Las competencias del municipio

La delegación tiene que ir acompañada de financiación, con dotación adecuada y suficiente en cada ejercicio, y sin ella es nula: no anulable ni suspendida. Lo que el mismo apartado prevé para el municipio es otra cosa: si la Comunidad Autónoma delegante incumple sus obligaciones financieras, puede compensarlas con lo que él le deba.

El apartado 5 persigue evitar duplicidades: la misma competencia no puede atribuirse a la vez al municipio y a otra Administración. Revocar es algo que la ley prevé para las competencias delegadas (art. 27), no para las propias, y la coordinación de la Diputación del art. 26.2 se refiere a servicios concretos, no a toda competencia propia.

La ley que atribuye competencias propias va con una memoria económica que refleja su impacto en los recursos de las Administraciones afectadas y el cumplimiento de la estabilidad, la sostenibilidad financiera y la eficiencia, y tiene que prever los recursos sin aumentar el gasto público. La aceptación del municipio es requisito de la delegación (art. 27.5), no de una ley que atribuye competencias propias.

El acceso a los núcleos de población está en la letra a) del art. 26.1, la de los servicios que deben prestar todos los municipios, junto al alumbrado, el cementerio, la recogida de residuos, la limpieza viaria, el agua potable, el alcantarillado y la pavimentación. Los escalones de 5.000, 20.000 y 50.000 habitantes suman otros servicios, pero este no depende de la población.

La lista del art. 26.2 es cerrada y tiene seis servicios: residuos, agua y aguas residuales, limpieza viaria, acceso a los núcleos, pavimentación y alumbrado. El cementerio es servicio obligatorio en todos los municipios (art. 26.1.a), pero no está entre los que coordina la Diputación: esa coincidencia parcial entre las dos listas es la que confunde.

La letra q), que añadió la Ley 4/2026 con efectos desde el 23 de octubre de 2026, habla de promover actuaciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Reconocer el grado de discapacidad, conceder prestaciones o gestionar centros de titularidad autonómica no figuran en la lista: el verbo de la letra es promover, no gestionar ni conceder.

El transporte colectivo urbano de viajeros está en el último escalón del art. 26.1, el de más de 50.000 habitantes, junto al medio ambiente urbano. Que el art. 25.2.g) lo cuente entre las competencias propias no lo convierte en servicio obligatorio: son dos ejes distintos, y un municipio puede tener la competencia sin estar obligado a prestar el servicio.

El apartado 6, que añadió el Real Decreto-ley 6/2023, aplica el principio de diferenciación: antes de atribuir una competencia se pondera la capacidad de gestión de la entidad local, y esa ponderación queda en la motivación del instrumento que la atribuye. La población tienta porque el art. 26 escalona los servicios por habitantes, pero el 25.6 no la menciona.

Si la Diputación presta el servicio, la tasa va a ella. La primera opción tienta porque el mismo párrafo dice que la Diputación repercute a los municipios el coste efectivo del servicio según su uso, pero, si el servicio se financia con una tasa, la ley la destina a la Diputación que lo presta, no al municipio.

La delegación fija su alcance, contenido, condiciones y duración, y esta no puede ser inferior a cinco años. Cuatro años tienta porque es la duración del mandato de los concejales, que la Ley 7/1985 deja a la legislación electoral (art. 73.1); la delegación no puede bajar de cinco.

La letra n) se ciñe a los edificios de educación infantil, primaria y especial. La secundaria no está, aunque sea obligatoria: tienta porque la misma letra encarga al municipio participar en la vigilancia de la escolaridad obligatoria, que es otra cosa que conservar el edificio.

El art. 28, al que el Real Decreto-ley 6/2023 devolvió contenido, deja la decisión a la Comunidad Autónoma, conforme a su legislación de régimen local, y exige siempre la conformidad previa del municipio y el informe de las entidades locales afectadas. La Diputación puede informar como entidad afectada, pero no decide, y el Estado no interviene.

La biblioteca pública es de la letra b): obligatoria por encima de 5.000 habitantes, así que la debe el de 8.000 y no el de 4.000. El alcantarillado lo deben prestar los dos, porque es de todos los municipios; la protección civil y las instalaciones deportivas de uso público son del escalón de más de 20.000, así que no las debe ninguno de los dos.

La protección del medio natural es la letra b) del art. 27.3. Las otras tres no están en la lista del art. 27.3: son materias de la lista de competencias propias del art. 25.2 (letras f, i y c). Ojo con el medio ambiente: el urbano es competencia propia (25.2.b) y el natural, delegable.

El art. 26.2 admite dos formas: la prestación directa por la Diputación o la gestión compartida mediante consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. No obliga a conceder el servicio a una empresa, no lo traslada a la Comunidad Autónoma y no fusiona municipios, que es una alteración de términos con su propio procedimiento.