El segundo puesto o actividad en el sector público

El artículo 10 dice que, a falta de opción en el plazo, se entiende que se opta por el nuevo puesto y se pasa a la situación de excedencia voluntaria en el que se venía desempeñando. El silencio favorece al puesto nuevo, no al antiguo, y la ley no compara retribuciones. La excedencia forzosa es la de quien no puede reingresar por causas ajenas a su voluntad, como la supresión del puesto, y el artículo 10 dice expresamente «excedencia voluntaria».

El artículo 9 atribuye la autorización o la denegación de la compatibilidad para un segundo puesto público al órgano de la Administración a la que está adscrito el puesto principal: en una comunidad autónoma, a su órgano competente, y en una entidad local, al Pleno de la corporación. Aquí el principal es municipal, así que decide el Pleno. El órgano autonómico tienta porque la Administración del segundo puesto también interviene, pero no decide. El Alcalde y la Junta de Gobierno no son los órganos que la ley designa.

El artículo 7.1 incrementa la retribución del puesto principal, estimada en dedicación ordinaria, en un 30 por 100 para el grupo A, un 35 para el B, un 40 para el C, un 45 para el D y un 50 para el E, o personal de nivel equivalente. El porcentaje crece a medida que baja el grupo, de cinco en cinco puntos; la serie al revés es el distractor tentador. Los grupos son los de la ley: con la equivalencia de la disposición transitoria tercera del Estatuto Básico del Empleado Público, el A es hoy el A1, el B el A2, el C el C1, el D el C2 y el E las agrupaciones profesionales.

El artículo 8 dice que quien pertenece a un consejo de administración en representación del sector público solo puede percibir las dietas o indemnizaciones por asistir a sus reuniones, con la cuantía del régimen general de las Administraciones. Las cantidades devengadas por cualquier otro concepto, como esa asignación anual fija, las ingresa directamente la entidad o empresa en la Tesorería pública que corresponda: no pasan por el funcionario, ni siquiera para que las ingrese él después. Tampoco puede percibirlas con un tope ligado a sus dietas ni con una autorización de compatibilidad.

El artículo 3.2 hace incompatible el puesto en el sector público con la pensión de jubilación y la deja en suspenso por el tiempo que dure el desempeño del puesto, «sin que ello afecte a sus actualizaciones». Suspender no es extinguir: al cesar vuelve a cobrarla sin pedir una pensión nueva, y con las actualizaciones aprobadas entretanto. Congelarla en la cuantía de cuando se suspendió es la tentación, porque parece lógico que una pensión que no se cobra tampoco se actualice; la ley dice lo contrario. Tampoco prevé ninguna reducción por el tiempo en suspenso.

El artículo 3.1 dice que, en el supuesto de interés público, la actividad solo puede prestarse en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones de la legislación laboral. Son tres notas que van juntas y cada distractor cambia una: el régimen funcionarial tienta porque el puesto principal suele serlo, pero la segunda actividad no; el tiempo indefinido contradice la duración determinada, y dejar el régimen y la jornada al real decreto ignora que la ley ya los fija. El real decreto decide el supuesto, no cómo se presta.

El artículo 3.1 solo permite un segundo puesto o actividad en el sector público en los supuestos que la propia ley prevé: las funciones docente y sanitaria, los casos de los artículos 5 y 6 y los que, por razón de interés público, determinen el Consejo de Ministros por real decreto o el órgano de gobierno de la comunidad autónoma. Un puesto administrativo de tarde no encaja en los supuestos docente, sanitario ni en los de los artículos 5 y 6, y nada indica que un real decreto lo haya previsto por interés público. Que los horarios no se solapen no lo arregla, y es la tentación del caso: la autorización solo cabe dentro de un supuesto. La suma de jornadas no es el criterio de este artículo: sin un supuesto que lo permita, el segundo puesto no se autoriza aunque quepa en la jornada máxima. Y renunciar a una de las retribuciones tampoco sirve: la regla de la ley es el puesto único, y lo que excluye es desempeñar el segundo puesto, no solo cobrarlo.

El artículo 4.2 permite autorizar al personal docente e investigador de la universidad un segundo puesto sanitario o exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, dentro del área de especialidad de su departamento universitario y siempre que los dos puestos estén reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial. Que el segundo puesto sea de su misma universidad tienta porque copia el tiempo parcial, pero la ley habla de centros de investigación del sector público, no de la propia universidad. Que la suma de los dos quepa en la jornada ordinaria tampoco es la condición: lo que se exige es que los dos sean a tiempo parcial. Y el régimen laboral no es requisito de este supuesto.

El artículo 6.1 dice que la excepción se acredita por la asignación del encargo en concurso público o por requerir especiales calificaciones que solo tengan personas incluidas en el ámbito de la ley. Son las dos únicas vías y ninguna depende de la urgencia, de la conformidad de un superior ni del importe: el contrato menor es una figura de la contratación, no de las incompatibilidades. Lo que la ley busca es que el encargo no recaiga en el funcionario por serlo, sino por haber ganado un concurso o por no haber nadie de fuera que pueda hacerlo.

