Los órganos administrativos y la competencia

El artículo 8.3 da dos reglas cuando una disposición atribuye la competencia a una Administración sin decir qué órgano la ejerce: instruyen y resuelven los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio, y, si hay más de uno, su superior jerárquico común. No decide quién empezó antes ni se reparte entre los dos, y tampoco sube a cualquier órgano superior de la materia: sube al superior común de esos órganos.

El artículo 10.2 exige que la avocación se acuerde de forma motivada y que el acuerdo se notifique a los interesados, si los hay, con anterioridad a la resolución final o simultáneamente a ella. No hay un plazo en días desde su adopción, no puede notificarse después de resolver y no depende de que lo pidan: la notificación es obligatoria.

El artículo 13.2 dice las dos cosas en una sola frase: la suplencia no implica alteración de la competencia y para su validez no es necesaria su publicación. El suplente ejerce la competencia del titular sin que esta cambie de órgano, y por eso no hace falta publicar nada. Lo que sí exige la ley es que en las resoluciones conste la suplencia, a quién se suple y quién la ejerce (13.4).

Según el artículo 9.6, la delegación es revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido: no hace falta alegar causa. Tampoco revoca quien la aprobó previamente en la Administración General del Estado (9.1): su papel se agota antes de que la delegación exista. La revocación, eso sí, se publica como la propia delegación (9.3).

El segundo párrafo del artículo 13.1 cubre el hueco de que no haya suplente: la competencia se ejerce por quien designe el órgano administrativo inmediato superior del que dependa. El superior no la ejerce él mismo, sino que designa a quien la ejerce. Al órgano competente para el nombramiento el artículo 13.3.b) le permite, en la Administración General del Estado, designar suplente, pero no ejercer él la competencia; y la ley no deja la designación en manos del titular que va a ser suplido.

El artículo 9.4 dice que las resoluciones adoptadas por delegación se consideran dictadas por el órgano delegante, y que deben indicar expresamente esa circunstancia. Las adopta el delegado, pero la ley las imputa al delegante, titular de la competencia. No se imputan a quien aprobó la delegación en la Administración General del Estado ni a los dos órganos a la vez.

El artículo 9.3 manda publicar las delegaciones y su revocación en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a la que pertenezca el órgano delegante y su ámbito territorial. No van siempre al BOE: la delegación de un órgano autonómico va al boletín de su Comunidad. Y no basta con notificarla al delegado o difundirla en la sede electrónica: la publicación en el boletín es obligatoria.

El artículo 14.1 manda al órgano que se estime incompetente remitir directamente las actuaciones al órgano que considere competente y notificar esa circunstancia a los interesados. No archiva, no devuelve la solicitud y no tiene que elevar antes el asunto a su superior: la remisión es directa.

El artículo 11.3 da dos reglas de formalización. Entre órganos o Entidades de distintas Administraciones, la encomienda se formaliza mediante la firma de un convenio entre ellas, que se publica en el boletín que corresponda al encomendante (11.3.b). El acuerdo expreso de los órganos intervinientes es la regla supletoria entre órganos de la misma Administración (11.3.a). Y un contrato no sirve: la encomienda no puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos (11.1).

El artículo 13.1 permite suplir temporalmente al titular de un órgano en caso de vacante, ausencia o enfermedad, y también cuando se haya declarado su abstención o su recusación: el titular no puede intervenir en ese asunto y alguien tiene que ejercer la competencia. La acumulación de funciones, un expediente disciplinario o un cese pendiente no figuran entre los supuestos.

El artículo 9.5 distingue dos momentos. Que la norma del procedimiento prevea un dictamen o informe preceptivo no impide delegar la competencia para resolver; pero, una vez emitido ese dictamen o informe, ya no puede delegarse. La ley no distingue según el informe sea vinculante o favorable: lo que cierra la puerta es que se haya emitido.

El artículo 14.3 solo admite conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y sobre asuntos cuyo procedimiento administrativo no haya finalizado. Entre un superior y su órgano dependiente no hay conflicto posible, porque decide la jerarquía; el artículo no los prevé entre Administraciones distintas; y, terminado el procedimiento, ya no cabe suscitarlo.

El artículo 12.1 permite a los titulares de los órganos delegar la firma de sus resoluciones y actos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que dependan de ellos, dentro de los límites del artículo 9. No en cualquier órgano de su Administración ni en uno de su mismo nivel, que no dependen de él, ni en cualquier funcionario: quien recibe la firma es el titular de un órgano o unidad dependiente.

El artículo 8.1 dice que la delegación de competencias no altera la titularidad de la competencia, aunque sí los elementos determinantes de su ejercicio: el delegante sigue siendo el titular y el delegado ejerce. Lo que puede trasladar la titularidad y el ejercicio a la vez es la desconcentración en órganos jerárquicamente dependientes (8.2), y de ahí sale el distractor tentador.

El artículo 12.2 dice que la delegación de firma no altera la competencia del órgano delegante y que para su validez no es necesaria su publicación. Ahí está su diferencia con la delegación de competencias, que sí se publica en el boletín que corresponda (9.3). Lo que exige es otra cosa: que en las resoluciones firmadas por delegación conste esa circunstancia y la autoridad de procedencia (12.3).

El artículo 9.2 enumera cuatro supuestos: las relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno, las Cortes Generales y las instituciones autonómicas que nombra; la adopción de disposiciones de carácter general; la resolución de recursos en el órgano que dictó el acto recurrido; y la letra d) deja abiertas las materias que fije una norma con rango de ley. Las competencias de un órgano colegiado que exigen quórum o mayoría especial no están en ella: el artículo 9.7 permite delegarlas, siempre que el acuerdo de delegación se adopte con ese mismo quórum o mayoría.

El artículo 10.1 permite a los órganos superiores avocar los asuntos de sus órganos dependientes; pero cuando la delegación se hizo en un órgano no dependiente jerárquicamente, el asunto solo puede avocarlo el órgano delegante. No el superior jerárquico del delegado, que no le delegó nada, ni el superior común, ni el órgano que aprobó la delegación en la Administración General del Estado (9.1).

En la Administración General del Estado la delegación necesita aprobación previa, y el artículo 9.1 dice de quién según el caso: por regla general, del órgano ministerial del que dependa el delegante; entre órganos sin relación jerárquica del mismo Ministerio, del superior común; y si son de Ministerios diferentes, del órgano superior del que dependa el órgano delegado. El Consejo de Ministros no interviene en esta aprobación.

El artículo 13.4 exige que conste la suplencia y que se especifique el titular del órgano suplido y quién está ejerciendo efectivamente la suplencia. No pide el acto que designó al suplente ni la causa: que el real decreto exprese la causa y el carácter de la suplencia es lo que la Ley 50/1997 (art. 13.2) dice de la suplencia de los Ministros. La autoridad de procedencia es lo que el artículo 12.3 exige que conste en la delegación de firma.

Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso (art. 10.2): ni alzada ni reposición contra el propio acuerdo. Pero tampoco queda fuera de todo control: puede impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.