Los anticipos de caja fija, los pagos a justificar y la gestión de los ingresos

El art. 78.1 destina los anticipos de caja fija a la atención inmediata, y posterior aplicación al presupuesto del año, de gastos periódicos o repetitivos: lo menudo y recurrente, que no merece tramitar cada vez el procedimiento entero. Los gastos inaplazables sin crédito son el terreno de otra figura con nombre parecido, el anticipo de Tesorería del art. 60, que es un puente hacia un crédito extraordinario o un suplemento y no tiene nada que ver con la caja de un departamento. Las inversiones de varios ejercicios y las nóminas de la plantilla tampoco: el anticipo se aplica al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, no al de personal ni al de inversiones.

El art. 79.6 da a la autoridad competente los dos meses siguientes a la fecha en que se aportan los documentos justificativos para aprobar la cuenta o repararla. El plazo corre desde la aportación porque hasta entonces no hay nada que revisar: contarlo desde el libramiento, como hacen dos de las opciones, confunde el inicio. La opción de veinte días desde la aportación acierta el momento y acorta el plazo.

El art. 81 calcula el interés legal del dinero, el que fije la Ley de Presupuestos de cada período, desde la fecha en que se hizo el ingreso indebido en el Tesoro hasta la fecha en que se propone el pago de la devolución. Empieza en el ingreso porque desde ese día la Administración tiene un dinero que no le correspondía; termina en la propuesta de pago, no en el pago efectivo. Las opciones que lo hacen correr desde la solicitud recortan el principio, y las del pago efectivo alargan el final más allá de lo que dice el artículo.

El art. 80.3 manda contabilizar de forma diferenciada las extinciones que no se deben al cobro ni a la compensación, y distingue dos grupos: las que se producen por anulación de la liquidación y las que se producen en el proceso de recaudación por prescripción, condonación o insolvencia. La prescripción va en el segundo. La anulación de la liquidación es el distractor tentador, porque es la otra casilla de esa misma contabilidad aparte. La compensación es otra forma de extinguir el derecho, no la manera de reflejar una prescripción, y la ley no permite darlo de baja sin contabilizarlo.

El art. 79.1 prevé exactamente este caso: cuando, excepcionalmente, no puede aportarse la documentación justificativa en el momento previsto en el art. 73.4, el del reconocimiento de la obligación, pueden tramitarse propuestas de pago y librarse fondos con el carácter de a justificar; la justificación llega después, con la cuenta. El anticipo de caja fija es el distractor tentador por vecindad, pero no responde a la falta de documentación: es un sistema distinto, que el art. 78 regula para otro tipo de gastos. El anticipo de Tesorería atiende a la falta de crédito, no de justificantes, y la incorporación es una modificación de crédito.

El art. 77.2 obliga al perceptor a restituir y encarga al órgano que cometió el error que originó el pago indebido disponer la restitución de inmediato y de oficio, sin esperar a que nadie lo pida. El Ministro de Hacienda es el distractor tentador porque el mismo apartado lo nombra, pero solo para establecer el procedimiento cuando no hay uno específico, no para decidir cada restitución. La Intervención no la dispone, y el perceptor no tiene que instarla: la iniciativa es de la Administración.

El párrafo segundo del art. 78.1 las define como provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente: los fondos no se imputan al presupuesto cuando se entregan a la caja, sino que se aplican después, cuando se justifican los gastos, y la provisión se mantiene en lugar de agotarse en una sola operación. Cada distractor cambia uno de los dos rasgos o los dos: quien recuerda que son permanentes pero cree que se imputan al presupuesto al entregarse cae en la opción presupuestaria.

El art. 78.3 fija la cifra y la base a la vez: la cuantía global no puede superar, para cada ministerio u organismo autónomo, el siete por ciento del total de créditos de su capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente. La base de los créditos autorizados al Estado por la Ley de Presupuestos es la del anticipo de Tesorería del art. 60, una figura distinta que también se llama anticipo, y de ahí sale la confusión. «Como regla general» porque el mismo apartado permite superar ese porcentaje a la Agencia Española de Cooperación Internacional y en una partida concreta del Ministerio del Interior.

