, y obliga a las administraciones públicas a poner a su disposición los medios y recursos que precisen. El artículo no prevé una reserva en las candidaturas, ni un procedimiento de votación separado, ni exenciones: lo que garantiza es el ejercicio del derecho con los medios y recursos necesarios.

El art. 61.2 obliga a las Administraciones públicas a establecer programas permanentes de especialización y actualización, de carácter general y de aplicación especial para las diferentes discapacidades, y nombra expresamente la formación específica sobre trastornos del espectro autista y otras condiciones, además de los modos específicos de atención. Ninguna de las otras materias figura en el precepto, aunque alguna, como la lengua de signos, tenga su propia regulación.

El art. 51.5 da a los servicios de vivienda —la atención residencial, las viviendas tuteladas y otros alojamientos de apoyo para la inclusión— un segundo cometido: atender las necesidades básicas de las personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad, como cuando carecen de hogar o familia o hay graves problemas para garantizar una adecuada convivencia familiar. La edad, el trabajo o la condición de familiar cuidador no aparecen en el precepto.

El art. 59.2 pide promover esa imagen desde un enfoque de derechos humanos, apreciando la contribución de valor que las personas con discapacidad hacen a la sociedad, con medidas contra los sesgos, los estereotipos, los discursos de odio y los prejuicios capacitistas. Los otros enfoques existen en la ley para otras cosas: el diseño para todas las personas y la accesibilidad universal son principios y condiciones de los entornos, y el enfoque comunitario y centrado en la persona es el de la atención en salud mental.

Los centros ocupacionales aseguran los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social, para lograr el máximo desarrollo personal de las personas con discapacidad y, cuando sea posible, facilitar su capacitación y preparación para el acceso al empleo. La ley no les atribuye trabajo productivo ni contrato laboral alguno: su finalidad es terapéutica y de desarrollo personal, y el empleo es, como mucho, una meta posterior. Tampoco valoran el grado de discapacidad ni hacen intermediación laboral.