El derecho al trabajo de las personas con discapacidad

El art. 37.2 distingue tres tipos de empleo: el ordinario, en las empresas y en las Administraciones públicas, que incluye los servicios de empleo con apoyo y de empleo personalizado; el protegido, en empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad y en enclaves laborales, y el autónomo. El empleo con apoyo se presta dentro de una empresa del mercado ordinario; el enclave está en la lista del protegido.

El art. 40.1 lo dice para garantizar la plena igualdad en el trabajo: la igualdad de trato no impide mantener o adoptar medidas específicas que prevengan o compensen las desventajas ocasionadas por la discapacidad. Tratar igual no prohíbe compensar la desventaja, y la ley no reserva esas medidas al empleo protegido ni las supedita a un convenio.

El art. 36 entiende la igualdad de trato como la ausencia de toda discriminación directa, indirecta o por asociación por motivo o por razón de discapacidad, en el empleo, en la formación y la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo. Quien recibe el trato no necesita tener él la discapacidad, y el artículo no pone ninguna condición de convivencia. Un ascenso es promoción profesional, que está dentro de su ámbito.

La exención, parcial o total, es excepcional y tiene dos vías: los acuerdos de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, o la opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral. En los dos supuestos tiene que aplicar las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente. El texto refundido habla de una opción comunicada, no de una autorización expresa y motivada; el acuerdo es sectorial, no de empresa, y la exención alcanza por igual a las empresas públicas y a las privadas.

Son el conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo que facilitan la adaptación social y laboral de personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades de inclusión, en condiciones similares a quienes desempeñan puestos equivalentes. Los servicios de ajuste personal y social los prestan las empresas para la inclusión laboral a través de sus unidades de apoyo; reservar puestos es lo propio de la cuota de reserva, y las compensaciones económicas son una ayuda a otras empresas.

El art. 35.1 da esa consideración, a los efectos del capítulo VI y del ejercicio del derecho al trabajo, a quienes cobran de la Seguridad Social una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez, y a ciertos pensionistas de clases pasivas. No exige un grado reconocido ni otro requisito, y la incapacidad total basta: no hace falta que sea absoluta ni gran invalidez. El capítulo VI lo dice para sí mismo, con su propia regla.

El art. 38.1 la encarga a los servicios públicos de empleo, directamente o a través de entidades colaboradoras, y a las agencias de colocación debidamente autorizadas: la iniciativa privada autorizada también participa. Ni las empresas para la inclusión laboral ni las organizaciones representativas tienen encomendada la colocación.

El art. 45.1 permite crearlas tanto a organismos públicos y privados como a las empresas, siempre con sujeción a las normas legales, reglamentarias y convencionales que regulen las condiciones de trabajo. Las Administraciones públicas promueven además su creación, directamente o en colaboración con otros organismos, pero no tienen la exclusiva, y la ley no reserva la iniciativa a las entidades sin ánimo de lucro ni a las del ámbito de la discapacidad.

El art. 42.1 obliga a las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores a que, al menos, el 2 por 100 de ellos sean trabajadores con discapacidad. Ni el umbral de 100 trabajadores ni el 7 % están en este artículo: las demás combinaciones cambian el umbral, el porcentaje o los dos.

El art. 46 los prevé para facilitar la transición al empleo ordinario de las personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades para acceder a él, y deja al reglamento sus características y condiciones. Su razón de ser es ese paso, no un destino estable fuera del mercado ordinario. Reservar puestos en cada empresa es la cuota de reserva, y los servicios de ajuste personal y social los prestan las empresas para la inclusión laboral a su propia plantilla.

El art. 47 manda a los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, adoptar políticas de fomento del trabajo autónomo de las personas con discapacidad, dirigidas al establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas y profesionales por cuenta propia. No impone autorizaciones ni tutelas, y no fija ninguna exención de cuotas.

El art. 40.2 manda valorar si la carga queda paliada en grado suficiente con medidas, ayudas o subvenciones públicas para personas con discapacidad, los costes financieros y de otro tipo que impliquen las medidas, y el tamaño y el volumen de negocios total de la organización o empresa. Ni el grado reconocido, ni la antigüedad, ni la opinión de los representantes están entre esos criterios.

El art. 44.2 fija los criterios: que estas empresas reúnan las condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y que carezcan de ánimo de lucro. Ser de iniciativa social es otra calificación del art. 43, que aquí no se pide, y la ley no exige inscripción, antigüedad ni titularidad pública.

El art. 39.2 enumera ayudas posibles —subvenciones o préstamos para la contratación, la adaptación de los puestos o la eliminación de barreras, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social— y cierra con cuantas otras se consideren adecuadas para promover la colocación, «especialmente la promoción de cooperativas y otras entidades de la economía social». Ni las empresas de trabajo temporal ni las grandes empresas tienen ahí mención propia, y el acceso al empleo público se rige por su propia normativa.