El art. 79.3 exige que todas las propuestas de pago a justificar, cualquiera que sea su finalidad, incluyan un calendario de las actuaciones que se pretende financiar con el libramiento. Sirve para comprobar que el gasto cae en el ejercicio, y si del calendario resultan gastos plurianuales hay que tramitar un expediente que desglose las anualidades. La ley no pide la relación de acreedores, y la documentación de las obligaciones llega después, con la cuenta; tampoco pide la ley un informe de la Intervención General ni una memoria de urgencia.

El art. 77.1 define el pago indebido como el realizado por error material, aritmético o de hecho, a favor de quien no tiene derecho a cobrar o en cuantía mayor que la reconocida. La lista es cerrada y no incluye el error de derecho: equivocarse al interpretar la norma no convierte el pago en indebido a estos efectos, y lo que se derive de un acto inválido sigue otro camino, la revisión del apartado 3. La ley no exige que el error de hecho sea imputable al perceptor: basta con que el pago se haya hecho por error a quien no tenía derecho o por más de lo reconocido. Y no deja la calificación al juicio de la Intervención.

El art. 78.4 limita la cuantía global de los fondos de maniobra de todos los centros de gestión de una misma entidad al tres por ciento de los créditos de su capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente. El 7 % es el distractor tentador: el mismo apartado permite al ministro competente elevar el porcentaje hasta ahí, pero eso es el techo de la elevación, no el límite que la ley fija de entrada. El 1 % y el 10 % no son el límite de estos fondos.

El art. 79.3 aplica a los libramientos a justificar la regla de temporalidad de los créditos (art. 49) y le abre una sola excepción: el Consejo de Ministros puede acordar que, con los fondos librados a justificar para gastos en el extranjero imputados a un presupuesto, se atiendan gastos del ejercicio siguiente, si lo considera relevante para el interés general. Ni el Ministro de Hacienda ni el ministro del departamento pueden hacerlo por su cuenta, aunque gestionen el crédito, y la Intervención General controla, pero no decide excepciones a la temporalidad.

El art. 79.2 dice que la designación implica la atribución de competencias para realizar los gastos y pagos que se deriven de esos fondos y para formar, rendir y justificar las cuentas correspondientes: el órgano designado gestiona el ciclo completo. Quedarse en la custodia, sin poder pagar, es el distractor tentador, porque recorta la competencia a la mitad. La designación no tiene que ver con la fiscalización de la Intervención, y el artículo no habla de trasladar ninguna responsabilidad del ministro.

El art. 80.2 lo define como el acto que, conforme a la normativa de cada recurso, declara y liquida un crédito a favor de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos o de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. La opción del crédito exigible contra la Hacienda es la tentadora porque suena parecida, pero mira en la dirección contraria: es lo que se declara al reconocer una obligación en el lado del gasto. El cobro es una forma de extinción, la fase siguiente, y reservar crédito es propio de los gastos, no de los ingresos.

El art. 77.4 cuenta los intereses desde el momento en que se produjo el pago hasta la fecha en que se acuerda la procedencia del reintegro; solo si el perceptor devuelve el dinero voluntariamente, sin requerimiento previo, el final se adelanta a la fecha de esa devolución. La opción que alarga el cómputo hasta que los fondos vuelven al Tesoro acierta en el inicio y falla en el final, y es la que hay que saber descartar. Ni el descubrimiento del error ni el requerimiento abren el período: el perceptor tuvo el dinero desde el pago.

El art. 78.1 descentraliza esta regulación: los ministros y los presidentes o directores de los organismos autónomos, previo informe de su Intervención Delegada, establecen en su ámbito las normas de los anticipos de caja fija, con los criterios generales de los gastos, los conceptos presupuestarios y los límites de cada uno. La opción del Ministro de Hacienda a propuesta de la Intervención General es la tentadora, porque ese es el reparto que la ley usa para otras normas comunes del gasto, pero aquí no. La Intervención informa, no regula, y el Consejo de Ministros no aparece en el artículo.