El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

La ley da al Consejo personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y dice que actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines. Por eso no cabe que el Gobierno lo dirija ni le dé instrucciones, y tampoco lo hacen las Cortes Generales: la independencia es plena, no solo frente a uno de los dos.

El Presidente insta el inicio del procedimiento sancionador: lo pide, pero no lo abre. La decisión de incoarlo es del órgano competente, que si decide no hacerlo tiene que motivarlo. Tampoco instruye el procedimiento ni impone la sanción.

El mandato es de cinco años y la ley lo declara no renovable: al terminarlo no cabe un segundo periodo. Las dos piezas van juntas, y por eso fallan tanto la duración de cuatro años como la posibilidad de renovar una vez.

Además del Presidente, de un Diputado y de un Senador, la ley sienta en la Comisión a un representante del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y a otro de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, como dice la ley. Ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Consejo de Estado, ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tienen sitio en ella.

El Congreso tiene un mes natural para refrendar el nombramiento, desde la recepción de la comunicación correspondiente. Es un plazo propio de este trámite: no se cuenta en días ni se alarga a varios meses, y no tiene que ver con los plazos de las solicitudes de acceso ni de las reclamaciones.

La ley crea el Consejo y deja su organización, su estructura y su funcionamiento a un estatuto que aprueba el Consejo de Ministros mediante real decreto. No es una norma de las Cortes ni la dicta el propio Consejo a través de su Comisión.

La ley reparte las funciones en dos listas. Asesorar, promover la formación y la sensibilización y colaborar con órganos de naturaleza análoga están en la que encomienda al Consejo para conseguir sus objetivos. Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones de la ley está en la otra, la de las funciones que ejerce su Presidente.

La ley le asigna cuatro fines: promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Garantizar que se cumplan no es escribirlas, porque las fija la propia ley, ni imponer su lectura a los jueces, ni fiscalizar las cuentas de nadie.

Ser miembro de la Comisión no exige dedicación exclusiva ni da derecho a remuneración. La excepción es el Presidente, que sí percibe retribuciones, fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012; los demás miembros, no. Ninguna de las combinaciones que pagan a los demás miembros, o que les piden dedicarse solo a la Comisión, está en la ley.

El Presidente se nombra por real decreto, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, después de comparecer ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El refrendo lo da el Congreso a través de su comisión competente, no del Pleno, y con un acuerdo adoptado por mayoría absoluta: la simple no basta.