Quién es titular de los derechos y el respeto a la autonomía de las personas con discapacidad

La condición es que no tengan una protección equiparable en el país donde residen; la forma y los requisitos los fija el reglamento. Los convenios con el país de origen aparecen en el apartado anterior, pero para los extranjeros que están en España, no para los españoles de fuera. La ley no exige residencia previa ni domicilio fiscal.

Basta un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, además de quienes encajan en la definición del apartado 1. Es el umbral al que se remiten muchas otras normas cuando hablan de «personas con discapacidad». Las demás cifras no aparecen en el art. 4.2.

El mandato es para los poderes y las Administraciones públicas: sus disposiciones normativas, sus resoluciones, actos, comunicaciones y manifestaciones, y las de sus autoridades y agentes cuando actúan en calidad de tales. No alcanza a los particulares ni a los medios de comunicación como tales, y tampoco se queda en las normas: cubre también los actos y las comunicaciones de la Administración.

El art. 6.4 habla de las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general: lo que asegura es que también estén a disposición de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones y teniendo en cuenta sus necesidades, incluido el acceso a una vivienda digna. No se refiere a servicios aparte ni distingue por la titularidad.

Los poderes públicos han de generar las condiciones y ofrecer los apoyos necesarios para que la persona con discapacidad elija su lugar de residencia y dónde, con quién y cómo vivir, en igualdad de condiciones con las demás, sin verse obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Eso es lo que el artículo descarta; las demás exigencias no aparecen en él.

El art. 6.1 ancla el ejercicio de los derechos en la libertad en la toma de decisiones, y por eso los apoyos van a la información: tienen que asegurar su acceso y su comprensión, como presupuesto de un consentimiento informado con todas las garantías para la libertad y las preferencias de la persona. La ley no exige que cada decisión conste por escrito, ni que haya siempre una persona de apoyo presente, ni que la Administración la revise después.

La ley llama a esos procesos «estados previos» y los asimila a la discapacidad con un único fin: reconocer el derecho a los servicios de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades. No les abre el resto de medidas, que siguen pidiendo la condición de persona con discapacidad.

El art. 4.2 cierra las asimilaciones con una salvedad: con independencia de ellas, la persona puede solicitar la valoración con base en su discapacidad real. La asimilación no le cierra esa puerta, y la ley no le exige renunciar a la dependencia reconocida ni esperar ningún plazo.

La asimilación solo surte efecto en los ámbitos previstos por ley o por otras normas que la contemplen expresamente, y el propio artículo excluye uno por su nombre: el tributario. Ningún otro ámbito se nombra como excluido: en el empleo, los servicios sociales o la educación, la asimilación vale donde una ley u otra norma la prevea.

La equiparación que hace el art. 4.2 es limitada: vale a efectos de la sección 1.ª del capítulo V y del capítulo VIII del título I y del título II, no con carácter general (para el capítulo VI, el del trabajo, los equipara aparte el art. 35.1). No depende de una revisión previa del grado ni de que tengan o no reconocida una dependencia.