El derecho de acceso a la información pública

Obtener un dato por la vía del acceso no lo libera: su tratamiento posterior queda sujeto a la normativa de protección de datos personales, como el de cualquier otro dato.

Cuando la información está en poder del órgano pero la elaboró o generó, en su integridad o en su parte principal, otro sujeto, la solicitud se remite a ese otro para que decida. Tenerla en el archivo no convierte al ministerio en quien decide.

La ley da a la reclamación la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos: ocupa su lugar, así que no hay que agotar antes una alzada o una reposición, ni se presenta a la vez que ellas.

Los terceros debidamente identificados cuyos derechos o intereses puedan verse afectados tienen quince días para alegar. Se informa de ello al solicitante, y el plazo para resolver queda suspendido hasta que lleguen las alegaciones o pase el plazo para presentarlas.

Con oposición de un tercero, el acceso concedido espera: se da cuando ha pasado el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin que se haya interpuesto, o cuando el recurso se ha resuelto confirmando el derecho a recibir la información. Así el tercero puede impugnar antes de que la información salga.

Los datos meramente identificativos relacionados con la organización, el funcionamiento o la actividad pública del órgano se dan con carácter general. Se niegan si, en el caso concreto, la protección de datos u otros derechos constitucionalmente protegidos pesan más que el interés público en divulgarlos.

Para la ideología, la afiliación sindical, la religión y las creencias, la ley exige un consentimiento que sea a la vez expreso y por escrito, y solo lo excusa si el propio afectado había hecho manifiestamente públicos esos datos antes de que se pidiera el acceso. Las otras tres opciones cambian una de esas dos piezas.

Las unidades especializadas de la AGE gestionan el acceso desde dentro: reciben y tramitan las solicitudes, hacen los trámites internos, siguen su tramitación, llevan su registro, difunden la publicidad activa y mantienen un mapa de contenidos. Resolver reclamaciones, fijar criterios de interpretación o instar sanciones no está entre sus funciones.

Contra las resoluciones de los órganos del art. 2.1.f, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial, no cabe la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ni un recurso administrativo: solo el recurso contencioso-administrativo.

La ley no inadmite cualquier solicitud abusiva, sino la que tiene un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia que persigue la propia ley; junto a ella, las manifiestamente repetitivas. No fija cupos de solicitudes ni mide el trabajo que cuesta atenderlas.

La ley obliga a las dos autoridades a adoptar juntas los criterios para aplicar, en su ámbito de actuación, las reglas sobre datos personales en el acceso. Ninguna los fija sola, ni con un simple informe de la otra.

Fuera de las categorías especialmente protegidas no hay consentimiento que recabar ni regla automática: el órgano pondera, de forma suficientemente razonada, el interés público en la divulgación frente a los derechos de los afectados, en particular su derecho a la protección de datos. La ley le da criterios para hacerlo, como que los afectados sean menores de edad.

La solicitud va al titular del órgano o entidad que posee la información. Pero cuando quien la tiene es una persona física o jurídica que presta servicios públicos o ejerce potestades administrativas, se dirige a la Administración, organismo o entidad a la que está vinculada.

La comunidad puede atribuir esa competencia al Consejo, pero mediante un convenio con la Administración General del Estado en el que se fijen las condiciones en que la comunidad sufraga los gastos que eso supone.

Si el límite no cubre toda la información, la regla es el acceso parcial: se omite lo afectado, se entrega el resto y se avisa al solicitante de que se ha omitido una parte. La excepción es que el resto quede distorsionado o sin sentido; la ley no fija proporciones ni pide que el solicitante lo acepte antes.

Ante una solicitud imprecisa se pide al solicitante que la concrete en diez días, advirtiéndole de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido.

El plazo para resolver puede ampliarse cuando el volumen o la complejidad de la información lo hagan necesario, y notificándolo antes al solicitante. La carga de trabajo del órgano no es causa, y las otras dos situaciones tienen su propio trámite.

Con datos de salud, el acceso solo puede autorizarse con el consentimiento expreso del afectado o si lo ampara una norma con rango de ley. Si el afectado no ha consentido, queda únicamente la segunda vía; ninguna de las otras opciones abre el acceso a esta categoría de datos.

Hay casos en que confirmar o negar que la información existe ya causa el daño que el límite quiere evitar. Entonces se desestima la solicitud y se indica esa circunstancia, sin revelar si la información está o no en poder del órgano.

Las materias con un régimen propio de acceso se rigen por su normativa específica, y la Ley 19/2013 actúa como supletoria. La ley lo dice expresamente de la información ambiental y de la destinada a la reutilización.