El artículo 7.2 dice que las pagas extraordinarias y las prestaciones de carácter familiar solo pueden percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su naturaleza. Las dos van en la misma frase y con la misma regla, así que separarlas tienta pero no se sostiene. No hay reparto proporcional a la jornada, y que los dos puestos sean de la misma Administración no cambia nada.

El artículo 7.1 pone como requisito que la cantidad total percibida por los dos puestos no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General. Los demás cargos de la lista tienen igual o más rango, y por eso tientan: la ley fija el techo en el Director General. Es uno de los dos topes del artículo; el otro se calcula sobre la retribución del puesto principal. La cuantía de cada año la fija la ley de presupuestos, no esta.

El artículo 5.1.a) permite, por excepción, compatibilizar el puesto con el cargo de miembro de una asamblea legislativa autonómica, pero con dos salvedades: que se perciban retribuciones periódicas por la función o que por las normas de la asamblea se establezca la incompatibilidad. Aquí falta la primera y se da la segunda, así que la excepción no alcanza. Quedarse en que no cobra retribuciones periódicas es mirar solo una de las dos salvedades; renunciar a las dietas no cambia nada, porque no son retribución periódica, y poder cumplir la jornada no es la condición que pone la ley.

El artículo 10 obliga a quien accede por cualquier título a un nuevo puesto del sector público incompatible con el que venía desempeñando a optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. La opción no espera a un requerimiento ni dura más allá de la toma de posesión: si se tomara posesión sin haber optado, se desempeñarían a la vez dos puestos incompatibles, que es lo que la ley quiere evitar. La publicación del nombramiento es anterior al plazo, no su final.

El artículo 3.1 exige para la segunda actividad una autorización de compatibilidad previa y expresa, que no supone modificar la jornada de trabajo ni el horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. La autorización presupone que los dos puestos se cumplen tal como están: no los reajusta ni recorta la jornada del principal, con descuento o sin él. La reducción de jornada con su descuento tienta porque existe en otras normas, pero no como forma de hacer compatible un segundo puesto.

El artículo 7.2 dice que los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computan a efectos de trienios ni de derechos pasivos, y que puede suspenderse la cotización a este último efecto. Los trienios y los derechos pasivos se generan una sola vez, en el puesto principal. Computar solo uno de los dos efectos parte la regla, y el cómputo proporcional a la jornada no está en la ley.

El artículo 7.1 permite superar los límites, en cómputo anual, pero exige en cada caso un acuerdo expreso del Gobierno, del órgano competente de la comunidad autónoma o del Pleno de la corporación local, basado en razones de especial interés para el servicio. En una entidad local es el Pleno, no el Alcalde. Los límites no se agotan al autorizar: se miden por año, mientras dura la compatibilidad. Y la ley no tiene un margen de tolerancia: cualquier exceso pide el acuerdo.

El artículo 5.2 exceptúa de la regla de una sola retribución a los miembros de las corporaciones locales con dedicación parcial: pueden cobrar por ella siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la Administración y sin superar los límites que se establezcan. Por eso la Administración y la corporación tienen que comunicarse la jornada y las retribuciones de cada una. Reducirle la jornada es justo lo contrario de lo que pide la ley, que parte de que el puesto se cumple entero; la renuncia a las asistencias y la mayoría del Pleno no son condiciones de este artículo.

El artículo 9 exige, además de la decisión del órgano del puesto principal, el informe previo y favorable del órgano de la Administración a la que está adscrito el segundo puesto. Si los dos son de la Administración del Estado, ese informe lo emite la Subsecretaría del departamento al que corresponde el segundo puesto. La del departamento del puesto principal es el distractor tentador porque también interviene, pero proponiendo la autorización, no informándola. La Intervención General y la Junta de Personal no tienen papel en este artículo.

El artículo 10 dice que, si los puestos son susceptibles de compatibilidad previa autorización, hay que instarla en los diez primeros días del plazo de toma de posesión, y que ese plazo se entiende prorrogado mientras recae la resolución. La prórroga es la pieza que hace funcionar la regla: sin ella, el plazo podría vencer antes de que se resuelva, y habría que optar sin saber si se puede compatibilizar. Los quince días tientan porque son una cifra habitual en los plazos de función pública, pero la ley da diez para instar la compatibilidad.

El artículo 4.1 permite autorizar la compatibilidad, cumplidas las demás exigencias de la ley, para un puesto docente como profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial. El tope lo pone la ley, no el contrato, y no admite el tiempo completo aunque los horarios no coincidan. La mitad de la jornada semanal tienta porque suena a límite de dedicación, pero no es el de este supuesto. La redacción vigente, de 2023, ya no exige además que el puesto de asociado sea de duración determinada.